El único culpable de que no haya condiciones para las clases presenciales o virtuales es el gobierno

Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

Foto: Leonel Matos

El reinicio de las clases en la educación primaria y secundaria ha puesto sobre el tapete el fracaso del gobierno en materia sanitaria y educativa. Es importante que se sigan levantando voces exigiendo un cambio drástico en las políticas gubernamentales. Ha sido la orientación proempresarial y antipopular de Abinader, siempre colocando las ganancias capitalistas por encima del derecho a la salud y la educación, la que nos ha traído a esta situación.

La insistencia de las autoridades en reiniciar las clases presenciales en el punto más alto de la pandemia desde su inicio, ha encontrado resistencia en el gremio docente, que luego de hacer una encuesta a más de 10 mil de sus integrantes constató que la mayoría presentaba algún síntoma relacionado con la influenza o el covid19. En virtud de ello, la ADP llamó a postergar para el 31 de enero el reinicio de las clases presenciales y solicitó al gobierno implementar un plan de aplicación de pruebas PCR a toda la docencia para tener un diagnóstico preciso de la situación.

La mayoría del cuerpo docente se ha sumado al llamado de la ADP, lo cual ha generado los tradicionales ataques del gobierno y sus medios de comunicación contra el gremio. Más allá de las diferencias políticas que tenemos con la dirección actual de la ADP, respetamos las decisiones que tome democráticamente el gremio y rechazamos los ataques a la libertad sindical.

Indudablemente, a quienes más afecta el no reinicio de las clases presenciales es a las madres y padres de la clase trabajadora, para quienes esta situación genera grandes dificultades. Sin embargo, debemos ser claros en plantear que ni el estudiantado, ni la ADP, ni los hogares o la sociedad en general, son los culpables de la situación sanitaria que atravesamos y la falta de condiciones adecuadas en las escuelas, muchas de las cuales ni siquiera tienen agua. El único culpable es el gobierno.

Fueron las políticas gubernamentales que aumentaron la vulnerabilidad de la población a la nueva ola pandémica de la variante ómicron: ha sido el gobierno el que limita el acceso a las pruebas PCR al exigir una prueba de antígenos positiva; es el que permite el altísimo costo de dichas pruebas de diagnóstico, prohibitivas para la mayoría de las familias trabajadoras; es el que no exige vacunación ni pruebas negativas a los turistas, y para colmo autoriza la realización de eventos de megacontagio como la llamada “Batalla de la Fe”.

Si bien de manera contradictoria el Colegio de Médicos ha apoyado el llamado del gobierno a las clases presenciales, dicho gremio también ha criticado la política sanitaria oficial por subordinarse a intereses empresariales y ha alertado que el sistema de salud se dirige al colapso por el aumento de los contagios de covid19. 

Durante el año 2020 y el inicio del 2021, el gobierno actual había apostado por las clases virtuales, dada la situación epidemiológica, y era lo sensato porque había que disminuir el riesgo de contagios. En el punto más alto del año pasado, en enero, se registraron unos 1,700 casos diarios. Actualmente estamos superando los 6,000 casos diarios registrados. Debido al poco acceso a las pruebas, las cifras reales son mucho mayores. Si bien ahora más de la mitad de la población está vacunada, no deja de ser preocupante la tendencia actual y ameritaría verdaderas acciones por parte del gobierno.

Tampoco hay condiciones para las clases virtuales

Debemos recordar que a fines de 2020 el Ministerio de Eduación, a través del ministro Fulcar, anunció con bombos y platillos planes para posibilitar las clases virtuales. Para ello, el Estado pagó más 26 mil millones de pesos: 13.2 mil millones de pesos por concepto de asesorías del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 12.8 mil millones para la adquisición de equipos.

¿A dónde fueron a parar esos recursos? ¿Por qué no hay condiciones para la educación virtual? ¿Cómo se justifica el sobreprecio en la asesoría del PNUD, que costó más que los equipos? Estamos indudablemente frente a uno de los mayores casos de corrupción de los últimos años. Al no haber una investigación en curso ni sancionados, queda en evidencia que la supuesta “justicia independiente” no existe.

Según una encuesta realizada el año pasado, más del 83% de los hogares no tienen acceso a internet. ¿Por qué el gobierno no invirtió en popularizar el acceso a internet en vez de dilapidar el dinero de los impuestos que paga la clase trabajadora en asesorías inútiles del PNUD?

El pueblo trabajador no puede seguir pagando la corrupción y los fracasos del gobierno en materia educativa. Exigimos la aplicación de un plan de emergencia con participación de la ADP y de las comunidades para garantizar condiciones para el reinicio de las clases presenciales, incluyendo la realización periódica de pruebas PCR para docentes y estudiantes, garantizar que todas las escuelas tengan agua y ventilación adecuada, y que se audite de manera independiente el uso del dinero destinado a la educación a distancia.

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