La Voz de los Trabajadores

Fotografía: Micelly Díaz

En una nota de prensa del 19 de julio de 2022, el jefe del Comité de Medios y Arbitrios del Congreso de Estados Unidos, Earl Blumenauer, y Dan Kildee, co-presidente del Grupo parlamentario del Azúcar, informaron que una comisión investigadora encontró evidencias de trabajo forzado en la industria azucarera dominicana. Los congresistas constataron las terribles condiciones de vida y de trabajo existentes en los bateyes, especialmente en Central Romana, de la familia cubano-americana Fanjul, y que una “cultura del miedo permea la industria, donde supervisores de la compañía, guardias armados y funcionarios de un sindicato no representativo vigilan a los trabajadores tanto en los campos de caña como en los bateyes”. Mencionaron que los trabajadores fueron amenazados para que no hablaran con la comisión parlamentaria.

Agregaron que hay más de 135 mil personas dominicana de ascendencia haitiana desnacionalizadas por el Estado dominicano y que la situación migratoria de miles de trabajadores de la industria azucarera con décadas en el país no ha sido regularizada, lo que los hace vulnerables a abusos laborales y trabajo forzado. Pero a contracorriente de todas sus denuncias, los congresistas expresaron apoyo al gobierno de Abinader, a quien atribuyeron intenciones de reforma y una supuesta declaración de que la economía no progresará si no se reconocen los derechos de los trabajadores. Incluso hablaron de una supuesta lucha contra la corrupción y llamaron al gobierno de Biden a que continúe fortaleciendo sus lazos con Abinader.

En resumidas cuentas, los congresistas no descubrieron nada que no haya sido denunciado desde hace décadas por activistas y defensores de derechos humanos, nada que no sea ampliamente conocido dentro y fuera del país. Como muchas otras comisiones estadounidenses en el pasado, reconocieron que persiste el trabajo forzado en la industria azucarera en perjuicio de trabajadores haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, pero apoyaron al mismo gobierno que impone esas condiciones de superexplotación, de la mano con explotadores estadounidenses como los Fanjul, propietarios de Central Romana.

Históricamente, el gobierno de EEUU ha sido cómplice y promotor de los abusos laborales en la industria azucarera dominicana, desde la primera invasión estadounidense, hace un siglo. Desde 2011 existe una denuncia presentada por el cura católico Cristopher Hartley ante el Departamento del Trabajo de EEUU sobre trabajo forzado en la industria azucarera dominicana, en violación de los términos del acuerdo de libre comercio DR-CAFTA, pero no se ha impuesto sanción alguna. Desde 2013 se envían comisiones a constatar las condiciones laborales. A pesar de las declaraciones hipócritas y contradictorias que resultan de esas visitas, los capitalistas azucareros en República Dominicana siguen gozando de la mayor cuota de importación con aranceles preferenciales en EEUU. Las exportaciones de azúcar cruda de República Dominicana alcanzaron los 113 millones de dólares en 2020. Más de dos tercios de las importaciones estadounidenses de azúcar con aranceles preferenciales provenientes de República Dominicana han sido provistas por Central Romana.

El corrupto lobby azucarero, que paga más de 10 millones de dólares anuales tanto al partido republicano como al partido demócrata, además de los intereses geopolíticos del imperialismo estadounidense, que mantiene una relación de dominación semicolonial con la República Dominicana, mantienen inalterados los privilegios comerciales de las empresas que exportan azúcar a EEUU.

Reportajes ponen en evidencia la complicidad estadounidense

En 2021 el escándalo de los Pandora Papers reveló que el presidente Luis Abinader tiene una fortuna millonaria en paraísos fiscales para pagar menos impuestos y ocultar nexos de negocios, y que paraísos fiscales en EEUU son el destino de fortunas producidas con mano de obra semiesclava en la industria azucarera dominicana, como es el caso de la herencia de la familia del político racista y antiguo ejecutivo de Central Romana, Carlos Morales Troncoso.

Un reportaje premiado de Mother Jones y Reveal mostró que la refinería de azúcar ASR Domino en Baltimore procesa azúcar cruda enviada por Central Romana, unas doscientas millones de libras anuales, y provee azúcar refinada a marcas como Hershey. Así, la industria estadounidense de los dulces se hace cómplice y beneficiaria de la actividad de emporios azucareros que ejercen un control territorial paramilitar en vastas zonas de República Dominicana, funcionando como un Estado dentro del Estado. Ni las empresas ni el Estado pagan pensiones a los cañeros, pese a descontarles sus aportes a la seguridad social por décadas. Los trabajadores reciben alrededor de tres dólares por tonelada de caña cortada, son expuestos a agrotóxicos mortales sin la debida protección, son sometidos a desalojos violentos y arbitrarios en los bateyes y hasta se les niega la posibilidad de tener sembradíos de subsistencia en los terrenos donde viven precariamente, generalmente sin servicios de luz y agua.

En noviembre Central Romana desalojó a unas 230 personas del Batey Hoyo de Puerco y lo demolió, poco antes de la visita de una comisión del gobierno estadounidense. En octubre, demócratas del Comité de Medios y Arbitrios habían pedido a Biden investigar el tráfico humano, trabajo forzado e infantil, condiciones peligrosas de trabajo y otras violaciones laborales en la industria azucarera de República Dominicana. Ese es el marco de las más recientes visitas de los comisionados del Congreso estadounidense, que sin embargo no son nuevas ni han cambiado nada en más de una década de supuestas investigaciones.

Políticos y empresarios racistas en defensa de la semiesclavitud

Los capitalistas azucareros y sus políticos no tardaron en responder a Blumenauer y Kildee. Central Romana Corporation de los cubano-estadounidenses Fanjul, el Consorcio Azucarero de Empresas Industriales de la familia oligárquica dominicana Vicini, y el Consorcio Azucarero Central bajo el poder de capitalistas dominicanos y guatemaltecos, publicaron un aviso pagado afirmando cumplir con “indicadores de derechos humanos” de la ONU y la OIT y realizar “importantes acciones de responsabilidad social que se ven reflejadas en las condiciones de vida de su personal agrícola”. “Nos complace saber que la delegación de los congresistas norteamericanos comparte nuestras mismas intenciones, junto al gobierno dominicano, de proteger los derechos de los trabajadores agrícolas”, agregan cínicamente. Más allá de la torpeza, cinismo y nerviosismo que refleja, el comunicado también evidencia que estas empresas cuentan con la impunidad que les otorga el gobierno y el silencio cómplice de los medios de comunicación privados nacionales.

Senadores de derecha también salieron en defensa de la superexplotación. Bautista Rojas Gómez de la Fuerza del Pueblo se quejó de un supuesto “irrespeto a la soberanía” y dijo no tener “una actitud esclavista” (sic). José del Castillo del PLD urdió una teoría conspirativa al hablar de una “agenda… en contra el país” que atribuyó a competidores latinoamericanos y asiáticos por la cuota azucarera dominicana en EEUU, pero sin mencionar a ninguna empresa o país, y de un supuesto interés de eliminar las cuotas de importación en ese país. En realidad a la industria estadounidense le beneficia realizar importaciones a bajo costo con aranceles preferenciales. La senadora Ginette Bournigal del oficialista PRM, fue más lejos y además de negar la superexplotación en la industria azucarera también negó que hubiera personas apátridas en República Dominicana. Bournigal es conocida por su fanatismo antidemocrático: propuso un proyecto de ley para rebautizar el Teleférico de Puerto Plata con el nombre del dictador Joaquín Balaguer. El dirigente del PLD, Domínguez Brito, ex Ministro de Trabajo, aseguró que el trabajo forzado no existe en ningún ramo de la economía dominicana. En realidad, está documentada la existencia de trabajo forzado no solo en la industria azucarera, también en la construcción, el comercio, el trabajo doméstico y varios rubros agrícolas del país.

Es la hora de la solidaridad

En febrero de este año, Abinader decretó un aumento del salario mínimo para los trabajadores agrícolas de la industria azucarera. El Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST) y la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC) alertaron que el decreto no beneficiaría a la mayoría de los trabajadores, quienes dependen de pagos a destajo por tonelada de caña cortada. En el mismo sentido, exigieron que se aumentara el pago de la tonelada a por lo menos 580 pesos (equivalentes a casi 11 dólares por tonelada, actualmente se paga poco más de 3 dólares por tonelada). “La lucha contra la semiesclavitud, precarización y superexplotación, por salarios dignos, libertad sindical, pensiones, acceso a salud, vivienda digna, y una jornada laboral de 8 horas continúa. Actualmente se trabajan jornadas de hasta 14 horas… Con la solidaridad del movimiento obrero dominicano, caribeño y estadounidense, así como de los movimientos antirracistas, es posible arrancarle mayores conquistas a este gobierno”, expresaron en una declaración conjunta.

Pero Abinader no se ha limitado a medidas efectistas para hacer relaciones públicas. También ha pasado a la ofensiva, suspendiendo el pago de 379 pensiones a trabajadores cañeros retirados haitianos que habían logrado el reconocimiento de ese derecho bajo gobiernos anteriores.

En noviembre del año pasado, el MST exigió “la confiscación de la fortuna de Morales Troncoso y que se destine a pagar indemnizaciones a los cañeros y a las comunidades de los bateyes… (al gobierno de) EEUU que cese su complicidad con la semiesclavitud en la industria azucarera dominicana, condicionando la continuidad de la cuota azucarera de importación a tasa preferencial al respeto a los derechos humanos, la libertad sindical y los derechos laborales de los cañeros y demás trabajadores de la industria azucarera”.

En la actual coyuntura, la atención internacional se ha colocado nuevamente sobre las condiciones laborales inhumanas de la industria azucarera dominicana. Lamentablemente, los sectores de la centroizquierda dominicana presentes en el Congreso, no han aprovechado sus espacios de representación para amplificar las denuncias de los trabajadores de la industria azucarera haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana.

Sin embargo, existe una creciente unidad de acción de organizaciones antirracistas dominicanas y de la diáspora haitiana, que en articulación con las organizaciones de trabajadores cañeros como la UTC, así como las organizaciones sindicales, antirracistas y de izquierda estadounidenses y de otros países, pueden impulsar una campaña internacional en solidaridad con los trabajadores de la industria azucarera, por salarios dignos, libertad sindical, seguridad social, regularización migratoria, acceso a la salud y la educación, restitución de la nacionalidad dominicana a los trabajadores dominicanos de ascendencia haitiana desnacionalizados en 2013, entre otras exigencias. Un esfuerzo de esas características puede, junto a la lucha de los propios trabajadores de la industria azucarera, derrotar la explotación semiesclavista.