Lucía Matos

Foto: Operativo represivo en Capotillo, octubre 2020

Primera parte y segunda parte

El objetivo político de la reforma policial de Abinader es, según sus propios promotores, fortalecer aún más a la Policía Nacional. Por eso la mayoría de los integrantes de la comisión presidencial para la reforma policial son miembros de los gremios empresariales y las iglesias. En el caso de la Iglesia Católica, fue notorio que poco después de la masacre de Villa Altagracia de marzo de este año, salió a la defensa de la Policía Nacional, llegando al extremo de plantear que sus miembros “deberían ser pagados y tratados como héroes”. En realidad, se trata de una institución que según varios de sus propios integrantes, como el general retirado Juan Tomás Taveras o el mayor Raúl Girón, tiene el carácter de una corporación criminal en la que la norma es: “Si nos ordenan matar, matamos, y si nos ordenan robar, robamos”.  En ella abundan sicarios como como Fernando de los Santos, alias “La Soga”, quien encabezó por años el autodenominado “Escuadrón de la muerte” en Santiago, y finalmente fue ejecutado para ocultar los vínculos de la institución con sus andanzas criminales.

Por ello, las comunidades populares, las víctimas de la brutalidad policial y sus familias, así como las organizaciones de derechos humanos, sindicales y de la izquierda debemos rechazar totalmente la farsa de la reforma. Y recomendar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos retirar a su representante de la comisión de Abinader para no legitimar su actuación.

Una verdadera iniciativa para limitar el poder de las instituciones represivas y atacar sus protocolos criminales comenzaría por destituir al ministro del Interior y Policía y al director de la Policía Nacional, nombrando en su lugar a civiles que no tengan ningún compromiso con los grupos de poder representados en esa institución. Una verdadera voluntad de cambio se expresaría de igual forma en un proceso de investigación de la corrupción y los abusos policiales cometidos en el marco del toque de queda, con la participación de representantes de las víctimas de la brutalidad policial, así como una auditoría independiente para detectar esquemas de robo como el confesado por el mayor Girón en el juicio por el Caso Coral.

Solo así se demostraría interés en reducir la escala de las operaciones criminales de las instituciones militares y policiales. Si realmente se quisiera dar con un diagnóstico correcto del problema, se daría amplias competencias a una Comisión de la Verdad Histórica independiente para documentar, con pleno acceso a todos los archivos policiales y militares, los crímenes represivos cometidos durante las dictaduras de Trujillo y Balaguer, así como en el período de la democracia burguesa. Ello permitiría establecer responsabilidades políticas por crímenes de lesa humanidad, hacer recomendaciones para investigaciones judiciales e identificar la persistencia de métodos policiales heredados de los períodos dictatoriales. Se daría un paso en la necesaria destrujillización del Estado, tarea democrática pendiente del pueblo dominicano. Además de todo esto, se apuntaría a reducir de manera importante el presupuesto represivo y el número de efectivos que la componen los cuerpos policiales y militares, limitando de esa manera el poder que tienen para imponer sus intereses corporativos.

Obviamente, ninguna de estas medidas está contemplada por el gobierno de Abinader ni por los sectores empresariales y eclesiásticos que integran la comisión para la reforma policial. Lo que es aún peor, ninguno de los partidos representados en el Congreso Nacional se opone a la reforma policial de Abinader o propone medidas como estas que señalamos.

Ello demuestra que ningún sector de la clase capitalista dominicana, ninguno de sus partidos, está interesado en realizar una verdadera reforma de contenido mínimamente democrático. La clase dominante considera, en el mejor de los casos, a las instituciones represivas policiales y militares, con todos sus vicios criminales y su corrupción, como un mal necesario para mantener a raya al pueblo, para sofocar sus demandas sociales cada vez que sea necesario. Como, por ejemplo, en la reciente represión a los pobladores de Yamasá que se oponen a la contaminación de sus tierras por parte de la transnacional canadiense Barrick Gold, o cuando los agentes represivos acompañan las acciones depredadoras del Consorcio Azucarero Central contra los campesinos en Barahona, o cada vez que policías vestidos de civil espían las marchas y concentraciones de los cañeros para intimidarlos. También la estructura corrupta y represiva de la Policía Nacional es aprovechada para la realización de acciones paramilitarizadas de desalojos y destrucciones arbitrarias de viviendas en sectores populares como La Victoria, en Santo Domingo Norte.

Los representantes de la comisión de Abinader dirán que quieren “modernizar” a la policía y que propondrán cambios para que comience a cumplir su papel de “proteger a la ciudadanía”. Pero, por una parte, ninguna policía o ejército en el marco de un Estado capitalista tiene la función de proteger al pueblo, son instituciones al servicio de la opresión y la explotación. Y por otra parte, en el caso particular del proyecto de reforma que impulsa el gobierno ni siquiera hay la intención de modificar las características más brutales y corruptas de las instituciones represivas de nuestro país.

En conclusión, la mejor manera de protegernos de la criminalidad, sea policial o de cualquier otro tipo, y de los abusos represivos, es con nuestra propia organización en los barrios, en las universidades, en los lugares de trabajo. Debemos oponernos a la farsa de la reforma policial, ya que es una reedición de las reformas de Danilo Medina e Hipólito Mejía, que para nada sirvieron. Pongamos en las calles nuestras exigencias contra la impunidad y la brutalidad policial, exijamos el levantamiento del toque de queda y un recorte presupuestario militar y policial para que el dinero que actualmente va para la represión se redirija a la inversión social, para salud y educación pública y de calidad. Que el dinero del muro fronterizo, otro foco de corrupción represiva, se reinvierta en la construcción y reparación de viviendas populares.

¡No a la reforma policial de Abinader!

¡Reducción del presupuesto de la policía!

¡Destitución del Ministro de Interior y Policía y del director de la Policía Nacional!

¡Basta de impunidad! ¡Investigación independiente del abuso policial con la participación de las víctimas!