Lucía Matos

El 21 de febrero se transmitió en cadena de radio y televisión un acto religioso en el Palacio Nacional a cargo de miembros de iglesias evangélicas y la iglesia católica en la que se declaró a la República Dominicana como “nación de dios”. La actividad fue organizada por el Coordinador del Gabinete de la Familia y enlace entre las iglesias evangélicas y el Gobierno, Dío Astacio. También estuvo impulsada por el pastor Miguel Vásquez, quien desde hace dos décadas realiza anualmente una especie de paro patronal o lock-out religioso en la ciudad de Nagua, durante el cual se paralizan las actividades educativas, comerciales y productivas para la realización de actividades religiosas. También estuvo presente el embajador de Israel, Estado teocrático y colonialista enclavado en el territorio palestino.

Esta proclamación simbólica es peligrosa, pues envalentona a los sectores evangélicos y católicos que quisieran imponer un régimen teocrático en la República Dominicana, aún más con el carácter oficial que le confirió el gobierno de Abinader al emplear espacios del Palacio Nacional y darle difusión, lo cual nunca debió suceder.

Si bien cada grupo religioso tiene derecho a realizar sus actividades y cada persona puede abrigar creencias religiosas diversas en libertad, ni esos grupos ni los funcionarios del gobierno tienen el derecho a imponer sus creencias particulares utilizando el poder y la autoridad estatal.

Lamentablemente no hay una verdadera separación entre el Estado y la Iglesia en nuestro país. El Estado dominicano sigue reconociendo la validez del Concordato firmado por la dictadura genocida de Trujillo y sus aliados de la Iglesia Católica, en 1954. Ninguno de los gobiernos de la democracia burguesa, del PLD o el PRD desconoció un aberrante documento que compromete al Estado a reconocer a la religión católica como oficial y a reconocerle “prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina” (!).

Según el Concordato, el Estado dominicano reconoce a la iglesia católica como una “sociedad perfecta”(!), a los sacerdotes se les exime de pagar impuestos, tampoco se gravan los bienes de la Iglesia. Incluso se acordaba prohibir el divorcio de personas que contrajeran el matrimonio católico, elemento que ha sido superado en los hechos. Se establece el libre acceso de sacerdotes a escuelas, hospitales, cárceles y otros establecimientos públicos, e incluso se considera prioritaria la designación de religiosos para dirigir dichos establecimientos. Se establece la orientación doctrinaria católica de la educación pública y la educación religiosa obligatoria a cargo de docentes aprobados por la Iglesia. Las instituciones educativas a cargo de la Iglesia no pueden ser fiscalizadas por el Estado pero sus títulos deben ser reconocidos oficialmente.  Se debe garantizar el acceso de sacerdotes a medios del Estado para exponer “la verdad religiosa” (?).  Y, como no podía faltar, se compromete el Estado a financiar la iglesia católica.

Desde el MST exigimos que se ponga fin al Concordato y se garantice la verdadera igualdad y libertad religiosa, que solo es posible con la separación total de las iglesias y el Estado. Esta es otra tarea pendiente de la inconclusa destrujillización de la República Dominicana.