Contra el racismo institucionalizado en República Dominicana

A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

En República Dominicana alrededor del 90% de la población es afrodescendiente. Tanto el censo de 1950 como una encuesta de autoidentificación racial realizado en 2006 coinciden en atribuir a un 87% de la población la condición de negros o mestizos. Siendo uno de los países con mayor porcentaje de población afrodescendiente en América Latina y el Caribe, también padece graves expresiones de racismo institucional.

La burguesía dominicana ha hecho del odio a la herencia africana parte de la construcción ideológica de la identidad nacional, así como una fuerte identificación nostálgica con la antigua potencia colonial española. Esa expresión de la ideología dominante no es unánime ni está exenta de tensión con las identidades populares donde se reivindica lo afro y se resiste a la concepción racista de lo dominicano. Pero tiene numerosas expresiones legales e institucionales y se refleja en el discurso de los medios de comunicación estatales y privados. En República Dominicana no es castigado legalmente el racismo. La Constitución de 2010 prohíbe la discriminación “por razón de color” pero no la discriminación racista y no hay castigos para los crímenes de odio por motivación racista. Los linchamientos racistas son frecuentemente favorecidos con la impunidad, como en el caso de Jean Claude Harry “Tulile”.

El Estado dominicano tampoco aplica políticas de prevención de la discriminación y la violencia racista. Estamos tan acostumbrados a vivir bajo la sombra del racismo institucional que a muchos les cuesta imaginarse una República Dominicana sin prácticas racistas por parte del Estado. Derrotar la institucionalización del racismo pasa por un cambio total en la correlación de fuerzas a nivel social entre las fuerzas que promueven el racismo y se benefician económica y políticamente de ello, y la mayoría que es víctima de esas políticas racistas, aún sin ser consciente de ello. Para ello es necesario articular esfuerzos unitarios desde los sectores antirracistas, de trabajadores, comunitarios, con autonomía, en esa dirección, superando el sectarismo y la subordinación a las agencias que brindan financiamiento a las ONGs.

Reconocer y denunciar el carácter racista del Estado dominicano no significa que no puedan hacérsele exigencias y movilizarnos en pos de ellas. Debemos exigir la realización de censos para verificar la situación de la mayoría afrodescendiente y las expresiones estructurales del racismo. Es importante conocer de manera precisa cómo las desigualdades económicas, de acceso a servicios públicos, a la educación y la salud, se expresan en el marco capitalista de nuestro país y cómo afectan desproporcionadamente a las personas afrodescendientes. También promover desde la academia y los movimientos sociales encuestas para verificar la extensión de ideas y prejuicios racistas entre la población, de tal manera de poder contrarrestarlas con mayor eficacia desde la educación popular, así como con campañas específicas.

La segregación de hecho, tanto urbana como rural, expresada en el precario acceso a los servicios públicos en los bateyes y barrios de mayoría negra, es parte del orden social capitalista profundamente desigual y discriminador. Existen restricciones al libre tránsito en algunos bateyes, por la presencia de fuerzas de seguridad privadas al servicio de grandes terratenientes y burgueses. Debemos exigir el derecho a la libre sindicalización de los trabajadores rurales, como parte del proceso de superación de las relaciones de semiesclavitud en perjuicio de la población mayoritariamente negra que aún hoy imponen los capitalistas del azúcar y el alcohol. En ese sentido, debemos rechazar contundentemente la política de persecución del gobierno de Abinader y su Dirección General de Jubilaciones y Pensiones contra los trabajadores cañeros. No solo el gobierno incumplió su anuncio de septiembre de 2020 de incorporar 1.610 nuevas pensiones para los cañeros, sino que en 2021 dejó de pagar cientos de pensiones a quienes ya habían conquistado en gobiernos anteriores ese derecho, generando en consecuencia la muerte de al menos tres trabajadores cañeros por falta de acceso a medicinas, según denuncia la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC). Como parte de esa ofensiva antiobrera y racista, el gobierno ha emprendido además la persecución judicial contra el Coordinador General de la UTC, Jesús Núñez, para intentar aplastar el justo reclamo de los cañeros.

La brutalidad policial contra los jóvenes negros en los barrios, las detenciones arbitrarias y todo tipo de maltratos, refleja que los cuerpos represivos actúan en base a una presunción de culpabilidad con criterio racista. La juventud dominicana negra no tendría que temer ser víctima de ese tipo de violencia racista, hoy tan común y profundizada después de un año de política represiva por el toque de queda. Según estadísticas compiladas por la plataforma periodística Connectas, entre 2004 y 2021 se han contabilizado 1.917 asesinatos por parte de la policía, entre los cuales en 236 casos ni siquiera se ha establecido la identidad de las víctimas.

Los inmigrantes haitianos son objeto de constantes abusos de las autoridades, expresiones racistas en los medios de comunicación, violaciones de DDHH por parte de los cuerpos policiales y políticas discriminatorias por parte del Estado dominicano. El gobierno de Abinader ha emprendido una ofensiva violenta de racismo antihaitiano que contempla una serie de medidas. Se invertirá más de 223 millones de dólares este año en la construcción de un muro fronterizo. Ha recrudecido la estigmatización de las mujeres haitianas que acuden a hospitales dominicanos a dar a luz o recibir atención médica. Se ha iniciado la persecución contra personas dominicanas que alquilen viviendas a personas haitianas sin visa, bajo amenazas de multas y mediante una peligrosa incitación a que civiles asuman funciones paramilitares de fiscalización de la documentación de la comunidad inmigrante, sin ninguna base legal para ello. De esta forma, el gobierno de Abinader en los hechos participa de la ideología trujillista de considerar a los trabajadores inmigrantes haitianos como una amenaza a la soberanía para así justificar su persecución.

El racismo oficial es tan descarado que se paraliza en la práctica la regularización de inmigrantes haitianos mientras se brinda un trato preferencial inmigrantes venezolanos, europeos o estadounidenses. Si no fuera por el arraigado racismo institucional, todas las personas inmigrantes recibirían el mismo trato.

La masiva violación de derechos humanos que significó la revocación retroactiva de la nacionalidad de alrededor de 200 mil personas dominicanas de ascendencia haitiana mediante la sentencia 168-13, también es una política explícitamente racista cuyo trasfondo es la construcción ideológica de la identidad nacional en base al racismo antihaitiano. Esa sentencia es un crimen continuado, cuyos efectos se extienden hasta hoy, generando una de las mayores comunidades afectadas por la apatridia en el mundo.

Las organizaciones que promueven el odio racista cuentan con apoyo oficial y con frecuencia amenazan de muerte a periodistas y defensores de DDHH con total impunidad.

Es necesario construir un frente antirracista

Con nuestra organización y lucha unitaria podemos ir cambiando la actual correlación de fuerzas. Podemos aumentar el costo político de las alianzas entre los distintos gobiernos y los grupos de extrema derecha. Podemos derrotar el intento del gobierno de Abinader de criminalizar a los cañeros, impedir la construcción de un muro fronterizo de inspiración trumpista y resistir a la profundización de la segregación y marginación racial por la persecución a la comunidad inmigrante.

Promovamos la crítica de la historiografía oficial. Hay que demoler los mitos racistas que la han viciado. Demos difusión a la historiografía crítica y no racista. Exijamos que se conmemore oficialmente la masacre racista perpetrada por la dictadura trujillista en 1937 y una investigación bajo la consigna “Nunca más”, para esclarecer las responsabilidades en una de las peores campañas genocidas de limpieza étnica del siglo XX en Latinoamérica y el Caribe. Exijamos que se borre el nombre del dictador racista Balaguer, miembro dirigente del régimen trujillista y luego cabeza de la dictadura de los doce años, de avenidas, calles, monumentos, edificios y parques públicos, y que se derogue la infame resolución del Congreso del año 1997 que lo declara “padre de la democracia”. Sobre todo, exijamos, que sus políticas racistas y xenófobas no se implementen más.

Exijamos que se conmemoren oficialmente las aboliciones de la esclavitud de 1801 y 1822 y que se enseñe en las escuelas la importancia de estas fechas. Desmitifiquemos a los “héroes y patriotas” militares anexionistas, dejemos de glorificar como “independentistas” los proyectos de anexión a Francia, España o EEUU que encarnaron caudillos racistas como Santana o Báez. Reivindiquemos la
resistencia indígena y el cimarronaje del período colonial. Es inaceptable que tengamos un monumento nacional de homenaje al racismo y el colonialismo, como lo es el Faro a Colón. Exijamos que se transforme en el Museo Nacional del Racismo y el Colonialismo, en el que se estudie de manera crítica el proceso de conformación de la ideología racista durante el período colonial y sus expresiones en el marco capitalista. Los monumentos racistas, como las estatuas de homenaje a Colón, Ovando y otros colonialistas, cabrían perfectamente en este museo, con sus respectivas fichas críticas explicando el fenómeno del culto al colonizador, e informando de su expediente de crímenes atroces.

Basta de discriminación laboral y de cualquier limitación en el acceso a lugares de estudio, de trabajo, o espacios públicos o comerciales por protocolos racistas, como la prohibición de portar cabello afro natural. Los discursos de odio racista en los medios de comunicación y en las campañas electorales no pueden pasar sin contestación contundente hasta que logremos su prohibición.

Tomando en cuenta que somos un país de emigrantes, con alrededor de dos millones de dominicanos viviendo en el exterior, podemos explicar mediante campañas permanentes que la extorsión policial, los maltratos y las deportaciones masivas son prácticas racistas. ¡Que los sindicatos y organizaciones de derechos humanos defiendan los derechos de los trabajadores inmigrantes! Luchemos por una
legislación para proteger el trabajo doméstico remunerado, brindando garantías a las mujeres afrodescendientes que mayoritariamente lo realizan. Luchando por superar la situación actual, de asfixiante racismo, también avanzamos hacia la unidad de la clase trabajadora contra la explotación capitalista, damos pasos fundamentales para evitar la división de la clase trabajadora sobre ejes nacionales o raciales.

Ninguna conquista caerá del cielo, solo podemos conquistar nuestros derechos mediante nuestra propia organización y movilización. Por eso es tan importante forjar un frente antirracista que más allá de la diversidad de posiciones políticas sirva para movilizarnos unitariamente en defensa de nuestros derechos y por la derrota definitiva del racismo en República Dominicana.

Imagen: Banksy

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