La Voz de los Trabajadores

El domingo, 5 de diciembre, se movilizaron más de mil quinientas personas en Santo Domingo en defensa del derecho a la salud, ante los ataques por parte de un gobierno que profundiza el modelo privatizador y tiene previsto un gran recorte presupuestario para el próximo año, de aproximadamente un 16%. Actualmente, el gobierno de Abinader invierte menos del 2% del PIB en salud, violando la propia ley 12-01 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que establece una inversión mínima anual de 4% del PIB.

La marcha partió del Parque Enriquillo y llegó al inicio del Paseo El Conde, frente al Parque Independencia. Fue convocada por la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), coalición que propone una reforma legal del sistema de salud y seguridad social por la vía de un «pacto político y social», aumentando progresivamente el presupuesto de salud hasta alcanzar el 4.5% del PIB en 2024, y que el 33% del presupuesto se invierta en atención primaria, entre otras medidas. Se repudió que los trabajadores sean víctimas de las ARS, al verse obligados a pagar por adelantado por servicios que luego no son cubiertos por las aseguradoras, ya que muchos servicios están excluidos del aseguramiento o requieren pagos adicionales. ADESA también repudió que se niegue la atención médica a la comunidad inmigrante haitiana, política que calificó de discriminatoria, ilegal y aberrante.

El gobierno favorece los negocios de las ARS e incluso les brinda subsidios en vez de invertir en la salud pública. Mientras tanto, la mortalidad materna e infantil sigue siendo terriblemente alta y miles de personas con afecciones de todo tipo no pueden atenderlas oportunamente debido al alto grado de privatización de la salud. Una de las pancartas reflejaba el rechazo a esta situación: «ARS y AFP: Asesinos, Ladrones y Estafadores».

La pandemia del covid19 subrayó la crisis de la salud pública y medidas del gobierno como restringir el acceso a las pruebas de detección de la enfermedad agravaron la situación. Recientemente, personas con VIH protestaron por la escasez de antirretrovirales, otro ejemplo del desastre al que conduce la política del gobierno.

Numerosas organizaciones sindicales, sociales y políticas participaron en la movilización. Más allá de las diferencias que existen sobre el modelo de salud que se propone en oposición al actual, y sobre la definición del «pacto político y social» que propone ADESA, la marcha fue una importante demostración de fuerza y sirvió para unir en la acción a numerosas organizaciones y activistas que rechazan los ataques del gobierno a la salud pública, defendiendo el acceso a la salud como un derecho.

También se destacó en la movilización la denuncia de la negación del derecho a la salud a la comunidad inmigrante. Centenares de mujeres inmigrantes han sido detenidas arbitrariamente en los hospitales y sus alrededores por policías, militares y agentes de la Dirección General de Migración en las últimas semanas, y el presidente Abinader ha insistido en que esta política continuará. Contra estas acciones, que recuerdan las épocas nefastas de Balaguer y Trujillo, en numerosos carteles se pudo leer «¡Las vidas haitianas importan!, «¡No a la violencia machista y racista del gobierno!», y «No a la deportación de mujeres embarazadas haitianas».