Justicia para las víctimas de la masacre de Polyplas y Propagas

Fiodor Morán

Nota de MST-RD.org: Este artículo fue publicado originalmente en el periódico La Voz de los Trabajadores, en su edición de enero de 2019. Al cumplirse tres años de la explosión, seguimos exigiendo justicia para las víctimas y cárcel para los capitalistas cuya negligencia generó tantas muertes y lesiones.

El desastre de Polyplas y Propagas, que golpeó el 5 de diciembre de 2018 al populoso sector capitalino de Villas Agrícolas pone de manifiesto los horrores del capitalismo, la impunidad de los empresarios y la complicidad del gobierno.

Los ocho fallecidos y más de cien heridos, las 87 viviendas y tres escuelas dañadas, pudieron evitarse si Polyplas y Propagas hubieran respetado las normas de seguridad y las leyes vigentes y si el gobierno hubiera velado por el respeto al ordenamiento territorial y uso de suelo. El tanque contenedor de gas estaba en la misma área de la planta de producción y mientras el gas se esparcía ni siquiera funcionaron las alarmas para indicar que se debía evacuar la planta y alertar a los moradores del barrio para que se percataran del peligro. El camionero de Propagas tampoco contaba con el instrumento necesario para hacer la conexión de la manguera y luego retirarla. Este no ha sido un accidente sino uno de los mayores crímenes patronales en muchos años.

La indignación creció pocos días después del desastre cuando se hizo público un audio en el que Manuel Díez Cabral, dueño de Polyplas, y Arturo Santana, dueño de Propagas, discutían sobre cómo evadir sus responsabilidades, admitiendo que estaban trabajando con los técnicos que debían elaborar los informes sobre el desastre, demostrando que no se estaba realizando una investigación imparcial, y coordinando sus políticas de relaciones públicas. Como dos mafiosos, se presionaban para la distribución de responsabilidades.

Polyplas se resistió durante varios días a entregar el listado de sus empleados. La complicidad del gobierno fue tal que una comisión de obras públicas ofreció cubrir con dinero del Estado los daños producidos a las viviendas y escuelas afectadas. Cuando los parientes de las víctimas se apersonaron al lugar de la catástrofe, pidiendo información sobre sus consanguíneos, fueron repelidos por la policía y militares, los cuales usaron la violencia y lanzaron gases lacrimógenos para dispersarlos. ¡Una vergüenza!

Desde el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST), exigimos la confiscación de bienes y cuentas bancarias a las empresas Polyplas y Propagas, para que se usen esos recursos para indemnizar a las víctimas del crimen. Asimismo, es necesario exigir la creación de una comisión de la verdad conformada por las familias de las víctimas y representantes de organizaciones sindicales y de derechos humanos con asistencia técnica del Estado para establecer todas las causas del desastre, establecer responsabilidades políticas y recabar evidencias sobre responsabilidades penales.

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