Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

Foto: Orlando Barría

Es urgente articular un movimiento amplio de oposición a la verja fronteriza, que expresa una política regresiva en materia de derechos humanos y constituye un gasto injustificable a la luz de las grandes carencias que padece la mayoría del pueblo dominicano, como el precario acceso a los servicios públicos, a la vivienda, a salud y educación pública de calidad y a empleos estables con salarios dignos.

El 12 de enero de este año, el presidente Abinader, acompañado por el canciller Roberto Álvarez y la vicepresidenta Raquel Peña anunciaron los nueve acuerdos que resultaron de la reunión realizada entre los jefes de Estado de República Dominicana y Haití, entre los cuales se destacaba el referido a la construcción de “controles físicos o tecnológicos en todo el borde terrestre de la frontera”. El 27 de febrero, el presidente Abinader volvió a plantear el proyecto de levantar una verja fronteriza, según sus palabras con el objetivo de “lograr la protección de nuestra integridad territorial”. La construcción iniciaría en octubre, según las declaraciones más recientes. A comienzos de julio el proyecto fue defendido por el canciller ante la Comisión Permanente de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados.

Cuando advertimos que la verja fronteriza representa una amenaza adicional a los derechos humanos, partimos de un contexto en el que son frecuentes las deportaciones arbitrarias, incluyendo agresiones y brutalidad policial contra las personas inmigrantes, abunda la extorsión policial contra esa comunidad y desde el gobierno se estigmatiza a las mujeres inmigrantes haitianas bajo la falsa acusación de que han generado una crisis en el sistema de salud pública. La Dirección General de Migración anunció el año pasado que perseguiría a quienes alquilen viviendas a inmigrantes sin visa vigente. Mientras se adoptan medidas correctas para regularizar a la numerosa comunidad inmigrante venezolana, se niega la regularización a la comunidad inmigrante haitiana. Desde el gobierno se agita el objetivo de “dominicanizar la mano de obra” y se caracteriza a la comunidad inmigrante haitiana como una “carga” para el Estado, negando su aporte económico en condiciones de superexplotación y precarización en la agricultura, la construcción, el turismo y otros sectores de la economía, aporte que se ha estimado superior al 7% del PIB. Se llega al extremo de considerar la inmigración como una “amenaza a la soberanía”. En esa orientación se inscribe el proyecto de la verja fronteriza.

La inutilidad de un muro límitrofe ha sido reconocida por miembros del actual gobierno. El actual Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en el año 2014 declaraba que el muro “terminará siendo un gran negocio que no resolverá nada” (Twitter, 30/6/2014). Experiencias similares, por ejemplo el muro fronterizo entre EEUU y México, demuestran que este tipo de barreras no disminuyen los flujos migratorios sino que los modifican, aumenta la mortalidad de personas migrantes al adoptar rutas más peligrosas, aumenta la actividad represiva policial y paramilitar y aumenta la corrupción policial y militar.

Se pretende ampliar los 23 kilómetros de muros y verjas existentes para llegar este año a 53 kilómetros y en cuatro años a un total de 190 kilómetros. Nada más en el año en curso está previsto invertir entre 224 y 239.7 millones de dólares en el Proyecto de Seguridad Fronteriza y Ciudadana en cuyo marco está presupuestada la obra. El financiamiento se lograría mediante el endeudamiento externo. Por si fuera poco, el gobierno ha establecido mediante el decreto 276-1 del 26 de abril de este año, como de emergencia los gastos en diseño, construcción, ejecución, contratación de servicios, equipamiento y demás gastos relacionados con la verja fronteriza. Estos gastos quedan por fuera de la fiscalización ciudadana y parlamentaria, en tanto secreto de Estado. Se alega que esta decisión se ha adoptado por razones de seguridad nacional. El Ministerio de Defensa ejecutará el proyecto. Consideramos que la realización de estas inversiones millonarias a la sombra del secreto de Estado pone al descubierto el doble discurso del gobierno sobre la corrupción.

Es un proyecto que además demuestra que se soslayan las necesidades sociales más urgentes. El déficit de viviendas es, según el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de 924,096 unidades. El gobierno de Abinader ha presupuestado la inversión de $1,900 millones de pesos en el plan “Dominicana se reconstruye” para la reparación y acondicionamiento de 30 mil viviendas (Listín Diario, 10/11/2020). El presupuesto de la verja y sus gastos conexos solo en el año 2021 representan 7.5 veces ese monto. Queda demostrado así que la vivienda no es prioridad para el gobierno.

El funcionamiento de todo el dispositivo fronterizo de vigilancia, con miles de cámaras, sensores de movimiento, drones y patrullaje, consumiría millones de pesos cada año que podrían ir a la inversión social.

En conclusión, es necesaria la convergencia en un amplio movimiento en las calles contra este proyecto, como el que ha enfrentado el antidemocrático proyecto de Código Penal. En el mes de mayo suscribimos una declaración unitaria y participamos en una protesta contra el muro convocada por organizaciones populares y de izquierda. Ese es el camino a profundizar. Quienes en el Congreso se reclaman comprometidos con los derechos democráticos, como por ejemplo la bancada de Alianza País, también deben aprovechar su tribuna parlamentaria para amplificar estos argumentos. Basta de convertir a la comunidad inmigrante en chivo expiatorio de la crisis social y económica al tiempo que se malbaratan los recursos que tendrían que invertirse en la efectiva superación de esa misma crisis.