La Voz de los Trabajadores

Foto: Orlando Barría

Las noticias son alarmantes. Voceros del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos han reconocido que los embalses del país han mermado por la sequía y rondan un 40% de su capacidad al iniciarse el mes de abril. A fines de marzo, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, reconoció que la sequía en curso es la peor desde 1997. Dijo que el gobierno tomaba “todas las medidas necesarias” para minimizar el impacto de la sequía en el suministro de agua para consumo humano y para la industria agropecuaria, sin explicar qué medidas se adoptaron y se limitó a llamar a la “paciencia” y a disminuir el consumo de agua en los hogares, sin tampoco dar recomendaciones específicas. Además reconoció que el fenómeno climático de “El Niño” podría alargar la sequía en los próximos meses. Sin embargo, la irracionalidad del gobierno empresarial en el manejo de la crisis es evidente e impide tener la menor confianza en los dichos del vocero Figueroa.

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), anunció a mediados de marzo una disminución del suministro de agua de 18.5 millones de galones a la zona del Gran Santo Domingo, un recorte del 5%, ante una caída del nivel de las principales represas y ríos que surten a la región. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), reconoció un deficit superior a los 27 millones de galones de agua diarios y anunció un aumento en el suministro vía camiones cisterna. El Ministerio de Agricultura anunció una racionalización del uso del agua para riego de cultivos, concentrándose el suministro en cultivos ya plantados, sin garantizarlo para nuevas siembras, aumentando la perforación de pozos en las zonas pecuarias más afectadas por la sequía.

El duro racionamiento a los barrios populares y las restricciones a la agricultura no son acompañados por medidas de protección de las fuentes de agua, severamente afectadas por la deforestación, los incendios, la destrucción de humedales para construir el muro fronterizo y la extracción de materiales de los lechos de los ríos, actividades depredadoras que son realizadas por el propio gobierno o cuentan con su complicidad.

En cuanto a la megaminería, no se anulan los proyectos de expansión de esta actividad que amenazan con destruir fuentes de agua y consumir enormes cantidades de este limitado recurso, por ejemplo en San Juan. Tampoco se adoptan medidas para restringir el uso de agua en la megaminería. La empresa canadiense Barrick Gold consume, tan solo en la mina de Pueblo Viejo, un promedio de entre 2,500 y 3,000 metros cúbicos de agua por hora, en otras palabras hasta 19 millones de galones por día. Aunque una fracción de estas aguas son reutilizadas por la industria, en el proceso se contaminan con sulfuros y óxidos.

La capacidad del gobierno de Abinader para humillar al pueblo trabajador parece no tener límites. Pocos días antes de que las autoridades lanzaran llamados a las personas a disminuir su consumo de agua, por ejemplo dejando de usar piscinas inflables durante el asueto de semana santa, los empresarios del proyecto “Punta Cana City Place” anunciaron el llenado de la piscina más grande del Caribe y Centro América, de 30 mil metros cuadrados, con una capacidad para 21 millones de galones de agua.

No se ha anunciado restricción alguna al suministro de agua a las tres decenas de campos de golf de los que disfruta la burguesía en el país. Según algunos cálculos, con un consumo de más de mil litros de agua al año por metro cuadrado de césped, un campo de 18 hoyos puede consumir tanta agua como entre 10 mil y 15 mil personas.

Desde mucho antes de la sequía el suministro de agua a los principales barrios de las ciudades dominicanas ya era muy restringido. La encuesta Enhogar de 2022 mostró que solo el 53% de los hogares recibe agua dentro de la vivienda, por medio de un acueducto. El 44.6% de los hogares reciben agua dos o tres días a la semana, por un promedio de 8.6 horas por semana. En las ciudades dominicanas 9 de cada 10 personas, y en las zonas rurales 7 de cada 10, dependen de comprar botellones para obtener agua potable. Dos terceras partes de los hogares dominicanos no tienen servicio de cloacas que permitan tratar las aguas residuales, lo que lleva a la contaminación de las aguas subterráneas.

La actual crisis coincide con los esfuerzos del gobierno por imponer una ley que privatizaría el agua, lo que ha generado un amplio rechazo de organizaciones ambientales y sindicales. La lucha por el derecho al suministro de agua ha sido desde hace años una de las reivindicaciones fundamentales del movimiento popular, tal y como se expresó en la marcha por el agua del año pasado en Santiago. La oposición a la depredación megaminera, maderera y grancera tiene como uno de sus argumentos centrales el hecho de que esas actividades depredadoras destruyen las fuentes de agua de las que depende el pueblo dominicano. La irracionalidad del gobierno en su afán de depredación ambiental sin límites y sus prioridades elitistas en la distribución del limitado recurso, amenazan con agravar peligrosamente la crisis de suministro de agua, en el marco de la intensificación de los eventos climáticos extremos como parte del proceso de calentamiento global capitalista.