Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

Luego de una intensa campaña a favor del proyecto minero en San Juan y de un gran despliegue represivo al servicio de la minera canadiense Gold Quest, el gobierno derechista de Luis Abinader se vio obligado a retroceder ante la fuerza de la movilización popular. Más de tres años de lucha, incluyendo una huelga regional el 27 de abril, dieron sus frutos. Luego de la gran marcha del 3 de mayo, y a pesar de la represión desplegada por la ministra Raful y Abinader, el gobierno tuvo que anunciar el 4 de mayo la suspensión de las actividades de exploración minera adelantadas por la empresa imperialista. Se trata de una contundente victoria del pueblo de San Juan que demuestra que es posible doblarle el brazo a este gobierno depredador y entreguista. Es el momento de extender la lucha al resto del país para detener más de una docena de proyectos de saqueo minero y depredación que amenazan la salud y el bienestar de todo el pueblo dominicano.

En su discurso anunciando la suspensión de las actividades mineras en San Juan, el presidente Abinader intentó lavarse las manos, alegando que se trataba de un proyecto de gobiernos anteriores al suyo. Si bien las licencias de exploración en la región se iniciaron durante los gobiernos entreguistas del PLD, tan corruptos y saqueadores como el actual del PRM, el gobierno de Abinader siguió adelante con el proyecto, obligando al pueblo de San Juan a movilizarse en defensa de sus derechos desde el año 2022. Abinader incluso emitió un engañoso decreto para renovar una supuesta comisión para impulsar el desarrollo de la provincia el mismo 27 de abril en que se realizó una huelga general regional contra la depredación minera, tratando de restarle fuerza a la lucha anti-minera, en el marco de discursos que condicionaban la inversión estatal en San Juan a que el pueblo aceptara el saqueo por parte de la Gold Quest.

La derrota sufrida por la megaminería imperialista y el gobierno de Abinader fue resentida también por el empresariado nacional, agrupado en el CONEP, que criticó la suspensión del proyecto. Medios afines al gobierno del PRM, como Acento, se quejaron amargamente del desenlace de la lucha, considerando la decisión del gobierno de suspender el proyecto como «precipitada». Según un editorial de Acento, el pueblo de San Juan se habría movilizado «empleando la violencia», de manera irracional, sin contar con evidencias de que la minería contamine, incluso planteó que «las voces de los promotores del proyecto no fueron escuchadas». Pero no se puede tapar el sol con un dedo: la suspensión de este proyecto depredador fue el resultado de años de lucha, años en los cuales decenas de bocinas repitieron como loros los argumentos de Gold Quest y del gobierno.

La marcha del 3 de mayo coronó años de lucha contra el saqueo minero en San Juan. De nada le sirvieron al gobierno las amenazas de estrangulamiento presupuestario si no se entregaba la provincia a los intereses mineros, tampoco funcionaron las promesas de inversión en supuestos planes de desarrollo, tampoco la violencia policial y militar.

El gobierno y sus cómplices están acostumbrados a hacer falsas consultas comunitarias para validar sus proyectos, ignorando la oposición popular a sus acciones depredadoras del ambiente. En cuanto a las evidencias del carácter destructivo de la megaminería del oro, el pueblo conoce de sobra la estela de muertes y destrucción en Cotuí. Lo importante es que el triunfo en San Juan sirva de impulso para enfrentar también a la Unigold y Barrick, que pretenden explotar yacimientos en Dajabón que destruirían el río Artibonito, del que dependen tanto la República Dominicana como Haití. Otras empresas imperialistas favorecidas por el gobierno entreguista del PRM son CORMIDOM, de capital chino y Falcondo, de capital estadounidense. Todas estas empresas han dejado un legado de destrucción ambiental y violaciones a los derechos laborales, con la complicidad de un gobierno que les otorga exenciones tributarias y subsidios de todo tipo.

Las concesiones otorgadas por el gobierno amenazan la soberanía alimentaria y el derecho al agua de millones de personas. En Pedernales el gobierno también explora conjuntamente con Estados Unidos los yacimientos de tierras raras. Incluso se ha autorizado la exploración minera de decenas de localidades de las provincias de Puerto Plata y Santiago, en la cordillera Septentrional, con miras a su futura explotación. El gobierno también intenta que empresas transnacionales exploten petróleo costa afuera, y ya ha delimitado once bloques para su exploración, entregando licencias en dos de ellos, sin importarle el impacto de estas explotaciones en la crisis climática o el riesgo de derrames petroleros para las costas desde La Romana hasta Santo Domingo.

Estamos ante uno de los gobiernos más entreguistas y saqueadores de nuestra historia: es violento cuando se trata de reprimir a las comunidades populares, a la comunidad inmigrante y a la clase trabajadora, pero dócil y sumiso ante las exigencias yanquis y de las grandes empresas imperialistas.

Es el momento de que se convoque a una jornada nacional de lucha contra el saqueo minero en la República Dominicana, una gran movilización al Palacio Nacional, y si el gobierno persiste en sus proyectos de saqueo minero, realizar una gran paralización nacional, siguiendo el ejemplo de San Juan. Esa es la hoja de ruta para triunfar, le corresponde a las organizaciones populares, sindicatos y gremios, organizaciones ambientales y sociales, articularse nacionalmente y convocar grandes jornadas nacionales de lucha, en las que digamos a una sola voz:

¡Fuera las megamineras imperialistas de República Dominicana!