La Voz de los Trabajadores

Foto: Jorge González

Una investigación de La Voz de los Trabajadores desde Ciudad Juan Bosch y en base a testimonios directos de trabajadores de la construcción y residentes, personas dominicanas y haitianas, ha permitido desvelar importantes aspectos hasta ahora ocultos sobre la represión gubernamental y las acciones de grupos fascistas, alentados por el discurso y la ofensiva del gobierno a partir del 18 de mayo.

18 de mayo: protesta de trabajadores dominicanos y haitianos

En los últimos meses, políticos derechistas y comunicadores convirtieron a la comunidad inmigrante de Ciudad Juan Bosch en uno de los focos de sus diatribas xenófobas. Ciudad Juan Bosch es un núcleo residencial que refleja tendencias más generales del país, como la presencia de trabajadores haitianos en el sector de la construcción y la presencia de una pequeña comunidad de residentes inmigrantes de diversas nacionalidades. Un censo realizado por una comisión presidencial publicado en junio de 2020, y citado en un informe de la Fundación Zilé, indica que hay una población de alrededor de 12 mil personas en Ciudad Juan Bosch, de las cuales solo el 12% son extranjeros, provenientes de Haití y 25 otros países.

La protesta del miércoles 18 de mayo, protagonizada por los trabajadores de la constructora Bisonó, fue precipitada por el intento de la DGM de realizar una redada con fines de extorsión, aprovechando el reciente pago de la quincena. No fue una agresión de trabajadores haitianos contra agentes de la DGM sino una protesta defensiva de trabajadores tanto haitianos como dominicanos. La versión de la «agresión» se impuso porque la prensa se limitó a difundir la versión gubernamental, expresada por el director de la DGM, Enrique García. Según este funcionario, los trabajadores haitianos de la construcción en Ciudad Juan Bosch “se congregaron en una banda”.

Entrevistamos a cuatro trabajadores de la constructora Bisonó, quienes desmintieron al gobierno. Estos testigos de primera línea de la represión y la protesta de los días 18 y 19 de mayo confirmaron de manera independiente que el miércoles a primeras horas de la mañana se realizó un gran despliegue de DGM con apoyo de la Policía Nacional (PN) para detener arbitrariamente a alrededor de 40 trabajadores de la constructora Bisonó. Este grupo, integrado por trabajadores haitianos y dominicanos, logró con su movilización y su protesta frustrar las detenciones arbitrarias, habitualmente acompañadas del robo de bienes y dinero por parte de los agentes policiales y migratorios.

Los trabajadores, cuyas identidades no divulgamos para no exponerlos a la represión del régimen, explicaron que es una práctica común de los agentes migratorios detener arbitrariamente a todos los trabajadores de piel oscura, tengan o no papeles, para extorsionarlos, exigiendo un pago por su liberación.

En semanas recientes trascendieron casos de robos, maltratos y torturas a inmigrantes haitianos por parte de agentes de la DGM en Jarabacoa y Haina, así como el asesinato de un trabajador haitiano en Las Matas de Farfán. Ante las agresiones físicas iniciadas por policías y agentes de la DGM contra los trabajadores en Ciudad Juan Bosch, estos pasaron a defenderse, en algunos casos lanzando piedras. Lo decisivo fue la superioridad numérica obrera, lograda por la solidaridad entre trabajadores dominicanos y haitianos, que se unieron para impedir una nueva violación de sus derechos humanos. Los miembros de la DGM y de la desprestigiada PN, acostumbrados como están a humillar a los trabajadores inmigrantes haitianos, fueron sorprendidos por la resistencia obrera y tuvieron que huir.

La prensa y el gobierno ocultaron la participación de trabajadores dominicanos en la protesta, quienes incluso estuvieron entre los detenidos. También circuló la falsa información de que la protesta obrera ocurrió frente a una escuela y que esa fue la razón por la que se retiraron los represores.

Este tipo de protesta con participación de trabajadores dominicanos y extranjeros no es un hecho inédito. En los años 2018 y 2019 hubo protestas de trabajadores dominicanos y brasileños de la construcción de la planta de Punta Catalina, en las que también enfrentaron, con piedras, los disparos y bombas lacrimógenas de la policía y los militares. La diferencia es que en aquel momento no hubo una campaña de agitación racista como la de ahora contra los trabajadores haitianos.

19 de mayo: el gobierno lleva a cabo un escarmiento racista y antiobrero

El jueves en la mañana, la DGM lanzó un nuevo operativo ilegal, esta vez con la participación de cientos de agentes policiales y militares, incluyendo unidades SWAT, Unidad Topo, y efectivos de la Armada. El gobierno descargó todo su odio contra los trabajadores, saturando el aire con bombas lacrimógenas y regando de balas los edificios en construcción. Más de diez trabajadores fueron gravemente heridos al ser apaleados y recibir heridas de bala. Los esbirros además quemaron varias casuchas en las que los trabajadores depositan sus herramientas de trabajo, sacos de arroz y otros alimentos, dinero, ropa, y otras pertenencias.

En un video del ataque de ese día, mientras se escuchan decenas de disparos, la persona que graba arenga a la policía al grito racista de “saquen a esos malditos morenos de ahí”.

Pero el ataque no se limitó a los trabajadores de la construcción. Entre las 6 y las 10 de la mañana los represores arremetieron contra los residentes de Ciudad Juan Bosch, deteniendo arbitrariamente a todas las personas negras que pudieron. Numerosos trabajadores y residentes detenidos mostraron a la prensa los documentos que acreditaban su residencia legal. Algunos eran detenidos arbitrariamente a bordo de las unidades de la OMSA. Otros en allanamientos ilegales a sus apartamentos, en los que los agentes aprovecharon para saquear bienes y dinero. Según testimonios de residentes de Ciudad Juan Bosch, uno de los residentes fue extorsionado para que pagara 15 mil pesos para soltarlo, pese a tener sus papeles en regla.

Muchas de las denuncias las realizan residentes dominicanos que reconocen que existe una sana convivencia con los residentes haitianos, por lo que rechazan las acciones brutales del gobierno. Incluso la prensa privada recoge testimonios sobre la ausencia de conflictividad entre residentes de distintas nacionalidades en Ciudad Juan Bosch.

El gobierno asegura que hubo 385 detenciones ese día en Ciudad Juan Bosch, aunque trabajadores y residentes estiman una cifra no superior al centenar. En su comunicado del 19 de mayo, la DGM anunció que escalarían los ataques a la comunidad inmigrante, al amenazar con enfrentar “en todos los terrenos el vandalismo de extranjeros”, empleando su típica retórica derechista.

El 24 de mayo se realizó un nuevo operativo ilegal de la DGM, policías y militares. Cuando el activistas de derechos humanos Roudy Joseph acudió al lugar a filmar las violaciones de derechos humanos, fue detenido arbitrariamente, pese a mostrar los documentos que certifican su residencia legal en el país. Los agentes represivos borraron fotos y videos que había captado con su celular, para eliminar evidencias de sus delitos.

Un gobierno que viola los derechos humanos, las leyes dominicanas y los tratados internacionales

En el primer trimestre del año, el gobierno realizó más de 23 mil deportaciones hacia Haití, incluyendo centenares de mujeres embarazadas e infantes, violando la propia ley de migración vigente, la 285-04. Las deportaciones masivas son consideradas violaciones a los derechos humanos, de ahí que el gobierno dominicano niega su realización ante instancias internacionales. Por ejemplo, el embajador dominicano ante la OEA compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 17 de marzo de este año y aseguró que no se ejecutan en el país “arrestos indiscriminados ni deportaciones masivas”. Pero el propio gobierno de Abinader desmiente a sus representantes en el exterior. El gobierno ha publicitado sus acciones en Ciudad Juan Bosch, en un intento por distraer la atención pública de la crisis económica y social, reflejada durante el mes de mayo en apagones eléctricos masivos y de larga duración, así como un exasperante aumento en los precios de los alimentos.

El gobierno no hace ningún esfuerzo por ocultar el carácter racista de su política migratoria. El director de la DGM admitió el año pasado que hay discriminación y que el trato brindado a la inmigración haitiana es totalmente diferente al dado a la inmigración venezolana o colombiana. Según cifras gubernamentales, se han realizado más de 248 mil deportaciones de personas haitianas entre los años 2017 y 2021, y solo 309 de personas venezolanas, la segunda comunidad inmigrante más numerosa en el país, con más de 115 mil inmigrantes. De igual forma, existe un plan especial de regularización para inmigrantes provenientes de Venezuela, mientras que la regularización para los inmigrantes haitianos está congelada.

Han sido documentados numerosos casos de personas dominicanas atacadas por los agentes de la DGM por ser negras y ser confundidas con personas haitianas.

El gobierno y los medios de derecha envalentonan a los neonazis y trujillistas

La represión y el discurso xenófobo y racista oficial alimentaron la difusión de discursos de odio por parte de la ultraderecha. En el marco de los operativos ilegales de la DGM, algunos medios privados difundieron mensajes racistas y conspiracionistas afines a la “teoría del reemplazo” que ha motivado varios ataques terroristas por parte de supremacistas blancos en EEUU y otros países. Según estas falsas teorías, estaría en curso un plan para reemplazar la población nativa por inmigrantes y fusionar a los dos Estados que comparten la isla. En el caso de Noticias SIN, este medio fue más lejos al difundir abiertamente propaganda fascista, como el llamado del activista domínico-estadounidense Manny Solano a expulsar en 48 horas a todos los trabajadores haitianos de Ciudad Juan Bosch, presentándolo falsamente como representante de residentes de la zona.

CDN también publicó un artículo en el que se afirma como un hecho la supuesta “invasión”, falsa teoría que remite a la “invasión pacífica” que esgrimió la dictadura trujillista al ejecutar la masacre de 1937: “El mal de la invasión de ciudadanos haitianos en la Ciudad Juan Bosch viene desde sus inicios en el primer cuatrienio del ex presidente Danilo Medina”. El artículo lleva la firma de David Ruíz Pérez.

En el caso del Listín Diario, su editorial del 19 de mayo no solo equipara a los trabajadores de la construcción haitianos con las bandas armadas del vecino país, repitiendo la definición lanzada por el director de la DGM, sino que emplea los códigos neonazis y trujillistas de manera abierta al hablar de “los peligros que acechan a un país sistemáticamente infiltrado y ocupado por extranjeros sin identidad”.

En ese marco, no es sorprendente que pequeños grupos fascistas realizaran llamados a invadir apartamentos, secuestrar inmigrantes y otras acciones terroristas. Ante el fracaso de la convocatoria del 22 de mayo, realizada por el grupo de Manny Solano autodenominado “Movimiento no tenemos miedo”, a la que solo asistieron 15 personas, los fascistas solicitaron ser escoltados por un número similar de miembros de la PN. Con apoyo policial, hostigaron y amenazaron de muerte a varios residentes de Ciudad Juan Bosch, incluyendo a dos afroestadounidenses, a quienes creyeron haitianos por el color de su piel.

El grupo paramilitar Antigua Orden Dominicana (AOD), también de orientación neonazi y trujillista, convocó asimismo a un ataque el día 29 contra Ciudad Juan Bosch. El 25 de mayo, difundieron fotografías de una reunión de fascistas de varias organizaciones con el director de la DGM, en octubre de 2020, asegurando que se había realizado una nueva reunión para solicitar participar en los actuales operativos anti-haitianos. No está claro si hay acuerdos entre la DGM y la AOD o su alcance, sin embargo la realización de estas reuniones ratifica la existencia de sectores trujillistas y de extrema derecha dentro del gobierno del PRM, quienes no solo apoyan la brutal política racista de Abinader sino que aspiran a profundizarla incluso más, coordinando esfuerzos con grupos paramilitares.

Organizaciones populares y de izquierda rechazan el racismo oficial

Ante esta ofensiva del gobierno y las organizaciones neofascistas, organizaciones populares y de izquierda han respondido. La Coordinadora Popular Nacional responsabilizó, en una declaración publicada el 23 de mayo, al presidente Abinader ante “cualquier incidente violento motivado por el odio racista que puedan protagonizar estos grupos de ultraderecha en las próximas semanas en Ciudad Juan Bosch en contra de inmigrantes o personas dominicanas de tez negra”. “El pueblo dominicano en su enorme mayoría no es racista ni fascista, desea vivir sin apagones, sin inflación, sin alto costo de la vida, sin megaminería, y en paz y armonía con las comunidades inmigrantes de distintas nacionalidades. No permitiremos que se usen la xenofobia y el racismo para buscar chivos expiatorios y distraernos de la grave crisis económica y social que atravesamos”, finaliza su declaración.

Por su parte, 24 organizaciones sociales, antirracistas y de izquierda emitieron una declaración en la que afirman que “(los) actuales crímenes del gobierno contra la comunidad inmigrante no lograrán tapar, como pretende Abinader, los demás graves problemas económicos y sociales que padece el pueblo dominicano. Como país que tiene más de dos millones de personas viviendo en el extranjero, conocemos de primera mano la discriminación por nacionalidad y raza hacia las personas emigrantes. Y como pueblo de mayoría afrodescendiente, somos más quienes apostamos a una República Dominicana donde podamos vivir sin discriminación ni odio por nuestros rasgos ni el color de nuestra piel”.