Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

Foto: Abinader inaugurando en marzo de 2021 Il Lago Beach & Golf Cap Cana, del Consorcio Remix

El presidente Abinader celebró el 9 de diciembre que llegó a un “acuerdo amigable” para pagar 410 millones de dólares a las empresas colombianas Grupo Odinsa, Grodco e Ingenieros Civiles, y la dominicana Consorcio Remix, concesionarias de la Autopista de Samaná y el Boulevard Turístico del Atlántico, dando así por concluida la concesión y supuestamente ahorrando gastos mayores al Estado. Según el presidente, esos 410 millones de dólares equivalen a lo que se habría pagado en 4 años y 4 meses bajo el acuerdo del peaje sombra. Aunque el gobierno diga que se ahorraron 1.5 mil millones de dólares en relación a lo que se habría pagado en los próximos 18 años, lo concreto es que el acuerdo viene a garantizar enormes ganancias a empresas que tienen años robando al Estado dominicano con la complicidad de funcionarios corruptos. Nada que se deba celebrar.

“Hemos pagado el mal acuerdo que otros hicieron… hemos pagado cada año miles de millones de pesos por un contrato injusto y perjudicial para nuestro país”, admitió el presidente el 27 de febrero de este año. Pero pocas semanas después, el presidente Abinader participó en la inauguración de Il Lago Beach y Golf Cap Cana, del Consorcio Remix, empresa que participó en el negocio del peaje sombra. Lo que ahora hace el gobierno es premiar a los concesionarios pagándoles más de 23 mil millones de pesos al tipo de cambio actual. ¿Además de este pago, se les garantizó impunidad, que no habría acciones legales contra ellos? Si hubiera oposición en el Congreso, exigiría que se haga público el texto íntegro del “acuerdo amistoso”.

En su discurso de febrero, Abinader se refirió al peaje sombra como “infame” y dijo que le buscaría “solución” por vías legales. El gobierno contrató al abogado Emmanuel Esquea para analizar el contrato. Esquea concluyó que se había realizado un fraude, pues los anexos al contrato no fueron aprobados por el Congreso y se falsificó una gaceta oficial para incorporarlos de manera fraudulenta. El gobierno, sin embargo, ignoró esta conclusión y optó por no denunciar el contrato fraudulento.

Entre 2008 y 2020, según Abinader, se habría pagado 463 millones de dólares para cubrir los ingresos mínimos pactados con las concesionarias, mucho más que el costo total de los dos tramos de la obra, de 305 millones de dólares, monto del cual las empresas colombianas cubrieron el 80%. De mantenerse el acuerdo en su modalidad original hasta 2038, el costo de la obra lo habría pagado el Estado seis veces, según el presidente. Pero al sumar los 410 millones de dólares a lo pagado previamente vemos que se termina pagando el triple del costo de la obra, en base a un contrato fraudulento, y eso sin contar los ingresos de las empresas por el cobro íntegro de los peajes entre 2008 y 2021.

Historia de un robo impune

En 2001 Miguel Vargas, a nombre de la Secretaría de Estado de Obras Públicas, firmó el contrato original por un monto de 125.5 millones de dólares, con una duración de 33 años, incluyendo los tres años en los que debía ejecutarse la obra. Los empresarios colombianos financiarían la mayor parte de la inversión en la obra y obtendrían sus ganancias con la concesión del peaje y el mantenimiento de la carretera. La cláusula del peaje sombra, incorporada de manera fraudulenta, significaba que el gobierno pagaría la diferencia si la recaudación de los peajes no alcanzaba un mínimo acordado. Ya estaba en el primer contrato y se ratificó en las actas firmadas en 2005 y 2006 durante el gobierno de Leonel Fernández.

Nada bueno podía augurar el esquema privatizador impulsado por Hipólito y Leonel, ahora también abrazado por Abinader bajo la fórmula de las llamadas “alianzas público-privadas”. Hubo corrupción y fraude en el cálculo del tránsito que se estimaba que atravesaría los peajes bajo la concesión entregada, y en consecuencia los pagos compensatorios, de peaje sombra, fueron elevadísimos. El estudio de tráfico estimaba que solo se pagaría peaje sombra entre 2008 y 2015, lo cual resultó evidentemente falso.

Otros involucrados en esta trama corrupta fueron Freddy Pérez y Víctor Díaz Rúa, secretarios de Obras Públicas entre 2004 y 2012.

¿El crimen sí paga?

No hay nada qué celebrar. Según el gobierno, los 410 millones de dólares se pagarán con presupuesto no ejecutado del año 2021 y con endeudamiento externo. ¿Endeudarnos para pagar a ladrones? La subejecución de los presupuestos de salud y educación también constituye una forma de ajuste y de recorte presupuestario encubierto. Debemos rechazar el “acuerdo amistoso” que premia a los saqueadores y exigir que se publiquen los documentos firmados por ambas partes, en su totalidad. Este acuerdo se suma a negociaciones lesivas para el interés público realizadas por este gobierno, como los 13 mil millones de pesos que el ministro Fulcar acordó pagar al PNUD por supuestas “asesorías”, gastos opacos como el de la verja fronteriza, declarado secreto de Estado, así como la llamativa impunidad del ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, cuya vinculación con obras cuestionadas ha salido a la luz durante juicios por corrupción contra ex funcionarios de gobiernos del PLD, pero no ha sido investigado.

No más pagos para los ladrones. Cárcel ya para los políticos corruptos y los capitalistas que participaron en esta monumental estafa y que devuelvan las ganancias obtenidas mediante el crimen.