La Voz de los Trabajadores

Foto: Edu Botella. Protesta antirracista en Murcia, 2021.

Sábado, 6 de agosto, 5 de la tarde. A bordo de un autobús de la OMSA, el ultranacionalista Rodolfo Ramón Lorenzo asesina a puñaladas a un hombre indefenso, porque cree que es haitiano. La víctima, Pascual Salas, dominicano de 46 años y padre de cinco hijos, había tomado el autobús desde Santo Domingo Oeste rumbo a San José de Mendoza, en Santo Domingo Este, para visitar a unos familiares. La República Dominicana es un país de mayoría afrodescendiente, pero Pascual Salas fue asesinado por el color de su piel.

Pocas horas antes y a pocos kilómetros del lugar del crimen, una movilización fascista se había dirigido al Parque Independencia, encabezada por el Instituto Duartiano, una institución estatal. El manifiesto leído al finalizar la marcha calificaba la inmigración haitiana como una «ocupación» y apoyaba las políticas del gobierno de Abinader, especialmente sus deportaciones masivas, la construcción de un muro fronterizo y su exigencia de mayor intervención imperialista en Haití. La marcha a su vez había sido antecedida por el asesinato del joven haitiano Georges Clairinor, en Pedernales por parte de un agente de la Dirección General de Aduanas.

Un crimen racista que las autoridades intentaron ocultar

Pese a la gravedad del crimen, en el contexto de una intensificación de la agitación fascista, a pocas horas de una marcha que exigió la limpieza étnica en el país, no solo expulsando a los inmigrantes haitianos sino avanzando aún más en la desnacionalización de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, las autoridades han intentado ocultar el carácter terrorista del ataque. La familia de la víctima emitió una nota de prensa exigiendo una respuesta oficial ante el crimen y denunciando que se le negaba el acceso al video de seguridad donde estaba registrado el ataque; sólo entonces la OMSA emitió un extraño comunicado, cuatro días después de los hechos. Ocultando el contenido racista del crimen, el comunicado asegura que el asesino «sacó un arma blanca de su cintura cuando discutían supuestamente por un tema referente a los haitianos». La dirección de la OMSA concluye su nota llamando «a mantener la calma y la cordura, y evitar la violencia verbal o física sin importar la circunstancia, ya que cualquier situación puede manejarse con el diálogo». La mayoría de los medios de comunicación replicaron la versión oficial acerca de un crimen originado por una discusión sobre «los haitianos».

Esta versión fue echada por tierra por el testimonio de Elida Martínez, hermana de Pascual Salas. Martínez denuncia que el asesino es un militar retirado, cuyo hijo es militar activo, y que presuntamente había asesinado con anterioridad a varias personas de nacionalidad haitiana, de manera impune. «No puedo creer que las autoridades saquen a un animal así a la calle», expresó Martínez a propósito de la impunidad que ha favorecido al asesino. «Mi hermano es de tez oscura (…) Él [Rodolfo Ramón Lorenzo] tiene no sé qué en contra de los haitianos y pensaba quizás que mi hermano era un haitiano (…) [Rodolfo Ramón Lorenzo dijo]: estos malditos haitianos».

Los familiares de la víctima exigen que la OMSA les entregue el video de seguridad del autobús para verificar la veracidad de versiones que circulan entre testigos de que el asesino alegó haber sido pisado por Salas; que ningún pasajero en el autobús auxilió a Pascual Salas y que el chofer cerró las puertas de la unidad al hacer una parada de emergencia para llamar a la policía, momento en el que el asesino remató a la víctima. Los familiares afirman que la OMSA les ha prometido entregar el video dentro de varios meses, lapso que consideran inaceptable.

En el velorio de Pascual Salas se dieron grandes expresiones de solidaridad de la comunidad, donde era muy apreciado. El asesino por su parte estuvo detenido en Los Mina y después fue trasladado a Monte Plata, donde cumplirá los tres meses de prisión preventiva, dictados por la Oficina de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo.

La propaganda fascista propicia el terrorismo individual

El gobierno derechista de Luis Abinader es el mayor promotor de las teorías conspirativas neotrujillistas al exhortar de manera insistente a EEUU y a la Unión Europea a intervenir en los asuntos internos de Haití y alertar de una supuesta intención de «la comunidad internacional» de imponer una «solución dominicana a la crisis haitiana». Además, describe a la comunidad inmigrante como una «carga» y lleva a cabo deportaciones masivas y detenciones arbitrarias, en cuyo marco se realizan torturas y ejecuciones. Estas políticas también afectan a las personas dominicanas negras, que son frecuentemente víctimas de detenciones arbitrarias por parte de la Dirección General de Migración.

La prensa nacional también difunde de manera cotidiana teorías conspirativas de de corte fascista, como la de una supuesta promoción por parte de EEUU y otros países industrializados de un «reemplazo de población» que amenazaría la existencia misma de la nación dominicana. Apenas un día antes de la marcha fascista y el asesinato de Pascual Salas, un periódico nacional publicó un artículo en el que se invocaba un «movimiento patriótico que librará el último combate para liberarnos de las huestes de Haití, aunque tenga que derramar su sangre generosa para defender nuestra Patria herida por unos tres millones de intrusos».

Los fascistas en la práctica prefieren derramar la sangre de otros, y cuando el gobierno y los principales medios reafirman sus convicciones terroristas, además gozando de la impunidad que les brinda una justicia autodenominada independiente, están dadas toda las condiciones para crímenes como el del 6 de agosto, cuya intención es aterrorizar a la comunidad inmigrante haitiana y a las personas dominicanas negras.

También hay que tomar en cuenta la agitación fascista llevada a cabo en la propia marcha del 6 de agosto, que tuvo como centro los discuros de odio contra la comunidad inmigrante haitiana. Los ejes del discurso racista y fascista en la convocatoria a la marcha y en su manifiesto son los mismos que han inspirado actos terroristas en EEUU, donde el terrorismo de ultraderecha es el que ha cobrado más víctimas en los últimos veinte años, así como en Noruega, Nueva Zelanda, Alemania y otros países. En República Dominicana el propio gobierno promueve esos argumentos y la Procuraduría General de la República, tanto en la gestión de Jean Alain Rodríguez como la de Miriam Germán, ha brindado impunidad a la ultraderecha. Una mezcla peligrosa que alienta el terrorismo racista.

Video: Testimonio de Elida Martínez