La Voz de los Trabajadores

Foto: Operativo antihaitiano de la DGM en 2022

A pocos días de que el gobierno derechista del PRM defendiera la sistemática violación de los derechos humanos de la comunidad inmigrante haitiana, en respuesta a las denuncias de organizaciones dominicanas y de Amnistía Internacional, un nuevo crimen salvaje de la DGM ha estremecido al país. Ocurrió en Verón, Punta Cana, donde vienen perpetrándose toda clase de crímenes racistas, incluyendo golpizas, robos y tiroteos, como parte de las detenciones masivas y arbitrarias de trabajadores haitianos y sus familias con fines de expulsión. El pasado 5 de abril irrumpieron los esbirros de la DGM devastando a la comunidad, aterrorizando a las personas al estilo de la Banda Colorá y los paleros trujillistas. En medio de un allanamiento ilegal, como los cientos que se realizan cada semana, abusaron sexualmente de una niña de 14 años de edad.

El gobierno emitió una declaración intentando lavarse las manos ante el crimen. Sin embargo, apenas un día antes del crimen, el ministro de la Presidencia Igor Rodríguez alegaba que el gobierno no tomaría en cuenta la opinión de Amnistía Internacional porque su política de deportaciones masivas se fundamentaba en un supuesto ejercicio de soberanía. De haberse eliminado los allanamientos sin orden judicial y las detenciones migratorias ilegales de personas menores de edad, cumpliendo con la Ley 285-04 y lo exigido por organizaciones del país desde hace años, este crimen aberrante no habría ocurrido.

“Brutalmente la violaron, nosotros con los familiares estamos demandando a la unidad de migración, especialmente la gente que no solo consumó el hecho, después que la dejan desgarrada, triste, vuelven y la buscan, se la llevan para Benedicto y la amenazan de muerte, le dicen que si dice algo la van a matar”, explicó Santiago Molina, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de República Dominicana (CNDH-RD), al hacer la denuncia formal del crimen ante la PGR. Molina declaró a la agencia EFE que son frecuentes las violaciones de mujeres y niñas haitianas por parte de los agentes pero no se denuncian por miedo. La impunidad otorgada a la DGM por la PGR subordinada al gobierno ha agravado la situación.

En las redes sociales ha aumentado la frecuencia de las denuncias de crímenes racistas por parte de agentes represivos, incluyendo intentos de asesinato con armas de fuego, o el presunto asesinato de un bebé en Los Platanitos, Higüey. Todo esto luego de que el gobierno rechazara considerar las exigencias de Amnistía Internacional y otras organizaciones, lo que podría indicar una escalada de violencia racista de carácter retaliativo y con fines de propaganda electoral, para concitar el apoyo de sectores de extrema derecha.

Como en los contextos más cruentos de la guerra, las mujeres y niñas haitianas o de origen haitiano están siendo abusadas como parte de la campaña de la DGM para aterrorizar a esta laboriosa comunidad. El racismo rampante del gobierno cuenta con el silencio de sectores autodenominados «progresistas» con representación en el Congreso. No obstante, ha generado indignación en comunidades populares en las que se reconoce la injusticia contra la población migrante haitiana y sus descendientes, así como cualquier persona negra perfilada racialmente como «sospechosa» por las autoridades. En el mes de marzo, trabajadores del transporte y otros comunitarios repelieron con piedras y botellas un ataque de los esbirros de la DGM en Cristo Rey, en el Distrito Nacional, cuando los agentes golpeaban a un trabajador haitiano.

¿Miles de «casos aislados»?

La respuesta del gobierno ante la inocultable violencia racista y criminal de la DGM es afirmar que se trata de casos aislados, como aseguró recientemente el embajador dominicano ante la OEA, Josué Fiallo, en una audiencia de la CIDH en noviembre de 2023, en la que tuvo que admitir la deportación de más de 2,200 mujeres embarazadas entre los años 2021 y 2023.

La violencia sexual está menos documentada que otras violaciones a los derechos humanos y frecuentemente no es denunciada. Sin embargo, en septiembre de 2023 se conoció el caso de la mujer haitiana Stephy Graph, quien luego de ser detenida por un supuesto visado falso fue abusada sexualmente por agentes represivos en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). La PGR no ha publicado información sobre este caso y si hay condenas o juicios en curso.

La mujer dominicana negra, Cristina Martínez Lorenzo, apresada el 20 de septiembre del 2023 en base al perfilamiento racial durante un operativo de la DGM en el hospital de San Cristóbal fue desterrada ilegalmente. Aprovechando su condición de salud mental, los agentes la detuvieron y desterraron. Sus familiares denunciaron que fue abusada sexualmente y posiblemente estaba embarazada. Tampoco se conoce de procesados ni condenados por este caso.

El gobierno derechista del PRM ha dado continuidad a una política de persecución racista que procura mantener los altos niveles de opresión y explotación de la comunidad inmigrante haitiana, para beneficio de los capitalistas dominicanos y de otros países radicados en República Dominicana, tanto en la agroindustria como en la construcción y el área de servicios. En algún momento al Estado dominicano le tocará rendir cuentas al mundo sobre el régimen de apartheid que está construyendo para privar de todo derecho político, económico y social a las personas inmigrantes haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana.