Lucía Matos

Foto: Policía Nacional ataca protesta contra la corrupción el 24 de noviembre de 2015

Primera parte y tercera parte

El asesinato de los esposos Joel Díaz y Elizabeth Muñoz en Villa Altagracia no es un caso aislado, sino parte de un patrón sistemático de ejecuciones. Es parte del funcionamiento corriente de los cuerpos policiales y militares con códigos y protocolos consolidados, y quienes participan en estas prácticas suelen recibir recompensas en ascensos y prestigio.  A la impunidad y la tradición represiva heredada de los períodos dictatoriales del trujillismo y el balaguerismo, que tuvo continuidad incluso en la permanencia de sus integrantes de la estructura militar y policial del período de la democracia burguesa, se suma el envalentonamiento de los funcionarios policiales y militares por el poder que les han brindado los gobiernos de Medina y Abinader con la implementación del Estado de Emergencia y el toque de queda.

La pandemia del covid19 ha sido el escenario de un crecimiento de la brutalidad policial y la corrupción. Casos como el asesinato del joven Wildy Jiménez Montero en el barrio 27 de Febrero de la capital por parte de un militar, o el asesinato de la niña Diana Batista por parte de la Policía Nacional, se multiplicaron al amparo de la impunidad brindada por los gobiernos del PLD y el PRM, incluyendo la supuesta “justicia independiente” de este último. Desde el inicio del toque de queda ha habido más detenciones reportadas oficialmente que casos de covid19 contabilizados. El dinero de las multas cobradas a personas detenidas y locales comerciales se perdió entre las manos de los agentes policiales corruptos. Estos abusos se sumaron a las habituales actividades policiales de extorsión a inmigrantes haitianos y participación en redes de narcotráfico que han llevado a la policía dominicana a ser una de las más repudiadas de la región, con más del 60% de la población identificando a los agentes policiales con la actividad criminal, según un estudio del año 2017.

Si hubiera una verdadera intención de realizar una reforma policial para al menos disminuir la escala de la corrupción, la brutalidad, la discriminación racista, las ejecuciones extrajudiciales y el sicariato ejercido por agentes policiales, las autoridades abrirían una investigación sobre los abusos cometidos en el marco del Estado de emergencia y el toque de queda. No lo han hecho ni lo harán, a menos que se haga valer esa exigencia masivamente en las calles.

Policía Nacional, una banda criminal

La Policía Nacional cuenta con una nómina de más de 38 mil miembros actualmente, aproximadamente el doble de los miembros que tenía la institución hace treinta años. Es prácticamente un ejército, funciona por fuera del control civil, con un presupuesto cuantioso que incluye la compra de armamento de guerra. Es un aparato inflado artificialmente para la corrupción. El propio ministro de Interior y Policía admitió el 13 de mayo ante el Senado que de 717 cuarteles policiales que hay en el país, 202 “no sirven para nada” (ver el minuto 1:56:00 del video). La intención de la comisión de Abinader de fortalecer aún más a la Policía Nacional demuestra que la supuesta reforma policial apunta en la dirección contraria a las necesidades del pueblo dominicano y es una verdadera amenaza a nuestros derechos democráticos.

Al no haberse realizado nunca un proceso de verdad y justicia para castigar a los represores del trujillismo y el balaguerismo, las estructuras represivas policiales y militares continuaron empleando los métodos de esos tenebrosos períodos. El general retirado Juan Tomás Taveras ha reconocido que existe incluso una clave de radio para ordenar ejecuciones: 1-29. Según la investigación periodística Patrulla Letal, entre 2005 y el primer trimestre de 2019 fueron asesinadas 3,754 personas por parte de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la DNCD.

En el caso de los esposos asesinados en Villa Altagracia, ha sido incriminado el coronel César Maríñez Lora, quien habría ordenado la ejecución extrajudicial. Los agentes a sus órdenes confundieron el vehículo de los esposos asesinados con el de las personas que planeaban asesinar. Pero muchos otros casos, al no recibir tanta atención mediática, no se han investigado más a fondo y se impone la versión oficial de muertes en supuestos enfrentamientos. También ocurren casos terribles como el del periodista Andrés Estrella, quien apareció muerto luego de denunciar hechos de corrupción y prácticas de esclavismo en perjuicio de trabajadores inmigrantes haitianos por parte del coronel José Claudio Poche Valdez, director regional del Comando Cibao-Sur de Bonao. La versión policial fue que se había suicidado, aunque el Movimiento Marcelino Vega aseguró que era un asesinato y exigió una investigación. La supuesta «justicia independiente», de la que tanto habla Abinader, no ha intentado esclarecer el crimen.

Los casos de asesinatos y linchamientos de trabajadores inmigrantes haitianos por lo general no se investigan, debido a la complicidad policial. La base de datos de 1,923 personas asesinadas por cuerpos policiales y militares desde 2004, compilada en el reportaje “Patrulla Letal” da cuenta de que 241 víctimas ni siquiera han sido identificadas.

Mientras todos estos crímenes se mantengan en la impunidad es evidente que la complicidad del gobierno y el sistema judicial con los agentes represivos sigue en pie. La ausencia de justicia es la demostración más clara de que el gobierno miente descaradamente.