Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

Mural: SpY

El mes de julio estalló un descontento largamente incubado en el seno del pueblo dominicano contra el gobierno empresarial, privatizador, antiobrero, racista y proimperialista de Luis Abinader. La inminente entrada en vigencia de un Código Penal antidemocrático, una reforma tributaria regresiva y las brutales ejecuciones de la Policía Nacional (PN) se convirtieron el la gota que derramó el vaso en un país en el que el salario real no crece y el costo de la vida agobia a la mayoría trabajadora. Mientras el gobierno roba salvajemente, como lo demostró el reciente escándalo de la corrupción en el SENASA, donde se robaron más de 50 mil millones de pesos defraudando el seguro público de salud, el pueblo está cada día peor. Hemos visto en las últimas semanas protestas contra la brutalidad policial en lugares como Herrera y San Cristóbal, así como cacerolazos, marchas y concentraciones, mientras el gobierno maniobra para descomprimir la situación y aplicar paños tibios que no atienden a las verdaderas causas del descontento.

Hay que disolver la Policía Nacional

Desde el año 2021, el gobierno de Abinader viene invirtiendo miles de millones de pesos en una supuesta «reforma policial«, con asesoría de algunos de los cuerpos policiales más corruptos y represivos de la región, cuyo resultado ha sido un aumento en las ejecuciones policiales en los últimos cuatro años, alcanzando en la actualidad una tasa de asesinatos por parte de la PN que supera la que existía en 2020, cuando Abinader llegó al poder. El 3 de julio, la PN ejecutó al joven Darlin Emmanuel Mercado, y el 16 de julio los familiares de Miguel Valenzuela denunciaron que fue torturado hasta morir mientras estaba detenido en San Cristóbal. En ambos casos se generaron importantes protestas contra los métodos represivos de este gobierno y su PN.

Debe recordarse que instituciones como FINJUS y personalidades como el locutor Ricardo Nieves participaron de la comisión presidencial para la reforma policial y han sido cómplices de esa monumental estafa política. Desde el MST siempre hemos sostenido que la PN debe ser disuelta, pues es una institución capitalista completamente podrida, ligada a las peores tradiciones dictatoriales y corruptas del país, lo que torna imposible reformarla. Es en este marco que debemos considerar las exigencias de la renuncia del jefe de la PN o de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful. No compartimos la posición del ex candidato a la vicepresidencia por el partido Opción Democrática, Ico Abreu, quien defendió a la ministra Raful, bajo el argumento de que las ejecuciones policiales son un problema anterior a su nombramiento en el cargo. Las violaciones a los derechos humanos bajo la gestión de Raful se han intensificado, al extremo de que se llevan a cabo rutinariamente detenciones ilegales de mujeres embarazadas inmigrantes en los hospitales y se permiten ataques paramilitares a movilizaciones de izquierda, como ocurrió en abril de 2025. La ministra y el jefe de la PN, Andrés M. Cruz, tienen una importantísima responsabilidad política por los crímenes de la PN y su destitución significaría un revés para el gobierno y su falsa «reforma policial». No obstante, poco se ganaría con su sustitución por funcionarios de similar orientación política. Lo fundamental es levantar con fuerza la exigencia de la disolución de la PN, dado su carácter criminal.

Necesitamos una reforma tributaria progresiva para disminuir los impuestos que paga la clase trabajadora y aumentar los que pagan los millonarios

Uno de los primeros escándalos de este gobierno fue el descubrimiento de que el presidente Abinader utilizaba paraísos fiscales para ocultar sus relaciones empresariales y no pagar impuestos, en la filtración conocida como los Papeles de Pandora. Resulta entonces que un gobierno cuyo jefe político utiliza paraísos fiscales, y que además otorgó en 2025 a la clase capitalista más de 383 mil millones de pesos en exenciones de impuestos, aplica mediante la Ley 30-26 una reforma tributaria regresiva para que quienes menos tienen paguen más y los que más tienen sigan evadiendo impuestos. La meta de la reforma es recaudar 40 mil millones de pesos, aproximadamente un 10% de lo que dejan de pagar los ricos.

El pretexto empleado por el gobierno para esta reforma tributaria fue el impacto económico de la guerra de EEUU e Israel contra Irán. Antes la excusa para las políticas antiobreras y antipopulares era la invasión de Ucrania por parte de Rusia y antes de eso lo fue la pandemia. No deja de ser irónico que el propio Abinader apoyó la agresión de EEUU e Israel contra Irán y después pretende cobrarle al pueblo los efectos de esa guerra.

La discusión sobre una reforma tributaria viene desde hace años, ya hubo dos intentos fallidos de reformas, y hasta el FMI y el Banco Mundial han recomendado al gobierno que aumente el cobro de impuestos a los ricos para depender menos del endeudamiento externo, lo que a la larga es insostenible. Pero el gobierno nuevamente dejó a los grandes empresarios hoteleros y de las zonas francas exentos del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) mientras continuó cobrándolo a trabajadores que ganan por debajo del costo de la canasta familiar promedio y se lo aumentó a las personas físicas o personas que trabajan de manera independiente.

Con esta reforma aumenta el impuesto a las transacciones bancarias a 0.2%. Aunque aumenta a 30% el ISR para las empresas que ganan más de mil millones de pesos al año, ese cobro será transitorio, solamente hasta el año 2028. Además, se otorga una amnistía tributaria que les perdona intereses a las deudas de los grandes empresarios y baja de 25% a 10% el impuesto a las ganancias por operaciones inmobiliarias, entre otras medidas que subrayan el carácter injusto y regresivo de la reforma.

Mientras que la canasta familiar cuesta 49,520 pesos, los salarios a partir de 40 mil pesos mensuales pagan ISR. Esto viola el propio Código Tributario, pues de haberse aplicado la indexación correctamente, ajustando la tabla del ISR de acuerdo con la inflación acumulada desde el año 2017, solo los salarios superiores a 52 mil pesos mensuales pagarían ISR, es decir, salarios por encima del costo de la canasta familiar promedio. Como siempre hemos dicho, el gobierno dominicano es como un Robin Hood al revés, que roba a los pobres para dar a los ricos.

Consideramos que solo los altos salarios de funcionarios, gerentes y banqueros, deben ser considerados rentas. Es necesaria una reforma tributaria progresiva que elimine las exenciones tributarias y los subsidios que reciben los capitalistas, para que paguen más, y en cambio reducir la carga tributaria que agobia a la clase trabajadora. Tenemos que organizarnos políticamente en una alternativa socialista para luchar por este tipo de cambio, pues ninguno de los partidos del sistema actualmente está dispuesto a hacerlo, mucho menos la ultraderecha que quiere que los capitalistas paguen aún menos impuestos, lo que se traduciría en aún peores recortes a los servicios públicos como la educación y la salud.

Abajo el Código Penal antidemocrático de Abinader

El contenido contrario a la libertad de expresión del Código Penal, aprobado el año pasado y que entraría en vigencia el venidero mes de agosto, llevó a que se popularizara la denuncia de su carácter de «Ley Mordaza». En realidad es algo mucho peor, tal y como lo denunciamos desde el primer momento.

Ahora vemos a diputados y senadores correteando por los pasillos del Congreso viendo qué inventan para hacer modificaciones de última hora o posponer la entrada en vigencia del Código Penal. Pero ese engendro legal se aprobó con una votación de 159-4 en la Cámara de Diputados y de 26-1 en el Senado, incluyendo los votos favorables de la mayoría de diputados y senadores del PLD y la FP, y la mayoría de los medios de comunicación afirmaron que se trataba de un avance. Alertamos en su momento que era un retroceso antidemocrático.

Ciertamente, el Código Penal de Abinader ataca la libertad de expresión al criminalizar las críticas a los funcionarios gubernamentales con tipos penales como «ultraje», «difamación» e «injuria». Además, emplea una definición ambigua de «espionaje» permitiendo su uso para perseguir la disidencia política; criminaliza de manera absoluta la interrupción voluntaria del embarazo; aumenta las penas de cárcel bajo una perspectiva ultrapunitivista permitiendo la acumulación de penas hasta por 60 años; se legaliza la discriminación y se permite la prescripción de la corrupción a los veinte años, lo que dejaría en la impunidad toda la corrupción de los gobiernos de Balaguer, Hipólito Mejía y el primer gobierno de Leonel Fernández; se exime de responsabilidad penal a partidos políticos e iglesias; no se considera delito de lesa humanidad el traslado forzoso de población si se lleva a cabo contra inmigrantes; se imponen criterios misóginos en la definición de la violencia de género (violencia intrafamiliar, acoso sexual, entre otros); aumentan las herramientas legales para criminalizar la protesta social; se crean infracciones ambiguas contra «la nación», entre otras disposiciones peligrosas y cuasi dictatoriales.

Mientras que sectores de la ultraderecha, incluyendo los grupos neonazis y neotrujillistas y el medio derechista Somos Pueblo, se han concentrado en el tema de la libertad de expresión, callan sobre el hecho de que el Código Penal en su conjunto es antidemocrático y debe ser derogado. Claramente quieren pescar en río revuelto y abonar a sus propios proyectos electorales para el 2028, no les interesa realmente derrotar el Código Penal.

El neofascismo no es alternativa

Las expectativas de cambio que acompañaron la llegada al gobierno del empresario derechista Luis Abinader en 2020 se fueron disipando rápidamente, al evidenciarse que se trataba de otro gobierno corrupto, privatizador y antiobrero, enemigo de los derechos de la clase trabajadora y favorecedor de la impunidad y los negocios de su mafia política. Sin embargo, desde el inicio ese mismo gobierno ha contado con la complicidad en el Congreso de sus competidores electorales del PLD y la FP, e incluso de organizaciones de centroizquierda, que una y otra vez votaron a favor de proyectos de ley promovidos por el gobierno, desde el Estado de emergencia que permitió el toque de queda durante la pandemia en 2020, hasta el Código Penal en 2025. Esto, combinado con el hecho de que el propio gobierno en su derechización ha legitimado los discursos neotrujillistas, normalizando la subordinación total del país al régimen de Trump en EEUU y agitando el odio racial, han dado un espacio político a opciones neofascistas como el pre-candidato presidencial Esmelin Santiago Matías, alias Alofoke, quien cuenta con el apoyo de la embajada yanqui.

Pero el neofascismo representa la continuidad de las políticas antidemocráticas y antiobreras de Abinader, con sus salarios de hambre, su corrupción y su ultraconservadurismo, la entrega de la soberanía a EEUU, y las políticas de apartheid. Un cambio de máscara al servicio de los mismos amos oligárquicos e imperialistas de siempre. Por esta razón es peligroso dejar las calles a la ultraderecha y que capitalicen el legítimo descontento popular. Resulta de gran urgencia que desde los sectores populares y de izquierda se propicie una movilización nacional que visibilice una alternativa al gobierno y al neofascismo. La Coordinadora Popular Nacional podría jugar un papel importante en este sentido.

Para luchar por la disolución de la PN, por una reforma tributaria que obligue a los ricos a pagar y le quite la carga de encima a la clase trabajadora, por libertad sindical y salarios dignos, para derrotar el racismo y el neofascismo, es necesario que nos organicemos en un partido socialista y revolucionario de la juventud, la clase trabajadora y las comunidades populares.