Organizaciones y personalidades

(Foto: Protesta contra el abuso policial en Capotillo, junio 2020)

El Senado aprobó por unanimidad el 16 de febrero una nueva solicitud de extensión del Estado de emergencia que habilita al gobierno para continuar aplicando el toque de queda. Las medidas represivas extraordinarias del gobierno quedan habilitadas desde el 2 de marzo por 45 días más, hasta mediados de abril. Sigue existiendo un consenso entre el gobierno y los partidos que se proclaman opositores sobre la extensión del toque de queda, iniciado el 20 de marzo de 2020 por el gobierno de Danilo Medina y continuado por el gobierno de Luis Abinader. Pero, ¿cuál es el balance para los sectores populares de esa política un año después?

El balance es represión, abuso policial, corrupción y el aumento acelerado de los contagios de covid19. El gobierno no ha publicado cifras de los asesinatos llevados a cabo por los cuerpos policiales y militares durante los horarios de toque de queda, aunque están ampliamente documentados en la prensa y las redes sociales. Se trata de centenares, quizás miles, de personas que han resultado heridas o asesinadas como parte de esta política represiva.

La propia Policía Nacional divulga las cifras de las detenciones que lleva a cabo diariamente en ese horario por concepto de violación del toque de queda. Recientemente abogados de diferentes tendencias han llamado la atención sobre la inexistencia de una base legal para estas detenciones. Estamos entonces ante un operativo de detenciones masivas arbitrarias. Según las propias cifras de la Policía Nacional, son alrededor de 280 mil detenciones desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 2 de marzo de 2021. Contrastando con esta cifra espeluznante, apenas se han diagnosticado 240 mil contagios de covid19. La verdadera cifra de contagios es mayor, pero los gobiernos de Medina y Abinader la han encubierto al obstaculizar el acceso de la población a las pruebas de detección del virus.

La represión y el abuso policial se han concentrado en los barrios populares, donde viven la mayoría de las víctimas de esta política. Pero ya los agentes represivos se encuentran a tal punto cubiertos de impunidad que empiezan a arremeter contra trabajadores de servicios de delivery, contra personal médico y otras personas que tienen permiso para circular durante el horario de toque de queda, o incursionan en zonas turísticas para llevarse detenidas a personas que alquilan alojamientos familiares. Este desbordamiento de unos cuerpos represivos envalentonados por casi un año de Estado de excepción en el que han podido ejercer el poder de manera arbitraria, ha agotado la paciencia del pueblo. Hasta el gremio médico se ha visto forzado a convocar protestas contra el abuso policial.

Paralelamente a la represión corren la extorsión y la corrupción. Si bien las multas que vienen cobrando los agentes policiales y fiscales también son cuestionadas por su ilegalidad, lo más escandaloso es que el dinero recaudado ha desaparecido. La Procuraduría General de la República (PGR) informó el 11 de enero que desde el inicio del toque de queda hasta ese momento se había recaudado RD$92 millones. Pero para ese momento ya las detenciones superaban las 200 mil. Si a cada detenido se le cobró mil pesos de multa, ya eso representa más de doscientos millones de pesos. Es sabido que a algunos detenidos se les ha cobrado hasta el doble de ese monto y que las personas detenidas circulando en vehículos se les ha cobrado montos incluso superiores. Y en la cifra publicada por la PGR se incluyen las muy elevadas multas a comercios y empresas. De tal forma que han desaparecido misteriosamente cientos de millones de pesos. A esa corrupción hay que sumar la que ocurre cuando una persona es interceptada y se le permite evadir la detención a cambio de dinero.

No hay una oposición real en la Cámara de Diputados ni en el Senado que haga valer estos argumentos para votar en contra de la extensión del Estado de emergencia. Pero podemos construir una oposición extraparlamentaria que defienda los derechos democráticos del pueblo dominicano, que se oponga al toque de queda que ha representado represión y corrupción y que exija verdaderas medidas de salud pública para atender la crisis sanitaria producto de la pandemia, así como políticas sociales para paliar la grave crisis económica que enfrenta el pueblo trabajador.

Las organizaciones y personas firmantes de esta declaración exigimos:

1.- Que se investiguen los asesinatos, lesiones y detenciones perpetrados por los cuerpos represivos durante el toque de queda, se condene a los responsables y se indemnice a las víctimas. Como no confiamos en que el propio gobierno o el Congreso puedan llevar a cabo esta tarea, creemos necesario que como primer paso se constituya una comisión de la verdad, con la participación de las víctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos y la PGR.
2- Que la PGR abra una investigación sobre la corrupción en el cobro y manejo del dinero de las multas relacionadas con el toque de queda y que lleve a juicio a los principales responsables, recuperando el dinero y devolviéndolo a las víctimas o invirtiéndolo en la salud pública.
3.- Que se recorte el presupuesto represivo y se invierta en la salud pública, para garantizar el acceso a pruebas de detección del covid19, vacunas y tratamientos para todos y todas sin discriminación.

Firman:

Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST)

Mujeres Socio Políticas Mamá Tingó

Junta de Prietas

Afritude

Reconoci.do

Grupo Comunitario para el Desarrollo Juvenil (DC)

We Are All Dominican / Todxs Somos Dominicanxs

HaitianosRD

Trans Siempre Amigas (TRANSSA)

Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos

Núcleo Socialista (EEUU)

Amado Eliezer Alcántara, médico

Anny Samir Guzmán, profesora

Belkis Espinal, periodista

Canek Denis, teatrista

Cynthia Navarro

Emmanuel Santos, activista

Fátima González, politóloga y feminista

Ingrid Luciano, docente y teatrista

Ivanova Veras de Jesús, psicóloga e investigadora

José Emilio Bencosme Zayas, teatrista

Michelle Ricardo, artista

Roberto Espinal, médico

Matías Bosch Carcuro, investigador

Octavio Alberto Peña Martínez (Club Deportivo y Cultural Francisco Cuevas)

Paula Bussi, artista

Tasmy Gómez, feminista y defensora de derechos humanos

Thaís Espaillat Ureña, artista

Yania Concepción, psicóloga y educadora