Colectivo #HaitianosRD

Ante el video del bebé colgando en la puerta de un camión de la Dirección General de Migración (DGM), durante un operativo de deportaciones masivas en Mendoza, Santo Domingo Este, el día 2 de junio de 2023, acción cruel que debe ser sancionada penalmente como acto de barbarie, las autoridades han querido presentar el hecho como aislado. El director de la DGM llegó incluso a decir que su institución no tolera «acciones que vayan en contra de la integridad de las personas y los derechos humanos, sin importar el estatus migratorio o nacionalidad del individuo». La falsedad de esta declaración es notoria.

Luego del repudio que generó en la opinión pública la viralización del video y de los pronunciamientos de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, la DGM emitió un comunicado el pasado 3 de junio diciendo que canceló al agente migratorio Juan Ramón Rodríguez, indicado como el responsable directo de la detención y el trato vejatorio. No se aclaró cuál fue el rol de Rodríguez en el hecho y por qué es el único sancionado. Todos los agentes involucrados en el hecho debieron saber que la detención de la madre y su bebé violaba la Ley General de Migración 285-04 y su Reglamento, que establece que las mujeres embarazadas, lactantes o en labores de parto, personas envejecientes y menores de edad no pueden ser detenidas por la DGM. 

Rechazamos que las investigaciones se limiten a las que la propia DGM, quien comete esas violaciones, realice sobre sí misma. Ante la comisión evidente de delitos graves, son otras instituciones, como la Procuraduría General de la República y la Oficina del Defensor del Pueblo las que deberían iniciar sus propios procesos de investigación. Especialmente cuando es notorio que no es un hecho aislado y que miles de infantes sin acompañamiento de familiares han sido expulsados en el año 2022 y lo que va de 2023, según se desprende de denuncias de UNICEF y organizaciones de derechos humanos que trabajan en la frontera domínico-haitiana.

Recordemos que estos abusos ocurren en el marco de una política gubernamental de expulsiones masivas y de un discurso oficial deshumanizante y cargado de odio que estigmatiza a las personas inmigrantes haitianas como una “carga” para el Estado dominicano o incluso una amenaza para su soberanía. El gobierno se ha jactado de las altas cifras de expulsiones, por ejemplo en el discurso presidencial del 27 de febrero de este año, pese a que las expulsiones colectivas son consideradas por el derecho internacional como una violación grave de los derechos humanos. 

Está ampliamente documentada la masividad de delitos y abusos como el perfilamiento racial, los allanamientos sin orden judicial, la actuación de agentes policiales y migratorios no identificados, la extorsión contra trabajadores inmigrantes, la retención o destrucción de documentos de identidad, la detención en condiciones insalubres y de hacinamiento, la detención de mujeres embarazadas y la expulsión de infantes no acompañados por familiares, entre otros.

La comisión de estos graves abusos contra los derechos de las personas inmigrantes no se debe principalmente a la actuación individual de los agentes, sino sobre todo al carácter masivo y colectivo de las deportaciones, más de 171 mil en 2022 según el propio gobierno. Esta escala impide que se realicen procesos de interdicción migratoria individualizados y con derecho a la defensa para cada persona migrante. Resulta entonces vulnerado el Estado democrático y de derecho, el debido proceso y la ley y los protocolos del régimen migratorio, afectando no solo a personas haitianas, con o sin estatus migratorio regular, sino también a personas dominicanas de ascendencia haitiana, personas dominicanas negras, y personas estadounidenses y de otras nacionalidades que son agredidas por los agentes migratorios al ser confundidas con personas haitianas.

Ya habíamos denunciado en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Migrante de 2022, la corrupción y los abusos de las autoridades migratorias. Ahora se suman los cuerpos policiales y militares, los cuales en los barrios y bateyes realizan detenciones arbitrarias basadas en el perfilamiento racial y extorsionan a las personas detenidas. Todo esto es responsabilidad, nuevamente, de la política del gobierno nacional, que busca romper a toda costa sus propios récords de expulsiones.

Le recordamos a las autoridades que las personas en situación migratoria irregular solo cometen una infracción de tipo administrativo, no deben ser estigmatizadas como “invasores”, una “carga”, ni mucho menos ser sometidas a tratos crueles e inhumanos.

Finalmente, consideramos que el grave caso de abuso contra una madre y su bebé, registrado en Mendoza, Santo Domingo Este, exige mucho más que algunas cancelaciones. Incluso más que los necesarios y pendientes procedimientos penales contra los perpetradores directos del crimen. Es necesario abordar las causas políticas del hecho. En este caso, su causa es una política migratoria discriminatoria y racista que debe terminar. 

Es necesario poner fin a las deportaciones masivas y dar acceso a las personas migrantes haitianas a un canal para la regularización migratoria, tal y como se ha hecho con las personas migrantes venezolanas, por razones humanitarias en virtud de la crisis económica, política y social que afecta a ese país. Los mismos criterios pueden aplicarse para Haití si la política oficial se despoja de sus elementos racistas.

5 de junio, 2023.