Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

Foto: Abinader y Yáñez

El presidente Abinader se reunió con una delegación de Carabineros de Chile, encabezada por su general director Ricardo Yáñez Reveco, el 5 de enero en el Palacio Nacional. El ministro del Interior, “Chú” Vásquez, anunció que los Carabineros asesorarán la reforma policial y alegó que gozan de “reconocimiento internacional”. Rechazamos este nuevo convenio con cuerpos policiales asesinos y corruptos, no solo de Chile sino también de Colombia y el Estado español. Estos acuerdos evidencian que el gobierno de Abinader no tiene ningún interés en poner fin a la corrupción, la brutalidad y las ejecuciones extrajudiciales que caracterizan a la Policía Nacional.

El pueblo dominicano debe saber que Yáñez, fue imputado en abril de 2021 por delitos de lesa humanidad perpetrados durante el estallido social de 2019 en Chile. Era jefe de la Dirección de Orden Público durante la represión, en la que asesinaron alrededor de veinte personas, realizaron más de seis mil detenciones arbitrarias e hirieron a más de tres mil personas, muchas de ellas mutiladas por disparos de perdigones y balas de goma que arrancaron los ojos a sus víctimas. Además, realizaron torturas y violaciones sexuales. Cínicamente, Yáñez, al ser interpelado por periodistas en Santo Domingo, dijo que el uso excesivo de la fuerza es un “problema global”.

La visita de Carabineros generó estupefacción en Chile, donde actualmente la Convención Constituyente está discutiendo eliminar la institución y sustituirla por una policía civil, mientras que el pinochetismo se opone a la eliminación de los Carabineros. En medio de ese debate, el aval de Abinader se convierte en un respaldo político a una institución podrida.

Los Carabineros fueron un soporte importante de la dictadura de Pinochet entre 1973 y 1990. Además de los crímenes cometidos en 2019 durante el estallido social, cuando el apoyo a la institución cayó a alrededor del 15%, Carabineros acumula una serie de escándalos recientes, entre ellos el “Pacogate”, en el que se robaron decenas de millones de dólares, por el que fueron enjuiciados 136 policías, incluyendo un ex general.

La tradición de realizar montajes para criminalizar al pueblo indígena mapuche quedó en evidencia con el escándalo de la “Operación Huracán”, en 2017. Se demostró que Carabineros fabricó pruebas para incriminar a ocho comuneros mapuche. Un año después, Carabineros asesinaron al comunero mapuche Camilo Catrillanca, e intentaron sabotear la investigación para proteger a los asesinos.

Abinader también ha procurado la asesoría de otras instituciones con un amplio prontuario criminal. En octubre de 2021, luego del asesinato policial de Leslie Rosado, el gobierno dijo que “aceleraría” la reforma y realizó un seminario internacional con participación de policías y militares de Colombia, Honduras, Paraguay, Estado español, Canadá, Chile, Panamá, Kenia y Estados Unidos. Todas esas policías tienen un récord de corrupción y violación de los derechos humanos. En 2020 EEUU tuvo su mayor movimiento de protestas de los últimos 60 años, las protestas por el asesinato policial racista del que fue víctima George Floyd. Ello no impidió a Abinader buscar asesoría policial estadounidense. El asesor de Abinader en materia de seguridad en las campañas presidenciales de 2016 y 2020 fue Rudolph Giuliani, conocido por sus políticas de persecución racista contra las comunidades negras y latinas en Nueva York.

En septiembre de 2021, el ministro Vázquez viajó al Estado español y se reunió con el ministro del interior de ese país. Afirmó que “tanto la Policía española como la Guardia Civil son dos instituciones modelo en el mundo de lo que es la buena práctica policial”. Dos meses después, el director de la Policía Nacional de España, Francisco Pardo, visitó el país, invitado por Abinader. La realidad es muy distinta de como la pinta el ministro Vásquez. Según Amnistía Internacional, en el Estado español desde hace años las fuerzas represivas vienen ejecutando torturas y malos tratos que luego no se investigan ni se castigan y se registra un aumento de las torturas policiales con motivación racista.

Pero aún más grave es la asesoría colombiana. Desde hace décadas está ampliamente documentada la participación de policías y militares de ese país en la política paramilitar, el narcotráfico, miles de asesinatos de dirigentes sociales, masacres de jóvenes y campesinos, violaciones, torturas y desapariciones forzadas. El conflicto interno en Colombia dejó más de 260 mil muertos, en su mayoría civiles, y más de 80 mil desaparecidos, entre 1958 y 2018. En su enorme mayoría las fuerzas paramilitares de extrema derecha aliadas al Estado y los cuerpos represivos policiales y militares fueron los victimarios. A pesar de esta cruenta historia, en octubre el ministro del interior viajó a Bogotá a reunirse con autoridades militares y policiales y pactar su asesoría a la reforma policial, afirmando que los represores colombianos constituían un “referente mundial”. Sí son un referente mundial, pero de crímenes de lesa humanidad y corrupción.

El general Santoyo, el oficial policial de mayor rango extraditado a EEUU, confesó en 2012 que asesoró y apoyó la organización de grupos paramilitares terroristas de extrema derecha a cambio de sobornos. En el escándalo llamado “Poliwood” se reveló que la policía colombiana filmaba incidentes en un set de grabación para presentarlos como operativos reales. En septiembre de 2020, policías electrocutaron a muerte al abogado Javier Ordoñez en Bogotá, generando grandes protestas contra la brutalidad policial. En esas protestas, los policías asesinaron a 14 personas más e hirieron con armas de fuego a 58. Durante las protestas populares de 2021 se dieron miles de casos de brutalidad policial, con al menos 26 personas asesinadas y decenas de desaparecidos. La policía colombiana incluso homenajeó a la Alemania nazi en una Escuela de Policía del Valle del Cauca, el 18 de noviembre. La Policía y el Ejército de Colombia fueron las instituciones más corruptas de ese país en los años 2016-2020, según la organización Transparencia por Colombia. Dos tercios de la población colombiana repudiaba a la policía en una encuesta a mediados de 2021.

La reforma policial es una farsa

La supuesta reforma de Abinader se anunció luego del asesinato de los esposos Joel Díaz y Elizabeth Muñoz en Villa Altagracia a fines de marzo de 2021. El 13 de diciembre se anunció el informe de la comisión presidencial, encabezada por Servio Tulio Castaños, de FINJUS, con sus recomendaciones para la reforma. FINJUS ya encabezó la fracasada reforma policial de 2015. Castaños admitió al presentar el informe que no se consultó a la sociedad sus opiniones y sus exigencias, sino que “el diagnóstico se construyó con los propios miembros de la institución”.

Mientras no se tomen en cuenta las opiniones de la sociedad, especialmente de las miles de víctimas de la brutalidad policial, mientras no haya justicia y no se disminuya el poder de la institución represiva, no se podrá hablar de ninguna verdadera reforma policial. El carácter de la institución quedó al desnudo cuando el jefe policial y mayor del ejército Raúl Girón, admitió el 7 de mayo de 2021 ante los tribunales que “si nos ordenan matar, matamos, y si nos ordenan robar, robamos”. Las asesorías por parte de policías asesinas y corruptas de otros países solo reforzarán el carácter criminal de la Policía Nacional. Repudiemos desde el movimiento popular y las organizaciones de la clase trabajadora esta falsa reforma de Abinader. Exijamos que se desmilitarice la policía, que se recorte el presupuesto represivo, y que verdaderamente se ponga fin a la impunidad, la corrupción policial y las ejecuciones extrajudiciales.