Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

Existe un generalizado malestar popular con las altísimas tarifas eléctricas que ha impuesto el gobierno, en ejecución del ilegal Pacto Eléctrico al servicio de consolidar la privatización de dicha industria. Ese es el contexto de la protesta pacífica realizada por decenas de personas de la comunidad de Sabana Iglesia, en la provincia Santiago, el 31 de octubre. Ese día, personas de la comunidad retiraron varios contadores y los entregaron a la oficina local de Edenorte en señal de reclamo. Hubo dos reacciones diametralmente opuestas a la protesta pacífica: simpatía en la mayoría del pueblo y nerviosismo en el gobierno.

El gobierno decidió que era necesario imponer un castigo ejemplarizante. La vicepresidenta y jefa del gabinete eléctrico, Raquel Peña, bajó línea a la justicia, afirmando que la protesta era ilegal. De manera abusiva y totalmente desproporcionada, la Procuraduría General Adjunta acusó a Jonathan Primitivo Guzmán de “terrorismo” contra Edenorte y el Estado dominicano. Otras tres personas están siendo investigadas. La arbitrariedad de la acusación es evidente, pues en la protesta popular del 31 de octubre participaron decenas de personas y ningún contador fue dañado. Guzmán es simplemente la víctima que el gobierno y su justicia han escogido para amedrentar al conjunto del pueblo descontento con el tarifazo eléctrico. Recordemos que el gobierno dijo en julio que suspendería los aumentos a la tarifa eléctrica pero no ha cumplido. Lo que correspondía era anular los aumentos aplicados en el último año y reestatizar la industria eléctrica en su totalidad.

Es necesaria una protesta nacional, contra el pacto eléctrico y también en defensa del derecho a la protesta, que tantos sacrificios ha costado conquistar y que no será este gobierno neotrujillista de millonarios el que nos lo arrebate. La protesta popular ante los tribunales en Santiago el martes, 8 de noviembre logró una conquista parcial, con la imposición de una garantía económica, en vez de los tres meses de cárcel que solicitaba el Ministerio Público. De todas formas repudiamos la continuidad del juicio y la imposición del pago de fianza sigue siendo una medida coercitiva, la lucha tiene que continuar hasta lograr la libertad plena e incondicional de Jonathan Guzmán y que la mal llamada “justicia independiente” desista de sus falsas acusaciones.

El MST participó junto a la Coalición de Organizaciones Populares del Cibao, organizaciones de izquierda y la comunidad de Sabana Iglesia en la protesta frente a los tribunales. El gobierno debe escuchar las consignas que ese día se pronunciaron: “El pueblo unido jamás será vencido”, “El gobierno fracasó, pa’ la calle vamos to’”, y “El fiscal independiente no sirve pa’ la gente”. Ese es el ánimo que va cobrando fuerza en las comunidades populares ante un PRM que en la oposición decía estar contra el pacto eléctrico pero que al llegar al poder se apresuró a imponerlo de manera ilegal, con un CES constituido de manera improvisada y sin representación de organizaciones populares. El intento de criminalizar la protesta con acusaciones irresponsables de terrorismo solo alimentará el descontento popular.

La comunidad de Sabana Iglesia no es terrorista, al contrario, es un ejemplo a seguir para todo el pueblo dominicano, pues si no protestamos nos arrebatarán todos nuestros derechos. El verdadero terrorismo en este país es protegido y aupado por el gobierno de Abinader y la Procuraduría General de la República a su servicio, por ejemplo, cuando se le brinda impunidad a organizaciones neonazis que amenazan de muerte a artistas, intelectuales, periodistas, defensores de derechos humanos, personas de la comunidad sexodiversa y militantes de izquierda. El verdadero terrorismo además es estimulado por este gobierno con sus discursos xenófobos y antiobreros que han llevado a que proliferen linchamientos racistas y otros crímenes de odio.

¡Anulación del tarifazo eléctrico! ¡Libertad plena para Jonathan Guzmán! ¡El derecho a la protesta se defiende protestando!