Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

En el marco de la conmemoración de los 60 años del ajusticiamiento de Trujillo, el presidente Abinader decretó que el 30 de mayo sea conmemorado cada año como Día de la Libertad. El sábado 29 se inauguró la exposición “1961: el año de la libertad” en la Plaza de las Américas del Centro de los Héroes, y el discurso del presidente se centró en la personalidad del dictador. No se mencionaron las instituciones a través de las cuales gobernó o sus alianzas con sectores de la burguesía nacional, la Iglesia Católica y el imperialismo estadounidense.

Abinader reconoció el racismo de Trujillo pero no mencionó directamente la masacre de 1937 ni a sus víctimas, principalmente trabajadores y campesinos haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana. Una de las principales críticas a Trujillo fue el haberle cedido “miles de kilómetros cuadrados de nuestro territorio” a Haití. Al hablar de “gobiernos fallidos, tutelados por potencias extranjeras” luego de Trujillo, y de la ocupación militar del 65, no mencionó a EEUU. Al hacer referencia a los “doce largos años de represión”, no mencionó al dictador Balaguer.

Abinader consideró que quienes liquidaron al dictador nos legaron “una República Dominicana libre y democrática”, y que las elecciones de 1962 “dieron inicio al Estado social y democrático que hoy disfrutamos”. Luego de “largos años”, según el relato del presidente, hubo una “reconciliación” que permitió a los dominicanos abrazarse “cada uno desde su espacio ideológico”. En este idílico desenlace de todas maneras reconoció que falta erradicar males heredados de la dictadura “como la corrupción, la violencia o la impunidad”.

Este tibio discurso no fue mucho más lejos que el de Leonel Fernández exactamente diez años antes. El entonces presidente, al conmemorar los 50 años del ajusticiamiento de Trujillo, asistió a la inauguración del Museo de la Resistencia. También habló de la “libertad” de la que gozamos, los cambios demográficos, la persistencia de la pobreza. Pero tanto Fernández como Abinader y los demás gobiernos del período posterior a la dictadura de los doce años de Balaguer han sido cómplices de que persistan importantes lacras trujillistas.

Actualmente el leonelismo, representado por el senador de la Fuerza del Pueblo por San Cristóbal, Franklin Rodríguez, está a favor de construir un museo de homenaje a Trujillo. El PRD, antecesor del PRM, encabezó la iniciativa de declarar al presidente títere trujillista y posterior dictador, Balaguer, como “padre de la democracia”, un verdadero insulto a la memoria de miles de víctimas de sus crímenes de Estado. En abril de este año murió tranquilamente en total impunidad Santiago Cruz Valerio, uno de los asesinos de las hermanas Mirabal. Tres meses antes de eso, ante la muerte del esbirro Pérez y Pérez, protagonista de la represión de 1965 contra los constitucionalistas y luego pieza clave de la dictadura balaguerista, el ministro de la Defensa de Abinader elogió su “exitoso legado militar”.

La memoria histórica no se honra con discursos ambiguos como el de Abinader, mucho menos cuando no van acompañados de acciones. Es una vieja deuda del Estado dominicano la conformación de una Comisión de la Verdad independiente, que realice un informe riguroso acerca de la responsabilidad del Estado dominicano en los asesinatos, desapariciones forzadas y torturas por razones políticas desde Trujillo hasta la actualidad, que culmine con una disculpa oficial y el pago de reparaciones, así sea simbólicas, a las víctimas. Que se establezcan responsabilidades por crímenes como la masacre racista y genocida de 1937, la masacre contra los campesinos de Palma Sola, los asesinatos de opositores como Manolo Tavárez, Francisco Alberto Caamaño, Amín Abel Hasbún, o periodistas como Orlando Martínez, Gregorio García Castro y Narciso González “Narcisazo”, entre tantos otros. El rol de las instituciones militares y policiales, las alianzas de  grupos empresariales extranjeros y nacionales, el gobierno de EEUU y la Iglesia Católica con el régimen trujillista y el balaguerismo también merecen ser reconocidos oficialmente.

Pero todavía eso sería insuficiente si no se toman medidas para librarnos del pestilente legado trujillista. Así como se eliminó el nombre de Trujillo y sus familiares de instituciones, lugares públicos y obras de infraestructura, se debe derogar la declaratoria de Balaguer como padre de la democracia y eliminar su nombre de los lugares públicos. Es imprescindible avanzar hacia la conquista de la libertad sindical, severamente restringida por el régimen político actual, en el cual juegan un rol nefasto los dirigentes sindicales gobierneros y patronales.

El Concordato entre el Estado dominicano y la Iglesia Católica es un documento despreciable, reflejo de la alianza entre la Iglesia y la dictadura, y es una vergüenza que siga vigente. Abrir paso a una separación clara entre el Estado y las iglesias es una tarea destrujillizadora, íntimamente ligada a la conquista de derechos democráticos como el derecho al aborto y a la educación sexual y reproductiva.

Es imprescindible una revisión del destino que han tenido las tierras y propiedades de Trujillo que pasaron al Estado dominicano y que por mecanismos corruptos terminaron nuevamente privatizados, en manos de la burguesía. Los robos de bienes públicos no pueden quedar en la impunidad. Hay que recuperarlos.

El desmantelamiento de la Policía Nacional, con su estructura militarizada, sus métodos represivos y corruptos cubiertos de impunidad, es otra tarea pendiente. La supuesta reforma policial en curso va en la dirección contraria a este objetivo, pues no apunta a disminuir el poder de la institución policial sino a aumentarlo.

El desconocimiento de la concesión otorgada por Trujillo a Falconbridge en 1955 también es fundamental, especialmente a la luz de las actuales luchas contra la depredación ambiental que llevan a cabo las megamineras imperialistas como Barrick Gold. Es absurdo que los medios privados hagan un escándalo por un canal de riego en Haití con aguas del Río Masacre mientras guardan un silencio cómplice con las megamineras imperialistas que vulneran la soberanía y destruyen los ríos dominicanos, consumiendo cantidades mucho mayores de agua que podrían destinarse a la agricultura.

El racismo institucionalizado es otra herencia del trujillismo, fervorosamente cultivada por el actual gobierno. Además de establecer una conmemoración anual oficial de la masacre de 1937, hay que restablecer la nacionalidad a las personas dominicanas de ascendencia haitiana afectadas por la sentencia 168-13, ilegal y violatoria de los derechos humanos. Debe terminarse con el apartheid de vacunas contra la comunidad inmigrante y la superexplotación de los trabajadores inmigrantes. Otorgar las pensiones a los cañeros y cancelar el proyecto corrupto y xenófobo del muro fronterizo, entre otras expresiones institucionales de odio racista que deben terminar.

La destrujillización tiene ese contenido concreto. El actual gobierno, integrado por miembros de la cúpula empresarial, aliado a las iglesias y subordinado a EEUU, por más que se rodee de asesores de imagen “progresistas” que intenten lavarle la cara, no tiene la intención de avanzar en estas tareas. Así como las masas chilenas en rebelión en 2019 levantaron la consigna “Acabar con su legado, será nuestro legado”, en referencia a Pinochet, somos las generaciones jóvenes en República Dominicana las que, con nuestra movilización y sobre todo con la organización política independiente de la clase trabajadora y las comunidades populares, honraremos a la resistencia y a las víctimas de Trujillo, ajusticiando su legado político.