La Voz de los Trabajadores

Fotos: Coalición Ecológica y Popular de Bonao

Este pasado lunes 6 de febrero la Coalición Ecológica y Popular de Bonao e integrantes de las comunidades de Caribe, El Verde y Rancho Nuevo se movilizaron para repudiar la depredación realizada por empresas que realizan minería de arena y otros materiales en el lecho del río Yuna, para su utilización en la industria de la construcción. Esta actividad extractiva, altamente destructiva, la llevan a cabo con la complicidad del gobierno nacional, que a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha venido alentando y legitimando el saqueo con el otorgamiento de permisos ambientales de dudosa legalidad.

El activismo ambientalista y comunitario denuncia que los permisos se basarían en un decreto de emergencia del año 2009, que habilitaba la realización de una canalización del río ante los desbordamientos en la zona del Bajo Yuna, a pesar de que ya no existe tal emergencia. Pero esa no es la única irregularidad. Los sectores afectados, como Caribe, Rancho Nuevo, El Verde y El Yujo, donde se lleva a cabo una intensa destrucción ambiental en las granceras, están fuera del área contemplada en el viejo decreto de 2009, pues no forman parte del Bajo Yuna, ni existen antecedentes de desbordes o crecidas en esos sectores en las últimas décadas. Es evidente que se está perpetrando un crimen ambiental cuyos responsables son los empresarios y el gobierno del presidente Abinader y del ministro Ceara Hatton.

Los permisos ambientales habilitarían la minería en el río por tres meses, pero ya en pocos días la destrucción que se ha llevado a cabo es notoria. La minería, que genera una importante contaminación del aire, el agua, el suelo, también produce contaminación sónica, por los intensos ruidos que se emiten, y se lleva a cabo desde horas de la madrugada, atormentando a comunidades enteras. Personas de las comunidades, que ya vienen protestando desde la semana pasada y han logrado paralizar las actividades mineras, plantean que hay un evidente conflicto de intereses cuando quienes ejecutan y fiscalizan la extracción de materiales tienen un interés en maximizar la extracción, no en preservar el ambiente, por lo que no se limitan a realizar una canalización sino que llevan a cabo un verdadero atentado criminal contra el río Yuna.

Señalaron asimismo la complicidad de diferentes representantes electos que responden al PRM. El senador Héctor Acosta “El Torito”, del PRM, “allantó” al pueblo de Bonao al ser electo, cuando afirmaba que iba a luchar para detener a las empresas que depredan el río Yuna, pero no ha hecho nada, denuncian los comunitarios. El alcalde de Bonao, también perremeísta, Eberto Núñez “sabe de este permiso y tampoco ha hecho nada”, los diputados por la provincia “solo cobran pero no trabajan”, agregaron.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron en el lugar para defender a las empresas, filmando a las personas presentes en la protesta. Pero no lograron su objetivo de amedrentar a las comunidades, cuyos representantes afirman que seguirán en pie de lucha en defensa del río Yuna.