Organizaciones e individualidades

El presidente Abinader ha reaccionado violentamente al llamado de atención que ha recibido a nivel internacional por sus masivas violaciones a los derechos humanos contra la comunidad inmigrante haitiana. El presidente ha amenazado con aumentar el ritmo de las deportaciones de personas haitianas, y ha emitido el peligroso decreto 668-22 que habilita la expulsión de miles de personas que viven en bateyes en tierras estatales desde hace décadas. Estamos ante una campaña de deportaciones masivas muy peligrosa que puede convertirse en una campaña de limpieza étnica si la sociedad dominicana no muestra reflejos democráticos y le pone un freno al gobierno.

Rechazamos estas amenazas y el recrudecimiento de la persecución racista contra inmigrantes haitianos, personas dominicanas de ascendencia haitiana y personas dominicanas negras. Recordamos que actualmente siguen desnacionalizadas alrededor de doscientas mil personas dominicanas de ascendencia haitiana, producto de la sentencia 168-13, y que miles de personas haitianas que han vivido y trabajado por décadas en el país no cuentan con residencia legal debido a una política deliberada de no regularización migratoria aplicada por los sucesivos gobiernos.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU emitieron el 3 de noviembre un comunicado llamando a todos los Estados a suspender el retorno forzado de personas haitianas a su país, dada la situación de crisis humanitaria. El Alto Comisionado de la ACNUR, Filippo Grandi, explicó que las expulsiones masivas de personas que buscan refugio y las detenciones arbitrarias son violaciones a los tratados y pactos internacionales en materia de derecho al refugio.

Antes de ello, incluso el 28 de octubre el gobierno estadounidense aliado al gobierno de Abinader, a través de la funcionaria Uzra Zeya, solicitó tomar medidas contra la trata de personas y específicamente recomendó proteger de la trata a personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana. Está ampliamente documentada la participación de agentes militares y policiales dominicanos en el negocio del tráfico de personas. El 10 de noviembre, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, insistió en un breve comunicado en el llamado a no continuar las expulsiones hacia Haití, y pidió al gobierno dominicano “aumentar los esfuerzos para prevenir la xenofobia, discriminación y formas relacionadas de intolerancia basadas en el origen nacional, racial o étnico, o el estatus migratorio”. 

Abinader respondió desde el Palacio Nacional que consideraba la declaración del representante de la ONU como “inaceptable e irresponsable”, y amenazó con no solo mantener el actual ritmo de deportaciones sino incrementarlo. Contradictoriamente, dijo que el Estado dominicano “ha sido mucho más solidario que todos los países del mundo”, y repitió el viejo cuento de que los inmigrantes haitianos son una carga económica. El gobierno de Abinader en los hechos no reconoce la vigencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y específicamente de derecho al refugio.

Subiendo la apuesta, Abinader emitió el 11 de noviembre el decreto 668-22, en el que alegando razones de seguridad nacional ordena la expulsión masiva de las personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana que viven desde hace décadas en bateyes de las zonas cañeras que son tierras estatales. Además de negarles el derecho a la pensión a los viejos trabajadores cañeros, ahora directamente el gobierno amenaza con aplicar una limpieza étnica a una escala no vista desde 1937. Las personas expulsadas quedarían permanentemente impedidas de regresar a territorio dominicano.

Tomando en cuenta que el marco legal vigente ya permite castigar los delitos contra la propiedad y que  el decreto 668-22 no aporta nada nuevo en este sentido, se evidencia que es un documento fundamentalmente político, que habilita el desalojo de los bateyes en tierras del Estado y de empresas azucareras privadas.

Más allá de las críticas que tenemos al rol de la ONU en Haití, especialmente por la ocupación militar de la Minustah entre 2004 y 2017, hoy estamos ante un alarmante escalamiento de la política racista y xenófoba del gobierno dominicano, que incluye el llamado a una intervención militar internacional contra Haití. Entre enero y septiembre de este año, el gobierno dominicano ha realizado más de 85 mil expulsiones de personas haitianas, según cifras oficiales. El gobierno dominicano ejecuta expulsiones masivas, incluyendo la detención arbitraria de mujeres embarazadas e infantes sin la compañía de sus padres o representantes legales. Está documentada la detención arbitraria de personas dominicanas de ascendencia haitiana en los operativos migratorios. 

La Dirección General de Migración (DGM) viola la Constitución, que establece que los agentes que realizan cualquier detención deben identificarse. También son comunes los allanamientos de viviendas sin orden judicial. Además, se violan todos los protocolos binacionales en materia migratoria, con la expulsión de personas por puntos fronterizos no oficiales, en días y horarios por fuera de los establecidos, entre otras violaciones. A todo esto se suma la extorsión cotidiana que sufren las personas inmigrantes y dominicanas de ascendencia haitiana por parte de agentes policiales y migratorios, la detención en centros insalubres, el hacinamiento en los autobuses de la DGM, y el robo de teléfonos celulares y otros bienes. En algunos casos, ha habido torturas y asesinatos por parte de los agentes policiales y migratorios en el marco de estos operativos.

La cacería de personas negras que realiza el gobierno de Abinader es una expresión de terrorismo de Estado contra la comunidad inmigrante y las personas dominicanas de ascendencia haitiana desnacionalizadas por la sentencia 168-13. Abinader viene realizando una intensa propaganda en la que califica a la comunidad inmigrante haitiana como una carga económica, a sabiendas de que se trata de una laboriosa comunidad que hace enormes aportes a la economía y la sociedad dominicana. La agricultura, el turismo, la construcción, son algunas de las industrias que descansan sobre la superexplotación de la clase trabajadora de origen haitiano. Las obras de infraestructura que construye este gobierno también cuentan con el aporte de la mano de obra haitiana, incluso el muro fronterizo, que es inútil para frenar las migraciones pero muy útil en términos ideológicos, es construido por trabajadores haitianos. La persecución contra la clase trabajadora inmigrante haitiana sirve para mantenerla en condiciones de extrema precarización y superexplotación, aumentando las ganancias empresariales.

Esta política autoritaria, antidemocrática, que se ensaña con los sectores más vulnerables de la población para satisfacer a la extrema derecha, lejos de mostrar fortaleza es un síntoma de debilidad. El presidente es incapaz de dar una respuesta pública a la extrema derecha que llama a boicotear el censo nacional, pero se muestra duro y “patriótico” ante los organismos de derechos humanos. También compite en antihaitianismo con la derecha antivacunas, anti-aborto y anti-censo que participa junto al Instituto Duartiano, institución estatal, en marchas neofascistas.

El reconocimiento de la condición de refugiados de un grupo de personas no amenaza la soberanía de República Dominicana ni la de ningún otro país. En los últimos años, millones de refugiados venezolanos, sirios y ucranianos han salido de sus países sin que se haya generado ninguna fusión de países o cesión de territorios. Es inaceptable que la política pública se base en teorías conspirativas racistas e ideologías neotrujillistas.

Llamamos a todas las organizaciones que se consideren democráticas, antirracistas, feministas y de derechos humanos en el continente americano y el Caribe a repudiar enérgicamente la política estructuralmente racista, cada vez más autoritaria y violatoria de los derechos humanos del gobierno dominicano, especialmente las deportaciones masivas y el decreto 668-22.

¡Abajo el decreto 668-22! 

¡Las vidas haitianas importan! 

¡Ni apartheid ni limpieza étnica en República Dominicana!

Firmas de organizaciones

República Dominicana

Movimiento Reconocido

Coordinadora Popular Nacional

Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST)

Movimiento Caamañista

Izquierda Revolucionaria

HaitianosRD

Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA)

Unión de Trabajadores Cañeros (UTC)

Mujeres Sociopolíticas Mamá Tingó

Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (COLESDOM)

Agenda Solidaridad

Red Urbano Popular

Frente de Lucha Unidad y Progreso (FLUP)

Unión Democrática de Mujeres (UDEMU)

Militancia Revolucionaria Socialista

CUDEM

Sindicato de Teatristas de la República Dominicana

Educación Espejo

Acción Afro-Dominicana

Conexión Intercultural por el Bienestar y la Autonomía La Ceiba RD

Foro Feminista Magaly Pineda

Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH)

Fundación Código Humano

Junta de Prietas

MOSCTHA

Aquelarre RD

Movimiento Feminista Hermanas Mirabal

Movimiento Azueï

Movimiento de Campesinos Trabajadores Las Comunidades Unidas

RD es de Todes

Fundación InteRed-República Dominicana

Revista Dominicana

Argentina

Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Lxs Safinas

Ciudades Feministas (CISCSA)

Colombia

Sindicato de Trabajadores Artesanales, Informales e Independientes de Medellín (SINTRAIM)

Junta Cívica Paraje El Pinar

AIH Colombia

Ecuador

Movimiento Mujeres Sectores Populares Luna Creciente

Estado español

Equipo del Decenio Afrodescendiente

EEUU

Butterfly Effect NYC

DC AfroLatino Caucus

We Are All Dominican

Compas de la Diáspora

New Politics

Activist News Network

Heartland Alliance International

The People’s Forum

Take Back the Bronx

Workers World Party

Solidarity Center Action

Liberty Shared

Brothers@

Ending the Prison Industrial Complex, NYU Law

Undocubear

Dancing on Desks

Honduras

Colectiva La Maricada

México

Unión Popular Valle Gómez

Mano Amiga de la Costa Chica

Perú

Articulación Feminista Marcosur

Centro Flora Tristán

La Voz del Cajón

Puerto Rico

Movimiento 26 de Abril

Colectivo Cultural Educativo y de Estudios Interdisciplinarios

Clínica de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico

Verbo y piel

Uruguay

Cotidiano Mujer

Firmas individuales

República Dominicana

Narciso Isa Conde, Movimiento Caamañista e Izquierda Revolucionaria

Altagracia Balcacer

Julio Ortega Frier

Angela Fernin, Foro Feminista Magaly Pineda

Desiree del Rosario Sosa

Roberto Espinal, Colegio Médico Dominicano

Javiela Evangelista

Marcel Méndez Fortuna

Fátima Lorenzo

Walter Cruz

Nelson J. Polanco

Argentina Gutiérrez, feminista

Yildalina Tatem Brache

Mirla Hernández Núñez

María Bizenny Martínez

Carlos Ortiz

Vannia Lara

Micely Díaz Espaillat

Fray David Peralta Ruben

Jenny Torres

Mirla Hernández Núñez

Isabel Espinal

Argentina

Juan Carlos Giordano, Diputado Nacional electo por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FIT-U) por la Provincia de Buenos Aires, dirigente nacional de Izquierda Socialista (IS)

Mónica Schotthauer, delegada ferroviaria y Diputada Nacional electa de IS y FIT-U;

Rubén “Pollo” Sobrero, Secretario General del Unión Ferroviaria seccional Oeste

Edgardo Reynoso dirigente ferroviario del Cuerpo de Delegados de Ramal TBA-Sarmiento

Angélica Lagunas,  Secretaría Gral de ATEN Capital (Docentes)

Liliana Olivero, ex Diputada por Córdoba de Izquierda Socialista/FIT

Mariana Scayola (Secretaria General comisión directiva Ademys-docentes de Ciudad de Buenos Aires) y Jorge Adaro (Secretario Adjunto – Ademys)

Laura Marrone, dirigente docente de CABA y ex legisladora de IS-FIT en CABA

Mercedes Trimarchi, dirigente de la agrupación de mujeres Isadora y legisladora electa CABA

Mercedes de Mendieta, Diputada Nacional electa por el FITU por CABA, dirigente nacional de Isadora e Izquierda Socialista

Pablo Almeida, dirigente de Izquierda Socialista, delegado de junta interna ATE Min. De Economía y legislador electo CABA por el FIT-U

Bolivia

Humberto Balderrama, miembro de la Dirección Nacional del Partido de los Trabajadores

Eliseo Mamani, ex ejecutivo Federación de Maestros Rurales de La Paz

Brasil

Joao Batista Araujo “Baba”, Rio de Janeiro CST-PSOL

Chile

Ranier Rios Puebla, dirigente del MST

Colombia

Elissa L. Lister

Karent Hinestroza

Estado español

Paquita Suárez Coalla

Josep Lluis del Alcázar, delegado sindical de enseñanza pública y dirigente Lucha Internacionalista (LI)

Marga Olalla, delegada sindical de trabajadores municipales de Barcelona, Militante de LI

Miquel Blanch, delegado sindical de profesorado de escuelas de adultos, miembro de la Corriente Sindical de CCOO de Girona, Militante de LI

M. Esther del Alcázar, delegada sindical de enseñanza pública y dirigente de LI

EEUU

Amarilys Estrella

Rocio Silverio

Kleaver Cruz

Yanilda Gonzalez

Stephanie Holguín

Lorgia García Peña

Amaury Rodríguez

Miosotis Pantoja

Yanira Rodríguez

Dorca Reynoso

Raj Chetty

Djokaeff Louissaint

Diana Pérez-Ramírez

Angela Dunne

Natasha Wilson

Sarah Turner

Antonio Herrón Campos

Lindsay Ofrias

Luis Feliz León

Daniela Robles

Felipe Lora Longo

April Mayes

Lissette Acosta

Tatiana Flores

Ariel Francisco

Rebeca Acosta

Quizayra González

Asheesh Siddique

Mariel Acosta

Chantelle Mitchell

Susana Flores

Carlan Vásquez

Margaret Love

Natasha Lightfoot

Stanley Thangaraj

Michael Williams

Karrieann Soto Vega

Edithe Pierre

Sophie Maríñez

Raquel Virginia Cabrera

Bobby Rivera

Tatiana Reis

María José Nolasco

Perla Cuevas

Chandra Talpade Mohanty

Ruthy Alma

Haití

Jhak Valcourt

México

Enrique Gómez y Francisco Retama, dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS)

Jesús Torres Nuño, ex presidente del Consejo de Administración de Trabajadores Democráticos de Occidente (Tradoc)

Noruega

Jorgen Sorlie Yri

Panamá

Priscilla Vásquez, dirigente nacional de los trabajadores del Seguro Social

Virgilio Arauz, dirigente de Propuesta Socialista

Perú: Jorge Corzo, dirigente del Partido de los Trabajadores Uníos

Enrique Fernández Chacón, ex diputado nacional

Portugal

Verónica Sousa

Puerto Rico

Myrna Aponte

Martha Quiñones

Francisco Concepción

Aníbal Feliciano

Juan A. Gutiérrez

Gladys Escalona

Beatriz Llenín Figueroa

Ruth N. Figueroa

Catherine Betances

Emmily De Los Santos

Lissette Velez-Cross

Isabel Tadmiri

Cindy Núñez

Reino Unido

Caribbean Labour Solidarity

Turquía

Sedat Durel, Secretario General del Sindicato de los trabajadores revolucionarios de la telecomunicación y de centros de llamados

Atakan Çiftçi, delegado del Sindicato de los trabajadores de educación y de ciencia

Oktay Çelik, presidente Partido por la Democracia Obrera (IDP)

Gorkem Duru, dirigente de IDP

Venezuela

José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv)

Orlando Chirino, dirigente nacional de la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura)

Armando Guerra, ex dirigente sindical de Hidrocapital

Miguel Ángel Hernández, secretario general Partido Socialismo y Libertad (PSL)