Editorial de La Voz de los Trabajadores #21

Pobreza, desigualdad, privatizaciones, destrucción ambiental, brutalidad policial y ejecuciones, militarización, ausencia de libertad sindical y salarios miserables, aumento de la explotación capitalista, negación del derecho a la seguridad social y a la salud, impuestos altos para la clase trabajadora y exenciones para los capitalistas, racismo desbocado, desalojos arbitrarios y destrucción de viviendas, impunidad para la mayoría de los corruptos de ayer y hoy, postración ante el imperialismo y alianza con la derecha regional e Israel: eso es en resumen lo que representa el gobierno de multimillonarios del PRM.

El gobierno llega a su tercer año sin ningún logro significativo en materia social o política. El modelo de crecimiento económico en base al endeudamiento externo, las remesas y actividades privadas altamente subsidiadas por la vía de la exención de impuestos, como el turismo, la megaminería y las zonas francas, ha sido la continuidad del mal llamado “milagro económico” de las últimas dos décadas, hegemonizadas por el PLD. En tal sentido, no hubo “cambio” sino más de lo mismo.

Es un gobierno que se niega a cumplir con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que establece una inversión mínima del 4% del PIB en salud. Incluso intentó eliminar el 4% del PIB para la educación mientras se financian los negocios privados de la salud y la educación. El Ministerio de Educación ha llegado a la desfachatez de entregar miles de millones de pesos para supuestas asesorías al PNUD, UNICEF, OEI y hasta a la Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), un grupo que hace cabildeo por la privatización de la educación. En su locura privatizadora y de despilfarro corrupto, el ministro de educación ve a la ADP como un obstáculo y no oculta su anhelo de destruir el gremio y sus conquistas, acusándolo de manera cínica de la baja calidad de la educación, de la cual el único culpable es el propio gobierno.

Se entregan más de 310 mil millones de pesos en exenciones tributarias a los capitalistas en el presupuesto de 2023, aumentando el endeudamiento externo y generando una carga insoportable para el pueblo trabajador que debe suplir esos tributos pagando ITBIS e ISR incluso en el caso de salarios que están por debajo de la canasta alimentaria. Sin embargo, el mismo gobierno que roba a los pobres para darle a los ricos intenta generar un chivo expiatorio atacando a la comunidad inmigrante, acusándola de ser una carga e incitando a la violencia racista contra ella, ejecutando una política migratoria discriminatoria y de inspiración neotrujillista, que incluso presenta a la comunidad inmigrante como una amenaza a la soberanía. Evidentemente la carga no son los trabajadores haitianos, cuyo esfuerzo mal remunerado crea una gran riqueza, sino los capitalistas locales e internacionales, y este gobierno antiobrero y antipopular que les sirve.

La inseguridad alimentaria del país creció entre 2020 y 2022, según el Programa Mundial de Alimentos. El desastre en la producción agrícola es tal que el gobierno autorizó la importación de miles de toneladas de azúcar para atender un déficit artificial creado por los capitalistas de ese sector. 

La canasta familiar supera los 43 mil 600 pesos mensuales y el salario promedio apenas ronda los 31 mil pesos mensuales. Entonces, a diferencia de lo que dice la propaganda del gobierno, la realidad es que los aumentos salariales que se han hecho no superan a la inflación. Además, crece la economía y la productividad del trabajo. Esto lo que significa es que la explotación a la clase trabajadora es mayor: ahora ganamos igual o menos que antes aunque, de conjunto, estemos creando más riqueza. El gobierno mintió cuando dijo que aumentaría el salario real.

Sigue avanzando la furia privatizadora con proyectos como el fideicomiso de Pedernales, el intento fallido de privatizar Punta Catalina, o el proyecto de ley del agua para habilitar nuevas concesiones privadas para la comercialización de este recurso estratégico y vital. Se sigue impulsando la megaminería, con la habilitación a Barrick Gold para construir una nueva presa de cola o los intentos de abrir nuevas explotaciones en San Juan. Mostrando servilismo total ante el capital imperialista chino, el gobierno violó la libertad sindical y apoyó a CORMIDOM en su ataque al sindicato que concluyó con la cancelación de su secretario general.

La reforma policial, que siempre fue una pantomima, fracasó notoriamente. Siguen las ejecuciones, extorsiones y abusos campantes en los barrios urbanos y zonas rurales. Militares, policías y agentes migratorios todos los días extorsionan a trabajadores haitianos y a personas dominicanas de ascendencia haitiana, aprovechando el clima de persecución desatado por el gobierno. La consecuencia de esa política es la profundización de los elementos de apartheid existentes en el régimen político dominicano.

Es un gobierno profundamente enemigo de las mujeres, que considera la interrupción voluntaria del embarazo como un “tema religioso” al mismo tiempo que intenta imponer su penalización absoluta en el proyecto de Código Penal. El ministro de Educación derogó la orden ministerial de desarrollar una política para la igualdad entre niños y niñas, y entregó la educación sexual y reproductiva en Baní al ultrarreaccionario obispo Masalles. ¡La inversión en prevención de la violencia de género e intrafamiliar en 2022 fue de menos de treinta pesos anuales por mujer! Abinader ha anunciado planes para apoyar a mujeres empresarias como parte de una supuesta política para la “igualdad”, pero su tímido paso hacia la regularización del trabajo doméstico, con un salario mínimo de apenas 10 mil pesos mensuales, ya fue derogado por el Tribunal Constitucional.

En materia de impunidad, continúan el clientelismo y la corrupción haciendo de las suyas, mientras la PGR concentra sus esfuerzos en perseguir a los corruptos ligados al danilismo, pero dejando por fuera de su foco a los corruptos leonelistas, abinaderistas e hipolitistas. También siguen en la impunidad los apologistas del trujillismo y los esbirros como Ramiro Matos, cuya admisión a la Academia Dominicana de la Historia hundió en el desprestigio a esa institución.

Pese a la cooptación de una franja del activismo por parte del gobierno y una cierta dispersión del movimiento social, sigue habiendo importantes luchas ambientales, se sigue resistiendo la desnacionalización racista de la sentencia 168-13; docentes, médicos y enfermeras siguen movilizándose y luchando por sus derechos ante un gobierno totalmente antiobrero; sigue la lucha por el fin de las ARS y las AFP. Ante las elecciones que se avecinan, hacemos el llamado a las organizaciones que se reclaman democráticas y de izquierda a construir un frente unitario que ponga la campaña electoral al servicio de las luchas sociales, un frente sin capitalistas ni conservadores ni racistas. Un frente radicalmente opositor a este gobierno e independiente de los partidos capitalistas que le hacen competencia, como el PLD y la FP, con un programa que recoja las más urgentes necesidades del pueblo trabajador hoy, entre ellas la libertad sindical, el derecho a la seguridad social, a la vivienda, la salud y la educación, por la destrujillización total y el desmontaje del incipiente apartheid dominicano. Sabemos que es difícil lograrlo, pero es nuestra apuesta.