Editorial La Voz de los Trabajadores #22

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Las inundaciones de noviembre de 2023 dejaron una gran destrucción. Aunque la crisis climática es un fenómeno global, esta no es nueva y no puede usarse de excusa para la negligencia y la corrupción del gobierno, que asume un modelo de desarrollo que abandona a millones de personas. En un sentido profundo, esta crisis es una expresión del sistema económico global al que está plenamente integrado nuestro país. La salida a esta crisis es precisamente un cambio de sistema, y es a la superación de ese gran reto estratégico de nuestra época que debe orientarse nuestra actividad política.

En la primera mitad del año tuvimos la peor sequía desde 1997 y hubo una crisis en la distribución del agua, en un país en el que apenas la mitad de los hogares recibe agua por tubería. En plena escasez, el gobierno garantizó millones de galones diarios a megamineras y a proyectos turísticos como la piscina más grande del Caribe y a los campos de golf de Punta Cana.

Estamos entre los países más expuestos a las consecuencias de la crisis climática, cuyos mayores causantes son las potencias imperialistas que generan las mayores emisiones de gases de efecto invernadero. La devastación ambiental va más allá de la afectación del clima e incluye la contaminación masiva con plástico y metales del agua, la tierra y el aire; la acidificación y aumento del nivel de los mares y océanos, y la extinción masiva de especies animales. La degradación de las condiciones de vida de millones de personas se acelera mientras nos acercamos peligrosamente al umbral de 1.5 grados centígrados de aumento promedio de la temperatura mundial respecto de los niveles precapitalistas.

Es urgente una posición unitaria de los gobiernos de la región en torno al no pago de la deuda externa y la exigencia de una indemnización a los países imperialistas, para destinar esos fondos tanto a la mitigación y prevención de daños como a la transformación de la matriz de producción de energía, planes de vivienda, construcción de refugios, diques y otras obras de infraestructura para reducir la vulnerabilidad ante los desastres.

El conflicto binacional por el uso para riego del agua del Río Dajabón o Masacre, que el gobierno de Abinader intentó explotar electoralmente, se revirtió en su contra, arruinando el comercio fronterizo y a cientos de productores agropecuarios dominicanos. Cuando es más necesaria una política binacional de preservación de las cuencas de los ríos y la cooperación en el uso de los recursos comunes, Abinader hace lo contrario: agita la xenofobia racista, intenta negar al pueblo haitiano el acceso al agua de un río binacional y entrega a la empresa canadiense Unigold una concesión de explotación de oro en Dajabón, que afectaría varios ríos binacionales. Todo esto demuestra cómo el gobierno no está a la altura de los desafíos y es una fuente de problemas adicionales.

El aumento en las temperaturas también favorece la aparición de epidemias como la del dengue. La producción animal en granjas industriales, la deforestación y la ampliación de las fronteras agrícolas y mineras aumentan el riesgo de transmisión de enfermedades de otras especies animales hacia los humanos.

En los últimos años, las luchas ambientales son las que mayores niveles de movilización generan en nuestro país. Es importante impulsar movilizaciones de carácter nacional como la de junio de este año contra las barcazas de Azua, contra la privatización del agua, contra el saqueo minero, contra el proyecto ilegal Bucanyé del Grupo Ebro español en Pedernales, y por un modelo económico ambientalmente sostenible. Es de importancia estratégica construir alianzas entre el movimiento ambiental y la clase trabajadora, para enfrentar la alianza del gobierno con empresas como Cormidom de capital chino, que generó desastres en 2021 y 2022 y ejerció una represión antisindical en 2023. Gracias a la lucha contra Barrick Gold y su proyecto de presa de cola, finalmente tuvieron que reubicarla. Otras protestas importantes el año pasado se realizaron contra el proyecto de saqueo minero de Gold Quest en San Juan, contra la destrucción del Río Yuna por parte de las granceras, y en defensa del agua en Santiago.

Toda la geografía nacional está plagada de desmanes capitalistas como los de la empresa Kinnox en Los Alcarrizos, que ha contaminado la comunidad con plomo, deforestando e invadiendo los alrededores de un río con la complicidad del gobierno. 

El gobierno está empeñado en destruir los manglares de Cabo Rojo y ahuyentar a las ballenas que acuden a la Bahía de Samaná, aumentando la frecuencia y tamaño de los cruceros que visitan estos destinos. 

Es necesario imponer prohibiciones a la producción y comercialización de plásticos de un solo uso y construir una política racional de manejo de los desechos sólidos. Exijamos dejar bajo tierra el carbón, el petróleo y el gas, ante planes como el de la explotación petrolera frente a las costas de San Pedro de Macorís. Fortalezcamos el reclamo del cierre de Punta Catalina y la expulsión de las barcazas termoeléctricas de Azua. Hay más de 350 vertederos a cielo abierto en el país y varios ardieron este año, como los de San Cristóbal, Puerto Plata y Jarabacoa. Entre abril y mayo de 2020 sufrimos el gran incendio del vertedero de Duquesa, en la capital. Se podría resolver el problema de Duquesa con poco más de doscientos millones de pesos, unas diez veces menos que la inversión planificada para la inútil verja fronteriza, una obra que ya ha destruido más de 30 mil metros cuadrados del Refugio de Vida Silvestre Laguna Saladilla.

Necesitamos un cambio de fondo. El capitalismo es un sistema insostenible ambiental y socialmente. Los gobiernos capitalistas ni siquiera han logrado reducir el consumo de petróleo, gas y carbón, tampoco son capaces de organizar una agricultura sostenible. Es más urgente que nunca organizarnos para luchar por un gobierno de la clase trabajadora que permita desarrollar una planificación democrática y científica de la economía, para satisfacer las necesidades sociales y que sea sostenible ambientalmente. La salida es el socialismo.