Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

La denominada Operación Calamar contra un presunto esquema de corrupción en el que participaron peledeístas, balagueristas y perremeístas, ha sido presentada por el gobierno y sus partidarios como la demostración de que se acabó la impunidad en el país y la justicia es independiente. El PLD, por su parte, califica los procesos judiciales por corrupción como una persecución política y habla de una supuesta “dictadura”. Desde el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores rechazamos ambos discursos, basados en manipulaciones y falsificaciones, y llamamos a luchar por el verdadero fin de la impunidad de la que siguen gozando corruptos y represores de ayer y de hoy.

En primer lugar, está claro que no se puede defender a la mafia del PLD que hoy está siendo sometida a procesos judiciales, muchos de cuyos imputados han reconocido su rol en esquemas criminales. El actual régimen político es el mismo que administró el PLD, es una democracia burguesa severamente limitada, al servicio de la clase capitalista y con fuertes elementos de la herencia dictatorial trujillista y balaguerista. Los gobiernos de Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y Luis Abinader se han desenvuelto todos dentro de ese mismo marco reaccionario.

Los corruptos del PLD deben pagar con las máximas penas legales y devolver todo lo robado. Que hoy enfrenten los tribunales, al igual que los corruptos señalados en los casos denominados Coral, Pulpo y Medusa, es un logro parcial de la lucha popular luego de largos años de movilizaciones contra la impunidad. Pero todavía falta mucho. La dirigencia de la Fuerza del Pueblo, del PRM, y de partidos menores del régimen como el PRSC, no son menos mafiosos y corruptos. Todos ellos tendrían que ser sometidos a la justicia, comenzando por los ex presidentes de las últimas dos décadas y sus principales funcionarios civiles y militares, por sus abundantes crímenes relacionados con la corrupción administrativa y la represión. La cruda realidad es que el Ministerio Público no se ha mostrado capaz de perseguir los crímenes cometidos por el actual gobierno con la misma contundencia que los crímenes del gobierno anterior.

Hasta ahora, pese a los escándalos, vemos que los Macarrulla, Cabrera y Fulcar siguen libres, que no se investiga a fondo la narcopolítica que penetró al PRM, los contratos corruptos con el PNUD por miles de millones de pesos en “asesorías”, entre otros. La PGR tampoco ha tomado medidas aún contra el crimen organizado en la forma de bandas neofascistas que restringen los derechos democráticos del pueblo, actuando en abierta complicidad con la Policía Nacional; no se toman medidas contra la ilegal exaltación de Trujillo y el trujillismo, no se castigan los linchamientos racistas ni las violaciones masivas a los derechos de la comunidad inmigrante por parte de la DGM, los policías y los militares. Llamamos a la reflexión al activismo honesto que sale a apoyar a la PGR cuando esa institución ni siquiera actúa contra genocidas como Ramiro Matos. Solo si viéramos cambios significativos en este sentido podríamos brindar un apoyo crítico a las acciones del Ministerio Público.

Contrario a lo que asegura la propaganda perremeísta, el sistema judicial capitalista no es ni puede ser verdaderamente independiente. Hemos visto en los últimos años sentencias decepcionantes que han protegido a los corruptos en casos emblemáticos como los sobornos de Odebrecht, la compra fraudulenta de Los Tucanos, la venta de terrenos de Los Tres Brazos, entre otros. Y hemos visto cómo el actual gobierno intenta fortalecer la impunidad mediante las reformas al Código Penal, creando una jurisdicción militar e imponiendo la prescripción de los delitos de corrupción a los 20 años. Consideramos que los delitos de corrupción no solo deben ser imprescriptibles sino que además es necesario invertir el peso de la prueba: son los funcionarios que se han enriquecido en el ejercicio de cargos públicos quienes deben demostrar el origen legítimo de su riqueza.

El contenido antiobrero, racista, misógino, conservador y privatizador del proyecto de Abinader, se apoya en los medios represivos y clientelares que usa para imponerlo, lo que favorece el ascenso y la consolidación de elementos corruptos en la administración del Estado, reproduciendo los mismos mecanismos característicos de los gobiernos balagueristas, perredeístas y peledeístas. Pero no se trata solo de un fenómeno dominicano o de países semicoloniales sino de una dinámica propia de un sistema basado en la explotación. La corrupción de Trump y la poderosa industria del cabildeo en EEUU, los casos del Qatar Gate y Marruecos Gate en la Unión Europea, la consolidación de oligarquías en Rusia y otras repúblicas ex soviéticas, enriquecidas por el saqueo de los bienes públicos, son solo algunos ejemplos de esta proliferación de prácticas corruptas y mafias en la administración del Estado burgués, expresando tendencias profundas del capitalismo a nivel mundial. 

El verdadero fin de la impunidad solo se podrá lograr con la lucha en las calles y una dirección política que no sea cooptada por el descompuesto régimen político, como lamentablemente ocurrió con parte de la dirigencia de Marcha Verde. Esto solo es posible si construimos una alternativa política revolucionaria que resista a todas las presiones para la asimilación al sistema. Exijamos cárcel para todos los corruptos del PRM, el PLD, la FP y sus aliados. Pero vayamos a la raíz del problema que es la necesidad de liquidar este régimen político y el sistema económico al que sirve. Si la corrupción es un síntoma, la enfermedad es el capitalismo. La salida de fondo es un gobierno de la clase trabajadora.