La Voz de los Trabajadores

Foto: Desalojo en La Victoria, Santo Domingo Norte, mayo 2021

A pesar de que la economía dominicana creció 12.3% en 2021, para alcanzar un nivel mayor en un 4.7% al de 2019, y que el crecimiento para este año se proyecta en más del 5%, este crecimiento no ha beneficiado al conjunto del pueblo trabajador sino que ha ampliado el abismo de la desigualdad capitalista entre explotadores y explotados. 

Crece el hambre

Distintas fuentes constatan el mismo fenómeno. Según una vocera del Programa Mundial de Alimentos, estudios de esta institución evidenciaron que la inseguridad alimentaria extrema casi se triplicó, pasando de 1% a 2.7%, mientras que la inseguridad alimentaria moderada subió de 19.5% a 35%, entre 2020 y 2022. Se trata de 290 mil personas con inseguridad alimentaria extrema. El Estudio Multidimensional de la República Dominicana realizado por la OCDE indica que la pobreza aumentó de 20.9% en 2019 a 23.8% en 2021, mientras que la pobreza extrema subió del 2.6% al 3.1% en el mismo período. Un estudio del BID sobre las perspectivas de la seguridad alimentaria mostró que la desnutrición subió a 6.7% entre 2019 y 2021. Para junio de 2021, 30% de las personas dominicanas no pudieron comer de forma saludable por falta de recursos. En abril-mayo de 2021, a 76.8% de las personas encuestadas les preocupó no tener suficientes alimentos en su hogar. Un 36% se veía en la obligación de reducir la cantidad de comida consumida y el 25% incluso tuvo que disminuir las comidas diarias.

El gobierno favoreció a los capitalistas importadores con un arancel cero por seis meses para la importación de productos relacionados con la alimentación, pero esto no detuvo la alta inflación en los alimentos. La canasta familiar nacional en noviembre de este año se situó en 42.799,60 pesos. Mientras que en 2021 la inflación fue de 8.5%, para este año se proyecta en 7.2%, pero en los alimentos fue aún mayor. Varios alimentos presentaron inflación en dobles dígitos. 

Tal es la debacle social, que 1.65 millones de hogares dependen del ínfimo subsidio de 1650 pesos mensuales de la tarjeta denominada “Supérate”. Aunque el gobierno presente esta cifra como un éxito, en realidad es la confirmación de su completo fracaso.

En aspectos como el déficit de vivienda, la situación también ha empeorado por la decisión del gobierno de minimizar la construcción de viviendas de interés social y maximizar los desalojos y demoliciones de viviendas en zonas populares, aumentando la precariedad y la pobreza.

Aumenta la explotación

Al hecho de que más del 57% de las personas trabajadoras están en el sector informal, se suma que muy pocos trabajadores tienen salarios que alcancen el monto de la canasta familiar. Alrededor del 74% de los trabajadores ganaron 30 mil pesos mensuales o menos, y el salario promedio en septiembre de 2022 fue de apenas 30,153 pesos. El 37% de los trabajadores formales ganaron 15 mil pesos mensuales o menos, según cifras de la propia Tesorería de la Seguridad Social. Y estas cifras se refieren a los trabajadores formales que cotizan a la Seguridad Social, los salarios de los trabajadores precarizados son incluso más bajos.

En agosto de 2020, el salario promedio era de 25,568 pesos y la canasta familiar nacional se ubicaba en 36,083 pesos. De tal forma que, según las cifras del Banco Central, el salario promedio cubría menos del 71% de la canasta familiar. Dos años después, esa proporción se mantiene igual.

El salario real está estancado. Esto quiere decir que los pequeños aumentos decretados por el gobierno o concedidos por los empresarios apenas compensan la inflación acumulada. Pero esto no es una tendencia nueva, ya que lo mismo ocurría en el gobierno del PLD. Pero dado el aumento de la productividad del trabajo, esto delata que aumenta la explotación.

Ante la ausencia de libertad sindical, los salarios tienden a ubicarse en torno a los mínimos legales, ya que es imposible realizar una negociación colectiva de las condiciones salariales. Y los salarios mínimos impuestos por el gobierno son bajísimos. Por ejemplo, el salario mínimo promedio de hoteles, bares y afines, es de 11,383 pesos mensuales, en las zonas francas es de 11,500 pesos y de 10 mil pesos en las instituciones del gobierno central.

Como hemos visto, el gobierno tiene incidencia directa sobre dos aspectos cruciales como lo son la fijación de los salarios mínimos y la ausencia de libertad sindical. A esto se suma la persecución racista de los trabajadores de origen inmigrante haitiano, que se traduce en un agravamiento de su superexplotación. En todas estas políticas, el gobierno de multimillonarios de Luis Abinader no hace otra cosa que promover los intereses de su propia clase en detrimento de los intereses de la clase trabajadora.

Política tributaria al servicio de los ricos

Pero hay más. La política tributaria del gobierno del “cambio” es tan regresiva, o sea que cobra más impuestos a los que menos tienen para favorecer a los ricos, que su principal instrumento de recaudación es el ITBIS. Al mismo tiempo, se aumentaron las exenciones tributarias a los capitalistas en 2023 a la astronómica cifra de 310 mil millones de pesos. Para hacernos una idea de lo que este subsidio significa, es más del doble del presupuesto de Salud. En vez de cumplir con la inversión en salud que ordena la ley, el gobierno subsidia a los capitalistas, mientras culpa a la comunidad inmigrante de supuestamente consumir recursos sanitarios.

Otra decisión con la que el gobierno profundiza la injusticia del esquema tributario es la de no ajustar la escala salarial del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que está congelada desde 2017, pese a la alta inflación acumulada en estos seis años. El gobierno de Abinader ha tomado esta decisión, abiertamente violatoria de las leyes, para mantener en 34.735 pesos mensuales el piso salarial para el pago del 15% de Impuesto Sobre la Renta. ¡En 2023, muchas empresas no pagarán este impuesto pero sí lo pagarán personas cuyos salarios ni siquiera cubren el monto de la canasta familiar!

El diputado José Horacio Rodríguez planteó aplicar lo previsto en el Código Tributario vigente y elevar a 46.467 pesos el piso para el pago del ISR. El PRM, con un solo voto disidente, votó en bloque contra la propuesta. Por nuestra parte consideramos que es necesaria una reforma tributaria progresiva que eleve a 100 mil pesos mensuales el ingreso para el pago del ISR, eliminando las exenciones tributarias a los capitalistas. También es imprescindible cobrar un impuesto a quienes sacan sus fortunas a paraísos fiscales, como el propio presidente Abinader.

Endeudamiento al servicio de los ricos

Otra tendencia del período peledeísta que se ha mantenido y agravado con el gobierno perremeísta es la del crecimiento del endeudamiento estatal, pero no para atender ninguna urgente necesidad social sino para los negocios capitalistas y la corrupción. Entre 2000 y 2017 la economía creció a 4.9% anual y la deuda externa creció de 18% a 49% del PIB. Como es sabido, gran parte de este endeudamiento engordó las arcas de los corruptos y se usó para negocios como el de Punta Catalina. Ahora el gobierno perremeísta no solo sigue pagando esa deuda de origen fraudulento, previendo pagar unos 148 mil millones de pesos este año por ese concepto, sino que aumenta el endeudamiento innecesariamente para favorecer a los capitalistas del sector financiero.

En el presupuesto del 2023 está previsto un endeudamiento de 363 mil millones de pesos. Gran parte del endeudamiento en que ha incurrido el gobierno de Abinader se ha empleado para depositar esos fondos en el sistema financiero. Así, ha llegado a acumular 409 mil millones de pesos en el sistema bancario, pero contrario a toda racionalidad, no se desacelera el ritmo del endeudamiento. 

Es recurrente la práctica de no ejecutar las partidas presupuestarias de los ministerios y presentar esa subejecución como “ahorro”. Luego una parte de estos “ahorros”, que en realidad se obtienen mediante un recorte de las necesarias inversiones sociales, en educación, de infraestructura, etc., se emplean para fines repudiables como el pago de 410 millones de dólares a las concesionarias de la Autopista de Samaná y el Boulevard Turístico del Atlántico, las de la famosa estafa del “peaje sombra”.

¿Cómo revertir esta situación?

El gobierno de multimillonarios PRM es la continuidad económica de los nefastos gobiernos neoliberales del PLD. La campaña por una seguridad social digna es parte de la lucha contra ese modelo. También es urgente movilizarnos contra la creciente desigualdad económica. Necesitamos construir un nuevo movimiento sindical dominicano, democráticamente desde las bases, sin burocracias al servicio de los patronos y el gobierno, e impulsar una campaña nacional por el aumento general de salarios y una reforma tributaria progresiva.

También necesitamos organizarnos políticamente en un partido de la clase trabajadora, sin corruptos, capitalistas, conservadores o racistas. Una organización sin ningún compromiso con el régimen antidemocrático actual, y dotado de un programa al servicio de los intereses de la clase trabajadora, que es la clase mayoritaria. El Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST) trabaja en esta dirección, pero para lograrlo es necesario articular en una organización política los esfuerzos de todas las personas que coinciden con la necesidad de construir un futuro más digno, justo y libre para la República Dominicana.