Lucía Matos

Foto: Listín Diario, 29 de octubre de 2018, represión en El Cibao

El 22 de marzo, el presidente Abinader presentó con bombos y platillos su Plan de Seguridad Ciudadana, cuyo programa bandera era la recompra de armas y el pago de bonos para policías y militares que decomisen armas a civiles. Apenas ocho días después, un grupo de policías asesinaron a los esposos Joel Díaz y Elizabeth Muñoz en Villa Altagracia. El hecho tuvo mucha repercusión en los medios y generó un gran repudio popular. Arrinconado, el gobierno anunció una reforma policial. Como veremos, no hay razones para ser optimistas sobre el improvisado anuncio.

En primer lugar, el gobierno no destituyó al ministro de Interior y Policía ni al director de la Policía Nacional. Recordemos que en enero de este año el mayor general Edward Sánchez amenazaba con perseguir a quienes publicaran en las redes sociales imágenes de abuso policial. ¿Qué mensaje envía el gobierno al mantenerlo en la dirección de la institución que supuestamente va a reformar? Pues que en este caso también se trata de un «cambio» para que nada cambie.

Se nombró una comisión de 21 miembros que en el plazo de un año debe elaborar propuestas de políticas públicas y reglamentos. El presidente de la comisión es Servio Tulio Castaños, de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), quien ya participó en la fracasada reforma policial de 2015 que culminó con la aprobación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Dados sus vínculos con la institución represiva, no es extraño que haya declarado que “el objetivo del informe que emita la comisión es fortalecer la Policía Nacional”. Otros miembros de la comisión son Pedro Brache, presidente del Conep; Celso Marranzini, presidente de la Asociación de Industrias; Francisco Ozoria, arzobispo de Santo Domingo y Fausto Mejía, obispo de San Francisco de Macorís, el pastor evangélico Fidel Lorenzo. Mientras abundan los capitalistas y religiosos en la comisión, no hay representantes de las víctimas de la brutalidad policial.

Una corporación criminal

Los gobiernos de Hipólito Mejía y Danilo Medina aprobaron leyes referidas a la institución policial en 2004 y 2016, manteniendo intacto su carácter militarizado y de corporación criminal, tal y como quedó evidenciado en el testimonio del mayor del Ejército Raúl Girón, el 7 de mayo de este año, ante el tribunal que lo juzga por corrupción. Girón reveló que los fraudes con las nóminas y las ventas de ascensos son prácticas sistemáticas en todos los cuerpos policiales y militares, incluyendo Cestur, Digesett, CUSEP y Policía Nacional. Explicó que los militares y policías no pueden negarse a participar en las redes de corrupción, porque negarse “trae consecuencias”. “Si nos ordenan matar, matamos, y si nos ordenan robar, robamos”, admitió.

Girón reconoció que además del altísimo grado de impunidad del que gozan los militares, si se les llega a condenar de algún delito van a cárceles militares con aire acondicionado, computadora, celular, salidas sin control, en mejores condiciones que aquellas en las que viven muchos trabajadores dominicanos.

En ese marco, es evidente que de nada servirá que la comisión de Abinader proponga algunos reglamentos y políticas consensuadas con los actuales representantes de las instituciones represivas.

El rol de Giuliani y EEUU

Mientras se cumplía otro aniversario de la invasión estadounidense de 1965, el 28 de abril Abinader firmó un acuerdo de 6.6 millones de dólares con el gobierno de EEUU para el financiamiento de la reforma policial. Históricamente, la subordinación de nuestro país a los EEUU ha sido uno de los elementos que han determinado el carácter de la Policía Nacional, cuyos antecesores directos son la Guardia Nacional, creada en 1917 durante la primera ocupación estadounidense, y la Fuerza Nacional de Policía, creada por la dictadura trujillista en 1936. Los esbirros trujillistas que se destacaron en su colaboración con los yanquis durante la segunda invasión a nuestro país, pasaron a ser los jefes de la represión balaguerista durante la dictadura de los doce años. No fue por error o casualidad que el gobierno, a través del ministro de la Defensa, haya homenajeado al fundador de la Banda colorá, Pérez y Pérez, elogiando su “exitoso legado militar”. Otro de los hitos represivos de la Policía Nacional fue el aplastamiento sangriento de las protestas populares de abril de 1984, durante un gobierno del PRD, antecesor del PRM, para imponer las medidas económicas del FMI.

Pero no solo es necesario repudiar que EEUU tutele la reforma por su rol histórico de opresión contra nuestro pueblo y su complicidad con los peores crímenes de las fuerzas policiales, a las que frecuentemente entrenó y financió. Además de ello, actualmente las comunidades afroestadounidenses y la juventud en EEUU se moviliza contra la brutalidad policial y el racismo en ese país. Esas denuncias contra el modelo policial estadounidense demuestran que no debemos imitarlo.

Lamentablemente, Abinader incorpora a su política los lineamientos de uno de los representantes más asquerosos de la política represiva yanqui, el ex alcalde de Nueva York y abogado de Trump, Rudolph Giuliani.

Giuliani asesoró a Abinader en las campañas presidenciales dominicanas de 2016 y 2020, preparando documentos sobre el tema de la seguridad. El programa de gobierno presentado por Abinader durante la última campaña incluía un aumento presupuestario para CESFRONT, que hoy se refleja en la intención de construir un muro fronterizo multimillonario, promovía la hipervigilancia policial con la instalación de cámaras y dispositivos electrónicos en los barrios populares, así como una “saturación de la presencia policial” en las denominadas “zonas de impacto”. Según el propio Abinader, estos planes se vieron postergados debido a la pandemia y el desvío del esfuerzo represivo hacia la administración del toque de queda.

El supuesto éxito en materia de seguridad de Giuliani se basó una política de “tolerancia cero”: la hipercriminalización de faltas menores como tomar alcohol en la vía pública, con la detención masiva y sistemática de jóvenes, sobre todo de comunidades negras y latinas.

Una reforma policial bajo la influencia de la doctrina de la “tolerancia cero” significa más poder para las operaciones delincuenciales y represivas de la policía y los militares.

Segunda parte y tercera parte