Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

El 6 de abril, el presidente Abinader lanzó un nuevo ataque a la salud pública, al anunciar la entrega de 2 mil millones de pesos a través del Bandex a las clínicas privadas. Se trata de préstamos con condiciones muy favorables para los capitalistas del sector, las tasas de interés son muy ventajosas, desde 1.3%, con plazos de 20 años y períodos de gracia. El plan incluye profundizar los subsidios estatales al negocio de la salud privada al incluir el plan básico de Senasa en las clínicas que reciban los préstamos.

El Colegio Médico Dominicano (CMD) criticó la política privatizadora del gobierno. El presidente del CMD, Senén Caba, advirtió que el pueblo terminará pagando el préstamo. Según Caba, en una reunión con el presidente, éste habría reaccionado acaloradamente a las críticas. “Abinader dijo que cree en la alianza público privada y no cree en el modelo de Venezuela ni el de Cuba”, señaló.

Más allá de la ignorancia, la manipulación y la demagogia de la que hace gala Abinader al pretender justificar su modelo privatizador comparándolo con otro modelo privatizador como el de Venezuela, lo cierto es que el gobierno viene recortando el gasto en salud pública, en abierta violación de la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que establece una inversión mínima anual de 4% del PIB. Actualmente la inversión es de alrededor de la mitad de ese monto, y lo que es más grave es que en 2022 se aplicó un recorte presupuestario a la salud de alrededor del 16%, más de 20 mil millones de pesos. Literalmente se está sacando dinero de la salud pública para entregarlo a los amigos millonarios de Abinader que están en el negocio de la salud privada. Esta política ya ha generado protestas a fines del año pasado por parte de ADESA y de personas con VIH afectadas por la escasez de antirretrovirales.

Lo más perverso de esta política es que se superpone a la campaña racista mediante la cual Abinader y el ministro de Salud han venido acusando a las mujeres migrantes embarazadas de generar la crisis de los hospitales, usando cifras falsas. En realidad, la inversión en los partos de mujeres inmigrantes haitianas representa menos del 1% del presupuesto de salud y es ocho veces menos que el monto que el gobierno entregará a las clínicas privadas. No es casual que, al mismo tiempo que Abinader anuncia la entrega del dinero a las clínicas privadas, por su parte la Dirección General de Migración reconoce haber detenido y expulsado a 792 migrantes embarazadas y 433 familias con menores de edad desde noviembre de 2021. Se trata de una violación a la Ley General de Migración 285-04 que prohíbe las detenciones de mujeres embarazadas o lactantes, menores, solicitantes de asilo y envejecientes.

Todo esto pone en evidencia, como siempre hemos dicho, que la verdadera carga para el pueblo dominicano es un gobierno privatizador al servicio de una clase capitalista parasitaria, que intenta ocultar su política de destrucción de la salud pública agitando el odio racista contra la comunidad inmigrante. Esta política antiobrera y antipopular también se ha reflejado en el intento de criminalizar la huelga del CMD el año pasado, en los contratos leoninos firmados con farmacéuticas como la Pfizer, o en su férreo apoyo a las ARS.

Nos sumamos a los sectores que denuncian la profundización de la privatización de la salud y llamamos a confrontar esa política mediante la movilización, luchando en las calles por el respeto al 4% del PIB para la salud pública, no más ARS, y por un sistema único de salud pública, gratuita, estatal y de calidad para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación.