Manuel Gual

(Foto de Jaime Rojo de un mural de Vexta)

Abinader dijo el 27 de febrero que no se ahorraría ningún esfuerzo o recurso “en aras de la salud del pueblo”. Se jactó de que se aumentó el presupuesto de salud a 107 mil millones de pesos y que se aplicó un supuesto plan nacional de detección, aislamiento, rastreo y tratamiento de contagiados de covid19. Y celebró su “ambicioso” plan de vacunación.

La realidad es que elpresupuesto de salud sigue siendo extremadamente bajo. Es apenas la mitad de lo que representan las exoneraciones anuales de impuestos a los capitalistas de las zonas francas, turismo y otros sectores. Y es un tercio del 6% del PIB que recomienda la OMS. Mientras se sigue subsidiando los grotescos negocios de las AFP y las ARS.

En cuanto al supuesto plan nacional para evitar el auge de los contagios del covid19, no merece llamarse así. En promedio se han realizado, hasta el 26 de febrero, apenas 5.1 pruebas por cada contagio registrado, una cifra bajísima. Comparemos con Trinidad y Tobago que promedia 12.5 pruebas por contagio registrado o Cuba 47.6. Aquí se obstaculiza el acceso a las pruebas, muchos contagios de covid19 no quedan registrados. No hay una política de aislamiento, rastreo y tratamiento. Al no diseñar y aplicar una política coherente para enfrentar la pandemia, no es sorprendente que el presidente afirme que la relativamente baja tasa de mortalidad por covid19 es un logro de la política oficial. Hay factores demográficos que inciden, como el promedio de edad relativamente bajo de la población dominicana, algo que obviamente no es ningún mérito del gobierno. Otras posibles causas deben verificarse científicamente.

La verdadera política del gobierno ante la pandemia ha sido la ejecución de detenciones masivas en el marco del toque de queda, generando hacinamiento y favoreciendo el contagio de la enfermedad.

Un plan de vacunación antidemocrático, discriminador y entreguista

En primer lugar, el gobierno ha decidido excluir de la vacunación a más de 500 mil inmigrantes, empleando la demagogia xenófoba y racista más burda para justificarlo, como decir que si se les vacuna la inmigración aumentará.

Por otra parte, Abinader anunció que se adquirieron 20 millones de dosis, de ellas 8 millones de la transnacional estadounidense Pfizer. Según el presidente, la meta es vacunar al 80% de la población entre marzo y junio de este año. El presidente ha señalado que los países más ricos han acaparado las vacunas y han entorpecido su entrega a países como el nuestro, pero mientras los gobiernos de la India y Sudáfrica han exigido la eliminar las patentes de las vacunas para poderlas producir libremente, Abinader no hace lo propio.

Hasta la OMS ha llamado a suspender la vigencia de las patentes de vacunas para producirlas a mayor escala. El gobierno dominicano ha admitido que en el país se podrían producir, existe la infraestructura, pero no se hace debido a las patentes de las transnacionales, las mismas que ya han incumplido los cronogramas de entregas de las vacunas.

En cuanto al contrato en proceso de negociación con Pfizer, es escandaloso por sus condiciones leoninas, impuestas bajo el mayor hermetismo por la transnacional. Tal y como ha denunciado la periodista Argénida Romero, en octubre de 2020 se firmó un acuerdo de confidencialidad que viola la Ley de Libre Acceso a la Información. En enero se modificó la ley sobre Compra y Contratación de Bienes, Servicios y Obras para agregar excepciones específicas a la medida de Pfizer. Se firmó un pliego de condiciones que exime a la transnacional de cualquier reclamo de indemnizaciones y se colocan los bienes presentes y futuros del Estado dominicano como garantía para coberturas de responsabilidad de Pfizer. Si la transnacional ha ocultado o minimizado efectos adversos de su vacuna y de ello se derivan demandas judiciales, el Estado dominicano debe pagar por Pfizer y sus bienes pueden ser confiscados, siempre para salvaguardar los intereses de Pfizer. Estas condiciones abusivas fueron rechazadas por los gobiernos de Argentina y Brasil.

Se remitiría a cortes de Nueva York cualquier arbitraje que surja. El contrato definitivo aún no ha sido aprobado por el Congreso, pero incluso después de ello se desarrollarían más negociaciones sobre aspectos de su ejecución. Debemos exigir que el Congreso rechace el contrato con Pfizer y sus condiciones humillantes.

Basta de demagogia

Debe repudiarse la demagogia de Abinader, quien pidió un aplauso para el personal de salud durante su discurso, pero ha dado continuidad a la política negligente e irresponsable de negar los insumos y equipos de protección necesarios a quienes trabajan como enfermeras, doctoras, camareras y el personal técnico y obrero de los hospitales. ASONAEN denuncia que más de 500 trabajadores de la salud han contraído covid19 desde el inicio de la pandemia y nueve han fallecido. Todavía carecen de los insumos necesarios para su protección. El gobierno, obedeciendo a criterios corruptos y clientelares, incluso ha realizados despidos masivos en lugares como la Maternidad San Lorenzo de Los Minas, para dar puestos a gente del PRM.

Definitivamente la salud no ha sido una prioridad para este gobierno de capitalistas que encabeza Abinader.