Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

Imagen referencial: protesta contra las ejecuciones y abusos durante el toque de queda

Estamos ante una nueva ola de ejecuciones policiales. En lo que va de semana, el trabajador José Eduardo Peña, de 21 años, fue ejecutado en Manoguayabo, por un agente de la Digesett. Un video muestra que fue ejecutado por la espalda. En Santiago, el comerciante Antonio Rodríguez, fue asesinado en su casa, en horas de la madrugada por agentes policiales. Familiares denuncian que agentes del DICRIM más tarde ingresaron a la vivienda a robar y eliminar evidencias. En Los Guandules, Wilkin Medina fue ejecutado por miembros de la PN. Seis personas también fueron ejecutadas en Los Alcarrizos. Según testimonios de vecinos, una de las víctimas pidió de rodillas por su vida antes de ser ejecutada. Denuncian que otra de las víctimas, Raudy Eliezer Soriano, fue al hospital Vinicio Calventi para averiguar por las personas baleadas por la PN y también lo asesinaron. La madre de Jeffrey Rosa, indica que llevaba 13 años parapléjico y no podía haber disparado a los policías. La madre de Jonathan Tatis indica que trabajaba en el Sistema de Emergencias 911 y acababa de llegar de su trabajo al ser ejecutado. Otros vecinos denuncian que la PN cobra un “peaje” por la venta de drogas en el sector. Todas estas denuncias ameritan una investigación independiente y configuran un patrón de violación de los derechos humanos cuyo responsable es el gobierno.

El esquema de los asesinatos mediante “intercambios de disparos” es utilizado para encubrir las ejecuciones de la PN. De manera sistemática se emplea la versión prefabricada de personas que al “notar” la presencia policial arremeten a tiros contra las patrullas y fallecen en intercambios de disparos. Versiones de prensa atribuyen a la CNDH estadísticas escalofriantes: 135 ejecuciones extrajudiciales por parte de la PN y las Fuerzas Armadas en 2022 y 3545 personas muertas por los cuerpos represivos entre 2018 y 2022.

Una investigación de CONNECTAS estableció que entre 2004 y 2019, según cifras oficiales, fueron asesinadas por policías y militares más de 3 mil personas. Esa política de Estado se ha profundizado bajo el gobierno actual.

El gobierno es responsable de la actual ola de ejecuciones

Ante el fracaso de la política social, con el consiguiente aumento de la pobreza y la desigualdad, en las últimas semanas el gobierno empezó a resentir las denuncias sobre el auge de la criminalidad. El 19 de noviembre, Abinader asumió una pose de “mano dura”, llamando a los “delincuentes” a “entregarse… o serán enfrentados en cualquier terreno”. Debió limitarse al terreno de la ley, pero explícitamente habilitó la utilización del terreno de la ejecución extrajudicial al hablar de “cualquier terreno”.

Ya habían fracasado medidas improvisadas, como una prohibición de venta de alcohol a partir de la medianoche en la provincia Santo Domingo, dictada el 7 de noviembre y levantada posteriormente. En la reunión del 23 de noviembre, el Consejo Superior Policial, encabezado por Abinader, reiteró la línea de “mano dura”. El 29 de noviembre, Abinader se quejó de que las leyes dominicanas eran “demasiado garantistas”, en vez de reconocer que la exclusión, marginación y desigualdad dejan a miles de jóvenes con la emigración y la incorporación a círculos mafiosos como algunas de sus pocas opciones de supervivencia. 

Se anunció una estrategia de “patrullaje por cuadrantes”, a iniciar el 2 de diciembre, y desde el 5 de diciembre un patrullaje conjunto policial-militar. Sobre la fracasada reforma policial, dijo que seguía “en proceso”. Desde su programa electoral, Abinader se había comprometido con la orientación de Rudolph Giuliani, recordado como alcalde de Nueva York por políticas racistas y de criminalización de la pobreza. En su primer año de gobierno, Abinader dio continuidad a la política del toque de queda, que se tradujo en un auge de la corrupción y la brutalidad policial. En marzo de 2021, el gobierno anunció una supuesta «reforma policial», como respuesta a la indignación nacional por la ejecución policial de los esposos Joel Díaz y Elizabeth Muñoz en Villa Altagracia. Se nombró una comisión para esa «reforma», encabezada por FINJUS, que ya había diseñado reformas fracasadas en gobiernos del PLD.

De nada valió que el Mayor del Ejército y ex directivo de Politur, Raúl Girón, en su juicio por corrupción en mayo 2021 admitiera que la PN es una institución en la que negarse a participar en la corrupción “trae consecuencias”. Y donde “si nos ordenan matar, matamos, y si nos ordenan robar, robamos”. FINJUS admitió que el objetivo era «fortalecer» a la Policía Nacional (PN), no desmontar esa estructura criminal.

Después de que, a fines de 2021, la arquitecta Leslie Rosado fuera ejecutada, el gobierno anunció que continuaría asesorándose con las policías más sanguinarias y corruptas de la región, como las de Chile y Colombia. Los crímenes de la PN continuaron. Este año fue brutalmente asesinado David de los Santos. Nuevamente cobraron fuerza las exigencias de disolver la PN, pero el gobierno siguió comprometido con esa estructura mafiosa. Recientemente, hasta el propio comisionado ejecutivo para la reforma policial, José Vila, admitió que la PN era sistemáticamente corrupta.

Derrotemos la política neotrujillista

Como el monstruo marino de la mitología griega llamado Hidra, la política represiva neotrujillista tiene varias cabezas. Hay un intento de limpieza étnica contra la comunidad inmigrante haitiana, estigmatizada con discursos oficiales de odio racial. Esta política conlleva la legitimación de los allanamientos sin orden judicial generalizados, los desalojos masivos contra comunidades pobres y también las torturas y las ejecuciones extrajudiciales. Esta orientación se extiende a los barrios pobres, castigando a las personas dominicanas empobrecidas, excluidas y explotadas por la clase dominante, pero nunca se aplica a los ladrones de cuello blanco. Finalmente, el gobierno apuntala sus pactos con el conservadurismo religioso, misógino y homófobo.

La derecha retrógrada y antidemocrática se envalentona y aplaude al nuevo «Jefe» por esa política represiva. Envalentonados por Abinader, atacan como perros rabiosos a la CNDH o a cualquiera que rechace las violaciones de los derechos humanos. Entendemos que hay personas en los barrios que, hastiadas de la delincuencia, ese subproducto del injusto y marginador sistema capitalista, justifican los crímenes de la policía. Pero es fundamental entender que esa política, aplicada desde hace décadas, nunca ha acabado con la delincuencia. Su único resultado ha sido, siempre, la degradación de los derechos democráticos de toda la clase trabajadora. Así fue con Trujillo desde que se creó la PN, así fue con Balaguer, con el PLD y ahora con Abinader.

Por eso decimos: ¡Basta de ejecuciones policiales! ¡Basta de allanamientos sin orden judicial y detenciones arbitrarias! ¡Basta de agentes con rostro cubierto delinquiendo y extorsión policial! ¡Basta de perfilamiento racial! ¡Investigación independiente de los crímenes policiales! ¡Disolución de la PN! ¡Movilicémonos contra la política neotrujillista de Abinader!