Solicitan investigación de estafas en el Ingenio Barahona

Denuncia de la Articulación Nacional Campesina

Este jueves 10 de diciembre la Articulación Nacional Campesina (ANC) solicitó ante la Procuradora Doctora Miriam Germán Brito que se investigue al Ingeniero Virgilio Pérez Bernal, Presidente del Consorcio Azucarero Central (CAC) y al Licenciado Juan Francisco Matos Castaños antiguo Director Ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) como principales responsables de lo que consideran que ha sido una gran estafa contra el Estado Dominicano y la Región Enriquillo, con el manejo que se le ha dado al contrato de arrendamiento del Ingenio Barahona.

Los campesinos exigen la terminación inmediata de lo que llaman contrato-estafa y proponen que las tierras y demás activos del Ingenio Barahona sean gestionados de manera social por un Cooperativa de producción integrada por los trabajadores a beneficio de las comunidades y el desarrollo de la región más pobre de la Republica Dominicana integrada por las Provincias Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales.

Según varios documentos presentados junto a la denuncia depositada en la Procuraduría General de la República, los campesinos señalan un conjunto de irregularidades y situaciones dolosas que hacen insostenible el mantenimiento del referido contrato, según afirman. Entre las irregularidades señaladas mencionan que CAC duró 11 años sin pagar las cuotas de arrendamiento fijo y variables al CEA, que se le reconocieron inversiones falsas a los arrendatarios privados, se falsificaron los inventarios de los terrenos entregados en 100 mil tareas de tierra nacionales, entre otras acciones dolosas que no han podido ocurrir sin que los titulares del CEA durante varios años no hayan recibido ningún beneficio por ello.

La Articulación Campesina argumenta que el conjunto de irregularidades descubiertas y denunciadas convierten el contrato de arrendamiento del Ingenio Barahona en un documento legalmente nulo, por lo cual las organizaciones de trabajadores, campesinos, sociales y comunitarias de la Región Enriquillo desde ya se están preparando para movilizar las comunidades para recuperar los activos del Ingenio Barahona.

Exigieron de igual modo consecuencias penales para todos los responsables de estos actos, la suspensión del contrato de arrendamiento y la intervención del Ingenio con la designación de una comisión especial provisional por parte del poder ejecutivo, hasta tanto se esclarezcan los detalles de estos hechos y se regularice este patrimonio público a favor de la región más pobre del país, que ha sido según concluyen “vilmente estafada”.

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