La Voz de los Trabajadores

Imagen: Eduardo Luzzati

El miércoles, 1 de marzo, la Red Socioambiental Nacional de la República Dominicana realizó en la sede del Colegio Médico una rueda de prensa en la que alertó sobre el peligroso proyecto de Ley de Agua enviado por el presidente Luis Abinader, el 28 de febrero al Congreso. A juicio de las organizaciones ambientalistas, con este proyecto de ley «se inicia la última etapa del plan concebido por los buitres económicos para la privatización del agua», tal y como denunciaron en una nota de prensa.

“Hace más de 20 años se ha propuesto la urgente necesidad de una ley de agua que permita que este recurso llegue de manera justa a la población y que sea servida en cantidad, calidad y a buen precio a todos los sectores nacionales, sin discriminación” explicó la representación de las organizaciones ambientalistas, y a pesar de que “el marco jurídico establece la protección del recurso agua, los interesados en privatizarlo han introducido, en los últimos tres años,  cinco propuestas de ley que incluyeron todo un capítulo dedicado a la concesión del recurso, lo cual pone en entredicho lo estipulado en el marco legal y la Constitucional dominicana”.

Como es sabido, el gobierno de Abinader se caracteriza por una agresiva orientación privatizadora, expresada en su política de alianzas público-privadas y fideicomisos, así como enormes exenciones tributarias para los capitalistas, así como una voraz depredación del ambiente y los recursos naturales, favoreciendo la megaminería y hasta la exploración petrolera mar adentro, poniendo en riesgo algunos de los más concurridos balnearios del país, como Juan Dolio, Guayacanes y Boca Chica.

La Red Socioambiental denuncia que el capítulo III de la propuesta de Ley del Presidente está dedicado a la concesión del recurso y plantea que si la Autoridad Nacional del Agua, organismo que la ley crearía, se ve ante una emergencia obligado a utilizar las aguas otorgadas a otros concesionarios, el Estado tendría que pagar a estas empresas privadas, lo cual consideran una aberración legal.

«Además, (el proyecto de ley) prevé 40 años de enajenación del bien y 20 años más si el inversionista está obteniendo buenas ganancias. Esto es indignante y viola el derecho a nuestra dignidad como pueblo», declararon. Aclararon que el agua es un bien estratégico que no requiere de tecnología sofisticada para su manejo, como sería el petróleo y hasta el oro. “En este país requerimos una Ley que garantice el derecho humano al agua, que se regule su uso, que se pague lo debido por el manejo administrativo y de suministro de un bien tan importante para nuestras vidas. Nos quieren imponer mediante un recurso legal la concesión o privatización del agua como si la administración del Estado no tuviera ninguna posibilidad de manejarla.”

La ley de privatización del agua de Abinader entraría en contradicción con la Constitución de 2010, que en su artículo 15 precisa que: «El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida». También con la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales que establece que: “todas las aguas del país, sin excepción alguna, son propiedad del Estado y su dominio es inalienable, imprescriptible e inembargable. No existe la propiedad privada de las aguas ni derecho adquirido sobre ellas”.

La Red Socioambiental concluye que la concesión es una forma de privatización y anunció que se prepara un plan de acción para defender el agua ante el intento privatizador del gobierno. Entre las más de cien organizaciones que forman parte de la Red se encuentran la Articulación Nacional Campesina (ANC), la Articulación Nacional por el Derecho Humano al Agua (ANDHA), Ciudad Alternativa, Coalición Enriquillo, Coalición Ambiental del Noroeste (COANOR), la Coalición de Organizaciones Populares, Sociales, Feministas y Ambientales del Cibao, la Comisión Ambiental de la Esperanza por el Ozama (CAMBIESO), la Coordinadora Popular Nacional, el Foro USA-RD, La Gente del Ozama, la Red Urbano Popular, Samanenses Empoderados, la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), y Voces del Camú.