La Voz de los Trabajadores

El 3 de julio, más de cien activistas y representantes de alrededor de 60 organizaciones ambientalistas, sociales, comunitarias y de izquierda participaron en el Encuentro Nacional Ambiental, en el paraninfo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UASD. El encuentro tuvo como propósitos abrir un intercambio sobre las luchas que se libran en todo el país en defensa del ambiente, aportar a la elaboración de un diagnóstico del panorama de los conflictos originados por la depredación del ambiente, y avanzar hacia un programa reivindicativo general y un plan de lucha unificado.

Varios activistas denunciaron los intentos de privatizar el agua por parte del gobierno, incluyendo la Ley de Aguas discutida recientemente en el Congreso, enmarcada en la política privatizadora de las llamadas “alianzas público-privadas” y fideicomisos del gobierno. Asimismo se alertó que la ley de semillas actualmente bajo estudio profundizaría la dependencia del país respecto de las transnacionales imperialistas.

Habitantes del municipio Santiago Rodríguez repudiaron el decreto de Abinader para la construcción de la presa de Boca de los Ríos, por implicar el desplazamiento forzoso de cientos de familias, la inundación de tierras con vocación agrícola y ganadera, altamente productivas, y que para colmo no permitiría dotar de suministro de agua a la región, por su baja altitud. Proponen una ubicación diferente, sobre los 200 metros por encima del nivel del mar, para evitar los desalojos masivos y permitir que la obra proporcione agua a una población mucho mayor.

Activistas provenientes de todas las regiones del país denunciaron la depredación ambiental impulsada por el gobierno y sus socios capitalistas. Activistas de Bonao denunciaron el intento de construir una represa hidroeléctrica en el Río Masipedro en Bonao, proyecto en el que estaría implicado un senador de la zona; las altas emisiones contaminantes de la Falconbridge, cuyas chimeneas carecen de filtros adecuados; la extracción de materiales del lecho del Río Yuna, así como la deforestación en toda la provincia Monseñor Nouel y el contrabando nocturno de madera con la complicidad de las autoridades. En la Bahía de Ocoa y en San José de las Matas, también ha sido denunciada por largo tiempo la deforestación. El activismo de San José de las Matas denuncia que las reuniones con el gobierno no arrojan ningún resultado.

Activistas provenientes de distintas regiones coincidieron en la importancia de preservar las áreas protegidas ante la corrupción y la indolencia oficial. Los Saltos de Jima, Valle Nuevo y Los Haitises fueron algunos de los lugares mencionados. Se denunció que la reserva científica La Salcedoa sufre deforestación por parte de capitalistas ganaderos.

La megaminería aurífera también fue denunciada por sus devastadores efectos sobre los suelos, el agua y la salud de las personas y otras especies animales. Especial mención tuvieron las depredaciones realizadas por las transnacionales imperialistas canadienses Barrick Gold, cuyo intento de construir una presa de cola en Yamasá ha sido derrotado; Goldquest, con actividades en San Juan de la Maguana; y Unigold en el Noroeste, cuya actividad afecta a los ríos Masacre y Mao, así como el Río Artibonito, que nace en territorio dominicano y es el segundo más largo del Caribe y el principal de Haití. El alcalde de Restauración, el perremeísta Osclides Valerio, fue señalado por su complicidad con Unigold, y se anunció la convocatoria a una protesta contra la transnacional el 17 de julio. Se denunció el intento de convertir el Bahoruco oriental en zona minera, y en particular las actividades de la empresa dominicana Belfond.

Activistas plantearon la importancia de imponer mediante la lucha la creación del Parque Nacional Loma Miranda, para derrotar definitivamente los intentos de desarrollar actividades mineras en la zona. Se planteó la necesidad de regular la ganadería en zonas de alta pendiente, y de oponerse a la concesión entregada por el gobierno de Abinader a la empresa Apache Corporation para la exploración y explotación petrolera en la cuenca marítima de San Pedro de Macorís, que además de sus implicaciones para el calentamiento global amenazaría con la destrucción a importantes balnearios turísticos como Juan Dolio, Boca Chica y Guayacanes.

Se denunció la contaminación producida por la cementera Cemex en el Ensanche Altagracia, en Herrera, Santo Domingo Oeste. Enclavada en una zona densamente poblada, la contaminación producida por esta cementera ha producido numerosas muertes y afectaciones crónicas a la salud en las comunidades populares, con la total complicidad del actual y los anteriores gobiernos. Por esta razón, el primer viernes de cada mes se realizan protestas en la zona. Cementos Cibao es otra empresa contaminante beneficiada por la complicidad gubernamental, reflejada en sus actividades a poca distancia del río Yaque del Norte.

Las empresas granceras, que extraen materiales para su uso en la construcción, también están destruyendo las Dunas de Baní, con la complicidad de las autoridades. Se denunció la violencia del Consorcio Azucarero Central contra los campesinos y sus proyectos de depredación ambiental y acaparamiento de aguas en Barahona. La grave situación del vertedero de Moca también fue expuesta, y se señaló la complicidad de las autoridades en la entrega de estacionamientos del Parque Mirador Sur de la capital a empresarios privados.

Estas son solo algunas de las situaciones denunciadas a lo largo del encuentro.

Resoluciones

Se dedicó el encuentro a la destacada conservacionista y académica Idelisa Bonnelly, cuyo fallecimiento se conoció en el transcurso de la actividad.

Los documentos presentados por los organizadores fueron aprobados con el compromiso de agregar las propuestas planteadas en a lo largo de la jornada. En términos de la caracterización de la situación, los documentos plantean de manera general la importancia de enfrentar las amenazas a las fuentes de agua, la deforestación, la destrucción de los ríos, el crecimiento urbano desordenado, el mal manejo de los desechos sólidos y las aguas servidas, así como la ausencia de políticas de monitoreo de la calidad del ambiente y de defensa de los derechos ambientales del pueblo, en el marco de amenazas globales como el cambio climático. Esto se traduce en una creciente destrucción de ecosistemas vulnerables y un empobrecimiento biológico con implicaciones sociales y económicas. Se propone profundizar el estudio de la situación, avanzar en un plan de acción conjunta, particularmente contra amenazas como las presas de Las Placetas y Bocas de los Ríos, la expansión megaminera y distintos proyectos en ejecución lesivos para el ambiente.

Los documentos propuestos también plantean actuar en el terreno judicial contra las depredaciones, realizar campañas informativas, promover la movilización contra los proyectos que amenazan el ambiente, así como contra las iniciativas legales privatistas y negadoras de derechos ambientales, como la Ley de Aguas y la Ley de Ordenamiento Territorial, entre otras. Se plantea la creación de un equipo coordinador, un observatorio ambiental, un medio de difusión digital, realizar encuentros regionales, entre otras iniciativas organizativas.

En aras de fortalecer la movilización, hubo intervenciones que propusieron fijar la fecha de un nuevo encuentro nacional, incorporar al plan de lucha tanto la fijación de plazos cortos al gobierno nacional para dar respuestas a las exigencias ambientales, como también planificar paralizaciones locales y una paralización nacional para hacer valer en las calles los derechos ambientales del pueblo.

El debate sobre las causas de fondo de la crisis ambiental estuvo sobre el tapete, ante el planteamiento por parte de organizaciones feministas, entre ellas el Foro Feminista Magaly Pineda, CUDEM y la Tertulia Feminista, de que habría elementos patriarcales a considerar en la raíz de la crisis ambiental y que sería necesario cuestionar el modelo neoliberal. Otro activista propuso articular a las organizaciones del movimiento de defensa ambiental dominicano con sus pares de Haití, para trazar una estrategia común en defensa de los derechos ambientales y los recursos naturales en toda la isla, un importante aporte hacia una perspectiva internacionalista.

El Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST) propuso agregar a los documentos aprobados un señalamiento directo a la responsabilidad del gobierno naional en la implementación de una política privatizadora y de profundización de la depredación ambiental, especialmente en materia de saqueo megaminero. Propuso convocar a una movilización de carácter nacional en la que estén presentes todas las luchas ambientales. De igual forma, propuso exigir la prohibición de la producción y comercialización de plásticos de un solo uso y la prohibición la explotación aurífera en el país, por ser una actividad insostenible, altamente contaminante y de alto impacto en la emisión de gases que contribuyen al calentamiento global. Se propuso incorporar la exigencia de parar la destrucción ambiental producida por la termoeléctrica de Punta Catalina y sustituir el consumo de carbón por otras fuentes de energía menos contaminantes; también exigir el cierre del vertedero de Duquesa y una política racional de manejo de los desechos sólidos a nivel nacional, reduciendo emisiones, reutilizando y reciclando. Finalmente, el MST propuso incorporar como horizonte estratégico el objetivo de lograr una planificación económica democrática, científica y sostenible del desarrollo económico nacional, superando el actual modelo capitalista depredador, irracional e insostenible.

El encuentro ha sido un paso exitoso y deja por delante grandes retos para las organizaciones participantes, cuya concreción requerirá consolidar y ampliar los mecanismos de participación democrática y permanente, especialmente apelando a una mayor incorporación del activismo más joven.