Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

El Consejo Económico y Social (CES) convocó a los partidos con representación en el Congreso a una reunión el 30 de agosto para iniciar un proceso de diálogo sobre las reformas anunciadas en el discurso presidencial del 18 de agosto. Hasta ahora lo que se conoce son las vagas intenciones expresadas por Abinader al presentar los 12 ámbitos en los que pretende realizar reformas, así como las medidas ya tomadas por el gobierno en esos ámbitos. El 15 de septiembre se realizará una segunda reunión, en la que se anuncia la participación del presidente Abinader. Debemos oponernos a lo que persigue esta maniobra, que es profundizar el ataque a los derechos del pueblo trabajador.

Bajo el título de “Transparencia e Institucionalidad” se impulsa una reforma constitucional para supuestamente establecer lo que el gobierno llama una “justicia independiente”. La “Reforma del Sector Eléctrico” en realidad ya está en curso con la firma del Pacto Eléctrico, de orientación privatizadora. Fue adoptado por el gobierno con el mismo contenido que el PRM venía rechazando desde la oposición. Su aprobación además fue fraudulenta, al firmarla un CES que no se conformó de acuerdo a la ley. La “Reforma del Agua” apunta en dirección similar a la del sector eléctrico, buscando aumentar el costo del servicio y su control por parte del sector privado, bajo el falso discurso de que es la única forma de ampliar el acceso a sectores de la población para los que actualmente es restringido.

La “Reforma de la Policía Nacional”, iniciada luego de escándalos por ejecuciones extrajudiciales, la encabeza FINJUS, una organización obsecuente, al servicio del gobierno y con una larga relación con los cuerpos policiales. No hay participación de las víctimas de la brutalidad policial y las familias de las personas asesinadas por la policía. Es una farsa. La “Reforma para la modernización del Estado” se refiere a la simplificación de trámites aduaneros y una mayor rapidez en la realización de trámites oficiales. La reforma denominada “Transformación digital”, referida al uso de tecnologías de la información, tendría que estar abarcada en la llamada modernización del Estado, pero está planteada de forma independiente.

De la “Reforma por la Calidad Educativa” y la “Reforma de la Salud y la Seguridad Social” no se han dicho más que generalidades. Actualmente en el Congreso se discute la reforma de la ley que rige la seguridad social. De la “Reforma del Transporte” solo ha dicho el gobierno que apunta a una “modernización”. En cuanto a la “Reforma de los Hidrocarburos”, desde febrero se habla de reformar la ley 112-00, resta saber qué cambios se pretenden incorporar.

Mediante la “Reforma Fiscal Integral”, se habla de crear impuestos nuevos, disminuir el peso de algunos actualmente existentes y también eliminar algunas exenciones. Ya el año pasado fracasaron los primeros intentos de ajuste fiscal, que apuntaban a castigar más a la clase trabajadora y sectores medios cobrando impuestos al uso de tarjetas de crédito o al bono navideño. Dado el insostenible ritmo de endeudamiento externo impulsado por Abinader, ahora se buscará que salga de los bolsillos del propio pueblo trabajador el pago de los servicios de deuda externa, manteniendo subsidios y exenciones de impuestos a los grandes capitalistas. Desde la izquierda venimos exigiendo la eliminación de las groseras exenciones fiscales a los capitalistas y hasta el Banco Mundial ha recomendado eliminarlas. Abinader ahora habla de eliminar algunas. El propio gobierno estima que el Estado dejará de percibir 217,480 millones de pesos este año por exenciones fiscales, más de la mitad por zonas francas y turismo. Pero lo que se quite en concepto de exenciones puede volver en la forma de subsidios. No se puede confiar en un gobierno en el cual la mayoría de los ministros son grandes empresarios, y donde el mismo presidente Abinader mantiene parte de su fortuna personal en paraísos fiscales.

La “Reforma Laboral” se anunció al lanzarse un “Pacto Social” en el mes de mayo, con el apoyo de los gremios empresariales y la burocracia sindical, que por cierto vio recientemente recompensados a sus dirigentes con pensiones de privilegio. Un premio por, entre otras cosas, nunca haber defendido en las calles el derecho a pensiones dignas para los trabajadores que dicen representar. Son burócratas sindicales que incluso se oponen al derecho a huelga.

Sectores empresariales han venido planteando en los últimos años su deseo de eliminar el pago de la cesantía e incluso aumentar la jornada laboral a 12 horas diarias, destruyendo conquistas históricas de la clase trabajadora. Esta reforma es una de las más peligrosas impulsadas por el gobierno de multimillonarios de Abinader.

También, a petición de varios partidos en la reunión del 30 de agosto, se incluyó en la agenda para la próxima reunión, a realizarse el 15 de septiembre, un nuevo tema: la reforma de la ley electoral, probablemente para pedir más dinero al Estado. Con lo que se estarían ahora considerando 13 temas.

¿Por qué nos oponemos a este diálogo de corruptos y capitalistas?

La mayoría de los miembros del CES son empresarios, con una minoría representada por la burocracia sindical pro patronal y otra pequeña minoría del “sector social”. Ninguna propuesta que beneficie al pueblo trabajador puede salir de esa instancia, dada su composición social. En cuanto a los partidos con representación en el Congreso, todos acogieron en la reunión del 30 de agosto la propuesta del gobierno, ¡antes de siquiera conocer su contenido! Al revisar su actividad legislativa se corrobora que ninguno ha presentado una oposición consecuente al gobierno. Algunos presentan diferencias de criterios en algunos aspectos parciales, pero han votado a favor de casi todos los proyectos de endeudamiento externo y las extensiones del Estado de emergencia, que ha sido la herramienta empleada por el gobierno para realizar miles de detenciones arbitrarias y avalar una corrupción masiva con el cobro de multas relacionadas con el toque de queda. Algunos de estos partidos han dicho que, aunque apoyan el endeudamiento externo fiscalizarán el uso de los recursos, pero esto tampoco es del todo cierto. Por ejemplo, el Muro fronterizo xenófobo se está ejecutando al amparo del secreto de Estado, sin que este escandaloso hecho haya sido debidamente confrontado en el Congreso o en las calles por ninguno de los partidos del sistema.

El dirigente de Alianza País, Guillermo Moreno expresó el 30 de agosto que “el espíritu que uno siente es que el diálogo es para avanzar”. Pero la pregunta clave es: ¿quién pretende avanzar, y en qué dirección? Es el gobierno, como representante de los intereses del gran empresariado, el que lanza una ofensiva que amenaza los derechos democráticos, sociales y económicos del pueblo trabajador dominicano. Lo que para ellos es avance para nosotros es retroceso. Por esa razón el diálogo no incluye una verdadera representación de las organizaciones sociales, feministas, ambientales, de la diversidad sexual, de la clase trabajadora.

Ahora bien, sería caer en una trampa pedir ser convidados al banquete de la burguesía, como lo han hecho algunas agrupaciones al notar el carácter excluyente del diálogo. Los sectores obreros y populares tenemos otra forma mucho más efectiva de hacernos escuchar: la movilización. Por eso debemos continuar en las calles, acompañando a los campesinos y las comunidades de Monte Planta que el 19 de septiembre marcharán al Palacio Nacional contra la megaminería de Barrick Gold, acompañando a los cañeros que luchan por sus pensiones pese a las mentiras del gobierno, acompañando al movimiento de mujeres y la comunidad LGBTQ+ que se oponen al código penal misógino y discriminatorio del PRM, FP y el PLD.

Fortaleciendo nuestras luchas unitarias y nuestra capacidad organizativa podemos derrotar las reformas antidemocráticas y regresivas que el gobierno pretende imponer mediante su diálogo, así como impulsar los verdaderos cambios de fondo que necesitamos.