La Voz de los Trabajadores

(Foto: Salwan Georges)

En Octubre se publicaron varios reportajes a partir de la filtración de los Pandora Papers. No solo recayó la atención sobre mandatarios como el presidente Abinader, que colocó millones de dólares en paraísos fiscales, evitando así pagar los impuestos sobre patrimonio existentes en la República Dominicana y ocultando sus vínculos de negocios. También llamaron la atención las fortunas generadas por la superexplotación de mano de obra inmigrante haitiana en la industria azucarera dominicana, en condiciones de semiesclavitud y con una activa complicidad estatal. El escándalo fue tal que llevó a que legisladores estadounidenses a exigir al gobierno de Biden que se revise el trato privilegiado brindado a los capitalistas azucareros basados en la República Dominicana.

El escándalo de los Pandora Papers subrayó, aunque ya era conocido, que Estados Unidos, pese a su retórica hipócrita contra los paraísos fiscales, tiene regímenes fiscales que convierten a Alaska, Wyoming, Delaware, Nevada, New Hampshire y South Dakota en paraísos fiscales.

Uno de los Trusts cuya documentación fue filtrada es Trident Trust. Esta entidad trabajó con un lavador de dinero de la droga colombiano, un industrial que incurrió en superexplotación de trabajadores rurales en Brasil, y miembros de la familia de Carlos Morales Troncoso, ex presidente de Central Romana. De acuerdo con el análisis realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, de 206 trusts estadounidenses, una treintena tiene vínculos con empresas acusadas de fraude, soborno o violaciones a los DDHH.

Familiares de Carlos Morales Troncoso crearon trusts con Trident en el estado de South Dakota por un monto de 14 millones de dólares. La fortuna familiar estuvo en otro paraíso fiscal, Las Bahamas, hasta 2019, cuando ese país aprobó legislación que requiere que se declare la propiedad de ciertos trusts. Ese año se trasladó el dinero, fruto de la superexplotación de trabajadores mayoritariamente haitianos hacia los EEUU. La Procuraduría General de la República de República Dominicana no ha abierto ninguna investigación para determinar si una parte de esta fortuna proviene de la corrupción.

Morales Troncoso, capitalista explotador y político racista

Morales Troncoso, fallecido en 2014, presidió las operaciones entre 1974 y 1984 las operaciones azucareras de Gulf and Western Industries. La empresa cambió de dueños y de nombre en 1984, convirtiéndose en Central Romana. Dirigente del derechista PRSC, entre 1986 y 1994 fue vicepresidente de Balaguer y canciller entre 2004 y 2014, durante los gobiernos del PLD de Leonel Fernández y Danilo Medina.

Gulf and Western Industries fue denunciada ante la ONU por prácticas esclavistas y tráfico humano contra trabajadores haitianos por la Sociedad Antiesclavista para la Protección de los Derechos Humanos, cuando Morales Troncoso presidía las operaciones azucareras de la empresa. Luego de abandonar sus puestos gerenciales para cumplir funciones de gobierno, siguió siendo un importante accionista de Central Romana.

En 2006, cuando se promovió una investigación parlamentaria en EEUU sobre violaciones a los derechos laborales en la industria azucarera dominicana, Morales esgrimió la no injerencia en los asuntos internos para defender la violación de los derechos de los trabajadores. Luego de las expulsiones de decenas de familias de sus viviendas en un batey por parte de Central Romana, en 2016, funcionarios de la ONU llamaron al Estado dominicano a intervenir para proteger los derechos humanos de los trabajadores haitianos. El llamado fue ignorado por el gobierno del PLD. Por los mismos desalojos, en 2020 se realizó una demanda judicial contra Central Romana y Fanjul Corp. en Florida, actualmente en proceso de apelación.

La complicidad del gobierno de EEUU

Como consecuencia de la publicación en el Washington Post de un reportaje sobre la fuga de capitales obtenidos mediante de la superexplotación de trabajadores haitianos en la industria azucarera dominicana, quince miembros del Congreso estadounidense pidieron en una declaración conjunta que el gobierno de Biden investigue las “condiciones inhumanas” de trabajo. Citaron una investigación del Departamento del Trabajo de EEUU que encontró evidencia de bajos salarios, trabajo infantil y pésimas condiciones de alojamiento y atención médica.

En los más de 400 bateyes del país, donde viven alrededor de 200 mil personas, la mayoría de las viviendas no tienen suministro de agua, intalaciones sanitarias o electricidad. Aproximadamente la mitad de los bateyes se encuentran en tierras del Consorcio Estatal del Azúcar. Mientras tanto, los capitalistas azucareros de República Dominicana se benefician con la mayor cuota estadounidense para la importación de azúcar cruda a tasa preferencial, un 17% de las importaciones azucareras que realiza EEUU bajo esta modalidad. Central Romana es el mayor productor. La empresa es propiedad de cubanos-estadounidenses de Florida, el Grupo Fanjul, vinculados tanto a la derecha conservadora republicana como a la derecha liberal demócrata. El Consorcio Azucarero de Empresas Industriales, del Grupo Vicini, es el segundo mayor productor de azúcar del país.

Los cañeros reciben pagos miserables de 175 pesos por tonelada de caña. Son sometidos a jornadas de 12 horas de trabajo en las que pueden producir entre dos y tres toneladas por trabajador. Las empresas realizan fraudes en el pesado de la caña y descuentan a los trabajadores pagos para seguridad social y seguro médico, a los cuales no tienen acceso. El actual gobierno, como parte de su ofensiva racista incluso ha dejado de pagar cientos de pensiones a cañeros que habían recibido pensiones en gobiernos anteriores. A veces los supervisores del CEA pagan la caña cortada no por peso sino por hectárea, generando márgenes de explotación aún mayores. Los cañeros no cuentan con equipos protectores, ni siquiera para la fumigación con herbicidas tóxicos. En ocasiones son las empresas que venden la caña a los centrales azucareros las que superexplotan a los trabajadores. Actualmente la Unión de Trabajadores Cañeros lucha por un aumento a 510 pesos por tonelada de caña cortada.

El Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores exige la confiscación de la fortuna de Morales Troncoso y que se destine a pagar indemnizaciones a los cañeros y a las comunidades de los bateyes. Asimismo llama al movimiento antirracista, las organizaciones de trabajadores y la izquierda de EEUU a solidarizarse con esta exigencia. Esos sectores pueden jugar un rol importante exigiendo al gobierno de EEUU que cese su complicidad con la semiesclavitud en la industria azucarera dominicana, condicionando la continuidad de la cuota azucarera de importación a tasa preferencial al respeto a los derechos humanos, la libertad sindical y los derechos laborales de los cañeros y demás trabajadores de la industria azucarera.