Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

El 12 de enero, el canciller Roberto Álvarez anunció los acuerdos a los que llegaron dos días antes los presidentes de República Dominicana y Haití, en la reunión realizada en el lado dominicano de la frontera. Muchas personas vieron un gesto positivo y conciliador. Lamentablemente el contenido de los acuerdos no permite lecturas optimistas.

Se pueden clasificar los nueve acuerdos en tres tipos: 1) los de buenas intenciones; 2) los que benefician a empresas nacionales y transnacionales radicadas en República Dominicana y 3) los que expresan la agenda de la extrema derecha dominicana.

Los acuerdos que llamamos de buenas intenciones no contienen ninguna hoja de ruta ni hay ningún compromiso real para su concreción. Son tres: la intención de acordar la demarcación de las fronteras marítimas, la intención de promover la producción de productos no contaminantes en lugar de los que destruyen la naturaleza como el poliestireno, y la intención de llegar a un acuerdo comercial para establecer normas justas para ambas partes.

Es importante recordar que Haití prohibió el uso de productos de polietileno y poliestireno en 2012 pero los capitalistas han presionado para impedir que se prohíba en República Dominicana y son responsables de un masivo contrabando de esos productos hacia Haití. En cuanto al comercio entre ambos países, actualmente la relación entre lo que se exporta e importa favorece a República Dominicana en una proporción de 96 a 4, por lo que ciertamente es importante desarrollar una relación comercial más justa.

Luego están los acuerdos diseñados para beneficiar a sectores de la burguesía nacional y transnacional en República Dominicana, como el acuerdo de cooperación en materia de energía, producción agrícola e industrial y el acuerdo de establecer una interconexión binacional de la matriz energética para la comercialización de los excedentes de energía. Tal y como aclaró el propio presidente Abinader en su programa televisivo del 19 de enero, el sentido de este acuerdo es facilitar la venta de energía a Haití. Estos acuerdos en realidad podrían entrar en contradicción con el acuerdo referido a establecer normas comerciales mutuamente beneficiosas y equilibrar la balanza comercial.

Pero lo verdaderamente grave son los cuatro acuerdos que expresan la agenda de la extrema derecha dominicana:

A.- El acuerdo de cooperar en el establecimiento de “controles físicos o tecnológicos en todo el borde terrestre de la frontera”, en otras palabras el muro fronterizo que organizaciones fascistas han estado exigiendo y que tomó renovada inspiración en el muro ampliado por Trump en la frontera con México.

B.- El acuerdo sobre usar tecnologías de vanguardia contra la trata y tráfico de personas y el contrabando en la frontera es complementario con el del muro. Pero ninguna tecnología puede impedir la corrupción de las autoridades fronterizas de ambos gobiernos que se lucran con esas actividades ilegales. La costosa inversión en equipos de vigilancia distraerá recursos que se necesitan urgentemente para la inversión social y alimentará la corrupción.

C.- El acuerdo de cooperar para reducir el “uso intensivo de hospitales dominicanos” por parte de mujeres haitianas. Es escandaloso que un acuerdo entre gobiernos utilice un lenguaje falso y manipulador, sin sustento en evidencias estadísticas, estableciendo que el acceso de mujeres haitianas a hospitales dominicanos constituye “un tema de gran sensibilidad en República Dominicana” (!). En realidad constituye un tema de la propaganda fascista, adoptado por el gobierno de Abinader para tapar con un manto de racismo la privatización del derecho a la salud y la desinversión en los hospitales públicos. El aspecto del acuerdo referido a la construcción de hospitales en el lado haitiano de la frontera es demagógico, Abinader también aclaró en su programa de televisión que el financiamiento no dependería de los gobiernos que firman el acuerdo sino de “la comunidad internacional” (?).

D.- El acuerdo sobre “trabajar en el proceso de identificación y de inscripción en el registro civil haitiano de todos los ciudadanos haitianos que estén en territorio dominicano” es engañoso. Obviamente toda persona goza del derecho humano a su documentación. Pero entre líneas está la intención de sellar el proceso de desnacionalización de personas dominicanas con padres, abuelos o bisabuelos haitianos, emprendido con la sentencia 168-13, que dejó alrededor de 200 mil personas en situación de apatridia y ha generado repudio mundial. Ese pretendido proceso de registro ocurriría en el contexto de una profundización de la persecución contra la comunidad inmigrante haitiana, supuesta beneficiara de la medida. Actualmente se realizan deportaciones arbitrarias, masivas y violentas, e incluso amenazas de las autoridades de migración de perseguir y castigar a quienes alquilen viviendas o presten servicios de transporte a inmigrantes. El gobierno de Abinader incluso niega la vacunación contra el covid19 a la comunidad inmigrante. En ese contexto de persecución y sin un plan de regularización no puede funcionar un proceso de registro de inmigrantes indocumentados. El verdadero objetivo es liquidar el justo reclamo de miles de personas dominicanas privadas de manera arbitraria de su nacionalidad por motivaciones racistas.

El “décimo acuerdo”

¿Qué obtienen Jovenel Moïse y su partido, el PHTK, a cambio de esas concesiones al gobierno de Abinader? El embajador de Moïse en República Dominicana incluso apoya la exclusión de los inmigrantes en el plan de vacunación. Pero no es de gratis.  El “décimo acuerdo” lo leyó el canciller Álvarez al iniciar su discurso. Textualmente dijo: “Haití está inmersa en un proceso de reforma constitucional destinado a consolidar la gobernabilidad democrática. Y República Dominicana en el marco del respeto a la soberanía de los Estados, alienta a las autoridades haitianas a trabajar para asegurar que este proceso cumpla con las aspiraciones del pueblo haitiano”. Este apoyo político a la reforma constitucional del PHTK es extremadamente grave.

El gobierno de Jovenel Moïse es ilegítimo y ampliamente repudiado por su pueblo. Es un gobierno de facto, sin parlamento. Su mandato constitucional termina el 7 de febrero próximo pero pretende seguir luego de esa fecha en el poder. Se ha convocado una huelga general en febrero en el vecino país para defender los derechos democráticos del pueblo haitiano. El PHTK se sostiene mediante una represión criminal y por el apoyo intervencionista del Core Group, donde participan gobiernos imperialistas como EEUU, Francia y Canadá.

Moïse llegó al poder mediante un fraude electoral. Tanto el ex presidente Martelly como Moïse están involucrados en la corrupción con los fondos de Petrocaribe, otorgados por el gobierno venezolano como parte de su clientelismo regional. La reforma constitucional se está preparando a espaldas del pueblo haitiano, sin ninguna discusión democrática y pretende imponerse en un referendo manipulado. Hasta los gobiernos del Core Group se han visto forzados a criticar la creación de una fuerza represiva de élite que responde directamente al presidente, recordando los grupos paramilitares del duvalierismo.

¡A ese proceso de degeneración autoritaria se le brinda apoyo político y un barniz de legitimidad democrática! Es una vergüenza.

Solidaridad entre los pueblos

Llamamos a toda la izquierda, las organizaciones sociales, de derechos humanos, juveniles, feministas y de trabajadores de República Dominicana y Haití a rechazar lo pactado entre Jovenel Moïse y Luis Abinader. Apoyemos la lucha en defensa de los derechos democráticos en Haití. Para luchar contra la desertificación y la destrucción ambiental, exijamos la prohibición total de la megaminería, la depredación de los bosques y la producción y uso de plásticos de un solo uso en toda la isla. Exijamos a los dos gobiernos la vacunación contra el covid19 de toda la población de la isla. Exijamos que cese el pago de la deuda externa y que se usen esos fondos para atender la grave crisis económica y social en ambos países. Unamos nuestras voces contra la corrupción y la explotación. En la solidaridad de los pueblos está la salida.