Editorial de La Voz de los Trabajadores #20

Mural: Joel Artista

El divorcio del gobierno de Abinader con la realidad es total. Intenta proyectar una imagen victoriosa rumbo a la reelección, mientras el descontento crece en la calles por la miseria salarial y el altísimo costo de la vida, el desempleo, la ausencia de derechos democráticos, la destrucción ambiental, la falta de vivienda accesible, la brutalidad policial, el racismo y la misoginia oficial, entre muchos otros problemas que acosan al pueblo trabajador. Se incuba un estallido social, mientras los multimillonarios brindan.

Abinader celebró el 16 de agosto pasado haber alcanzado la mitad de su mandato. En Santiago dijo que su gobierno había priorizado la salud, habló de la recuperación del turismo y las zonas francas. Negó cualquier responsabilidad por la inflación, se felicitó por subsidiar a los combustibles, se jactó de entregar las ayudas “Supérate” a más de millón y medio de familias. Celebró el crecimiento económico. Bordeando la locura, afirmó que el país se encamina a ser una “potencia regional” de generación eléctrica, festejó supuestos logros educativos, dijo que la “justicia independiente” era “un hecho”, y enumeró una serie de proyectos de obras. También habló de sus fallidas 15 reformas. Resumió que “República Dominicana es un oasis de paz y progreso en una convulsionada Latinoamérica”.

El oasis de Abinader es un espejismo. El crecimiento económico se sustenta en el endeudamiento externo, en las remesas que envía la diáspora, que ya supera las dos millones de personas, y el aprovechamiento por parte de capitales imperialistas de los regímenes de zonas francas, turismo y megaminería, con insólitas exenciones de impuestos, y en la superexplotación laboral. En las últimas dos décadas, la clase trabajadora es cada vez más productiva pero su salario real es cada vez menor. Con Abinader el salario real ha caído más de un 20% desde 2020. El salario promedio no llega a los RD$29 mil, mientras que la canasta familiar supera los RD$42 mil. Se mantiene congelado desde 2018 el mínimo imponible en el Impuesto Sobre la Renta. Alguien que gane 34,865 pesos mensuales, RD$8 mil por debajo de la canasta familiar, paga impuestos por “rentas”, ¡mientras se exonera a las grandes empresas estadounidenses y europeas de zonas francas y turismo! Si aumenta el número de personas que recibe los 1,650 pesos de “Supérate”, significa que está aumentando la pobreza, aunque el gobierno oficialmente lo niegue, pues para acceder a ese auxilio hay que demostrar precariedad.

Hasta cuando el gobierno regulariza el trabajo doméstico, como se exige desde hace más de diez años, lo hace estableciendo un salario mínimo mísero de 10 mil pesos, y discriminando al negar el pago de preaviso y cesantía. ¡El propio Ministerio del Trabajo recomienda a los empleadores distribuir las 8 horas laborales de manera fraudulenta para evadir el pago de horas extra! Ante esta situación, los burócratas que dirigen las tres pequeñas centrales sindicales no convocan protestas ni huelgas porque se vendieron a los gobiernos y los empresarios por migajas, como las pensiones de privilegio.

Veamos la salud. En 2021, el gobierno redujo el presupuesto de salud, y antes de eso tuvo una política errática ante la pandemia: mantuvo el toque de queda corrupto y represivo de Danilo, intentó negar el acceso a la vacuna a la comunidad inmigrante, luego llamó a todas las personas a vacunarse sin discriminación pero firmó un contrato leonino con la transnacional Pfizer y adquirió millones de vacunas en exceso, dejando expirar una cantidad aún no determinada. Un gigantesco desfalco contra el Estado.

Es cierto que el capitalismo atraviesa una crisis global, agravada por la pandemia y la invasión imperialista rusa a Ucrania. Pero también es cierto que el gobierno con sus políticas descarga todo el peso de la crisis sobre la mayoría trabajadora. Cuando subsidia los combustibles, lo hace con el dinero que le saca al propio pueblo, pues su principal fuente de ingresos por impuestos es el ITBIS, no los impuestos a las ganancias capitalistas.

Es obscena la afirmación de que el país va a ser una “potencia” en generación de electricidad en un país en el que abundan terribles apagones y gran parte de la población no tiene acceso a electricidad ni agua corriente de manera constante en sus hogares. Además, gran parte de la generación depende de la quema de carbón en Punta Catalina, a un enorme costo humano y ambiental. El gobierno está destruyendo el ambiente a una escala tan grande que está afectando a Haití. Ni nosotros ni el vecino país debemos cargar con la irresponsabilidad ambiental de Abinader. Es urgente abandonar el carbón como fuente de energía.

En educación, donde por lo demás no ha habido cambios significativos curriculares ni de otro tipo, lo que hay es un desastre. El ministro Fulcar fue destituido en medio de escándalos de corrupción. Le entregó 13 mil millones de pesos al PNUD para una asesoría en la compra de equipos electrónicos para la educación a distancia, la cual fracasó. En sus últimos días en el cargo se descubrió que había asignado contratos multimillonarios para la compra de equipos electrónicos a empresas manejadas por testaferros. El premio para Fulcar, además de la impunidad, es un ministerio sin cartera y la designación como jefe de estrategia del PRM. Para colmo, el gobierno impulsa una ofensiva para eliminar el 4% del PIB que por ley corresponde a la educación, una conquista popular.

Abinader afirma que ya no hay impunidad. Pero fuera de su imaginación, la impunidad es la norma. La ley de extinción de dominio, que fue promovida desde legislaturas anteriores al gobierno actual, es un instrumento que está por verse si se usará para confiscar propiedades a corruptos. Si existiera una justicia independiente, a estas alturas Fulcar y Macarrulla estarían enfrentando procesos judiciales, se sabría la verdad sobre el asesinato del ministro de medio ambiente y habrían sido condenados los acusados por los casos de corrupción de Los Tucanos, Odebrecht y Tres Brazos. Danilo y Leonel estarían también enfrentando juicios. La PGR no permanecería impasible mientras la DGM extorsiona y ejecuta a trabajadores haitianos, secuestra a mujeres embarazadas en los hospitales y separa a bebés de sus familias.

Ese aparato judicial capitalista es el que viola la libertad de expresión persiguiendo a artistas y activistas LGBT, mientras protege a los fascistas que profieren amenazas y agreden a diestra y siniestra. Ni siquiera se investigan los linchamientos racistas. Es el mismo aparato judicial que dictó, y mantiene vigente, la aberrante sentencia 168-13 para desnacionalizar a 200 mil personas basándose en un criterio racial, estableciendo uno de los fundamentos del proyecto de apartheid dominicano, que todas las personas de convicciones democráticas debemos combatir.

Sabemos que no podemos esperar nada del gobierno ni de los partidos del sistema. La salida es movilizarnos, construyendo al calor de las luchas un partido de la clase trabajadora, la juventud, las mujeres y los demás sectores explotados y oprimidos. Súmate a este esfuerzo desde el MST.