La Voz de los Trabajadores

Los recientes escándalos ambientales y presupuestarios en torno a la construcción de la verja fronteriza confirman las advertencias que desde el año 2021 realizaron organizaciones de izquierda académicos y ambientalistas. La verja de Abinader es en rigor la ampliación del muro de Danilo Medina de 23 kilómetros entre Elías Piña y Jimaní, para alcanzar una extensión total de 187 kilómetros, casi la mitad de la frontera domínico-haitiana. La rendición de cuentas del Ministerio de Defensa reveló que contando con un nivel de ejecución de solo el 7.3% al finalizar el año 2022, ya el proyecto ha consumido más de RD$773.7 millones, el 44% del gasto total previsto, de RD$1,750 millones. Esto indica que el costo, ejecutado de forma secreta por supuestas razones de seguridad, será mucho mayor al inicialmente previsto.

La destrucción ecocida en la realización de esta obra también es una fuente de creciente consternación entre científicos, académicos y activistas. Un área de más de 30 mil metros cuadrados pertenecientes al Refugio de Vida Silvestre Laguna Saladilla, en el Municipio Pepillo Salcedo de Montecristi, fue destruida para extraer materiales para la carretera que corre a ambos lados del muro, a lo que se suman más de 6 mil metros cuadrados de manglar talados.

La zona comprende un frágil humedal protegido por una convención internacional. En 2022, el gobierno agregó a la lista de humedales de importancia internacional Ramsar a los Humedales de Montecristi y al Refugio de Vida Silvestre Laguna Redonda y Limón, mientras atentaba contra el humedal de la Laguna Saladilla para levantar el muro fronterizo. No existe evidencia de que haya flujo migratorio alguno atravesando los manglares afectados por el gobierno, pues estos constituyen una barrera natural.

La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas denunció a fines de febrero la destrucción de manglares y especies nativas de la zona. La Coalición explicó que la obra se realizaba sin la licencia ambiental correspondiente, en abierta violación de la Ley General de Medio Ambiente, de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas y la convención internacional RAMSAR sobre protección de humedales. Al cortar la fuente de agua al manglar del lado oriental del muro, se estaría cometiendo “un crimen ecológico que podría causar su desaparición”, a juicio de la Coalición.

El “Ministerio de Medio Ambiente y otras autoridades competentes han tenido pleno conocimiento de lo que viene ocurriendo desde hace meses, pero se han hecho de la vista gorda frente a este crimen ambiental bajo el argumento de que se trata de una obra del Estado, pasando por alto los mandatos de la Constitución y las leyes”, agregaron. La Comisión Ambiental y la Vicerrectoría de Extensión de la UASD también condenaron la destrucción del manglar.

La complicidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha sido total. El ministro Ceara Hatton admitió que no se hizo estudio de impacto ambiental para la obra. Pese a la inexistencia de estudios que lo avalen, el viceministro de áreas protegidas, Federico Franco, aseguró que “el flujo de agua en el humedal se está garantizando al 100%” e hizo apología de las decisiones tomadas por el Ministerio de Defensa a nombre de la “seguridad nacional”. El director general del Jardín Botánico Nacional, Pedro Suárez, también justificó el ecocidio a nombre de la seguridad nacional, afirmando que “vamos a tratar de tumbar la menor cantidad de manglares posible, pero de que hay que hacer el muro, hay que hacerlo”.

El Ministerio de Defensa también respondió a las graves denuncias admitiendo que “ha contado con el acompañamiento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales”. No es el único crimen ambiental reciente en la zona. El Parque Nacional Manglares de Estero Balsa sufrió en el año 2022, el vertido de agua contaminada y aceite, y en noviembre de 2022 se reportaron millones de animales marinos muertos en el mismo parque nacional.

El 10 de marzo de 2023, la comunidad de La Patilla en Dajabón levantó barricadas para impedir el tránsito de camiones, por tercera vez en pocas semanas, contra la contaminación provocada por la extracción y transporte de materiales para la construcción de la carretera que bordea la verja. La vía rural que conecta a la comunidad fue destruida por el tránsito de camiones de carga. La constante polvareda generada por los camiones también ha aumentado las afecciones respiratorias en la comunidad.

Los hechos dan la razón a quienes siempre se opusieron al muro de la vergüenza

Abinader introdujo el proyecto del muro fronterizo como parte de su acuerdo con el fallecido presidente haitiano Jovenel Moïse, en enero de 2021. El MST describió el proyecto como “el muro fronterizo que organizaciones fascistas han estado exigiendo y que tomó renovada inspiración en el muro ampliado por Trump en la frontera con México… ninguna tecnología puede impedir la corrupción de las autoridades fronterizas de ambos gobiernos… La costosa inversión en equipos de vigilancia distraerá recursos que se necesitan urgentemente para la inversión social y alimentará la corrupción”.

El 27 de febrero de ese año, en su discurso de rendición de cuentas, Abinader habló del muro como parte de una supuesta estrategia de protección de la integridad territorial. Nuevamente, el MST en su declaración titulada “Muro fronterizo, muro de la vergüenza”, denunció que el proyecto supone “una gigantesca operación, costosísima y permanente que cada año consumiría un enorme presupuesto de millones de dólares. Una verdadera locura cuando los principales barrios no cuentan con un suministro confiable de luz eléctrica y agua potable, la salud y la educación públicas están por el suelo debido a la desinversión, los salarios son miserables y no se garantiza el derecho a la seguridad social”. A esto agregó que la base ideológica del proyecto de verja es “la criminalización de la comunidad inmigrante, su estigmatización como supuesta acaparadora de los servicios públicos, como la salud, y de los empleos”.

En el artículo “La verja fronteriza es un robo al pueblo dominicano”, Fiodor Morán explicó que “(la) vinculación entre los flujos migratorios y una supuesta amenaza a la integridad territorial de República Dominicana es un peligroso ejercicio demagógico, de resonancias trujillistas, en un país que aún no ha establecido una conmemoración oficial de la Masacre del Perejil. Dicho crimen de lesa humanidad fue perpetrado bajo la misma premisa falsa que hoy asume Abinader, de que la inmigración amenaza la integridad territorial y la soberanía”.

En mayo se realizó en Santo Domingo una protesta unitaria de organizaciones sociales y de izquierda rechazando el muro y llamando a construir “puentes de justo intercambio comercial y solidaridad” entre República Dominicana y Haití.

En la declaración “Derrotemos la verja fronteriza”, de julio de 2021, el MST recordó que “el actual Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en el año 2014 declaraba que el muro terminará siendo un gran negocio que no resolverá nada (Twitter, 30/6/2014). Experiencias similares, por ejemplo el muro fronterizo entre EEUU y México, demuestran que este tipo de barreras no disminuyen los flujos migratorios… Por si fuera poco, el gobierno ha establecido mediante el decreto 276-1 del 26 de abril de este año, como de emergencia los gastos en diseño, construcción, ejecución, contratación de servicios, equipamiento y demás gastos relacionados con la verja fronteriza. Estos gastos quedan por fuera de la fiscalización ciudadana y parlamentaria, en tanto secreto de Estado. Se alega que esta decisión se ha adoptado por razones de seguridad nacional… Consideramos que la realización de estas inversiones millonarias a la sombra del secreto de Estado pone al descubierto el doble discurso del gobierno sobre la corrupción”.

Cuando, en febrero de 2022, Abinader realizó el “primer picazo” de la verja fronteriza en Dajabón, el MST emitió la declaración titulada “La verja fronteriza es corrupción, racismo y xenofobia”, denunciando “la decisión de hacer un ruido mediático para agitar el racismo y la xenofobia anti-haitiana es una maniobra para distraer a la opinión pública de las protestas populares en San Francisco de Macorís, Capotillo y otras regiones. El pueblo trabajador viene rechazando el aumento de los precios de los combustibles y los alimentos, la falta de empleos, el desastre de los servicios públicos, entre tantas calamidades que se sufren en los sectores más empobrecidos y marginados por este y los anteriores gobiernos”.

Comparando el gasto en el muro con la inversión necesaria para subsanar problemas ambientales agudos, el biólogo y divulgador Yohanan Núñez explicó en un artículo de febrero de 2022 que resolver la problemática del vertedero de Duquesa, que periódicamente se incendia intoxicando a la población de Santo Domingo, requeriría según cálculos del BID una inversión de alrededor de RD$226 millones, siete veces menos de lo presupuestado para la construcción del muro.

“Por esto nos sorprende, que a pesar de problemas tan estructurales que afronta la sociedad dominicana como es el manejo de los residuos que generamos, ignorando todos los demás puntos neurálgicos como la enorme tasa de embarazos adolescentes, la insalubridad, la desigualdad y el hacinamiento de miles de dominicanos y dominicanas, se decidan alojar 1,750 millones de pesos dominicanos para un muro fronterizo. En una zona donde la mayoría de sus habitantes ni siquiera cuenta con un sistema de alcantarillado regular. Sin hablar de que este muro va a impactar el ecosistema de miles de especies, y que va a irrumpir en el equilibrio ecológico de varias áreas protegidas importantes como el Parque Nacional Sierra de Bahoruco”, explicaba Núñez.

Pese a que los partidos representados en el Congreso no han hecho oposición a este proyecto, los hechos vienen dando la razón a quienes se manifestaron desde el primer momento en contra.