Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

El 2 de mayo, Amnistía Internacional hizo público el hallazgo de que los gobiernos de Danilo Medina y Luis Abinader habían espiado a la periodista Nuria Piera, en tres ocasiones entre julio de 2020 y octubre de 2021, en el primer caso confirmado del uso del software israelí Pegasus en nuestro país. Se trata de un uso ilegal, dado que no fue autorizado por un tribunal. Rechazamos el espionaje a la periodista Nuria Piera, exigimos que el gobierno de Abinader rompa el contrato con NSO y exigimos a la PGR que actúe contra los funcionarios responsables de estos ataques antidemocráticos.

En 2016 el gobierno dominicano adquirió el software de espionaje Pegasus, creado y vendido por la empresa israelí NSO a gobiernos. Estas ventas se hacen con licencia otorgada por el régimen de apartheid israelí. Se trata de una poderosa arma electrónica que ha adquirido fama mundial por su uso para espiar a disidentes, periodistas y defensores de derechos humanos, convirtiéndose en una herramienta favorita de dictaduras y gobiernos mafiosos. En 2021, Amnistía Internacional, el Laboratorio Ciudadano de la Universidad de Toronto y la ONG francesa Historias Prohibidas encabezaron una investigación sobre el espionaje realizado a nivel mundial con Pegasus, elaborando una lista de personas espiadas que demostraba su uso ilegal y antidemocrático. Está comprobado el uso de Pegasus en 18 países para atacar a periodistas, entre ellos México, El Salvador y República Dominicana.

Piera afirmó que, en los momentos en que su teléfono celular fue atacado, investigaba la corrupción de Adán Cáceres, entonces jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial de Medina, alegaciones de acoso sexual contra el actual presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, y corrupción que involucraba a Donald Guerrero, ministro de Finanzas entre 2016 y 2020. También a un coronel de la Policía Nacional por un caso de extorsión.

La PGR y el Ministerio de Interior y Policía negaron haber adquirido o usado Pegasus durante el actual gobierno. Al ser requerida información por un periódico nacional en el año 2021 sobre la compra y uso de esta herramienta de espionaje israelí, la Secretaría de la Presidencia negó haberla usado, mientras que el Ministerio de Defensa se negó a responder al requerimiento alegando razones de “seguridad nacional”. Ese es un indicio de que esa puede ser la institución responsable del espionaje ilegal.

Es muy grave que el gobierno esté realizando espionaje ilegal precisamente mientras impulsa una nueva ley para crear un Sistema Nacional de Inteligencia bajo el control de una Dirección Nacional de Inteligencia adscrita a la Presidencia de la República, apuntando a una mayor centralización y al fortalecimiento represivo del Estado.

El espionaje ilegal contra periodistas y disidentes no es nuevo en el país, forma parte de la vieja tradición del trujillismo. En 2019, el entonces director del Departamento Nacional de Investigaciones admitió que contaba con una red de 15 mil chivatos.

El actual gobierno no solo se ha negado a abrir los archivos de la represión de anteriores gobiernos sino que sigue usando los métodos de sus antecesores. Además, ha profundizado la alianza con el apartheid israelí, brindándole apoyo diplomático en sus ofensivas criminales contra el pueblo palestino y anunciando que homenajeará al Estado sionista en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo de este año. Esa alianza entre Abinader y el apartheid israelí es una amenaza para los derechos democráticos en la República Dominicana, donde también se avanza hacia la creación de un régimen de segregación racial mediante la negación de todo derecho político, social y económico a las personas dominicanas de ascendencia haitiana desnacionalizadas por la sentencia 168-13, e impulsando una persecución sistemática de carácter racista contra la clase trabajadora inmigrante haitiana.

Llamamos al Colegio de Periodistas y a las demás organizaciones gremiales, sindicales y políticas que se reclamen democráticas a condenar el espionaje ilegal que practica el actual gobierno y a brindar apoyo a la periodista Nuria Piera en sus acciones legales contra este ataque, que claramente amenaza las libertades democráticas de la clase trabajadora y los sectores populares, sus organizaciones y dirigentes.