La Voz de los Trabajadores

Imagen: Campaña del sindicato UNI contra abusos laborales de TP en Colombia

Las operaciones de la transnacional francesa Teleperformance (TP) en República Dominicana cobraron una triste notoriedad durante las semanas que siguieron al día 12 de julio, cuando el trabajador Luis Pimentel falleció mientras laboraba en la sede Larimar en Santo Domingo. De acuerdo con testimonios de sus compañeros de trabajo, no existían protocolos de seguridad para atender situaciones de emergencia, la gerencia obstaculizó el ingreso de los paramédicos y luego se obligó a los compañeros de Pimentel a continuar trabajando junto al cuerpo sin vida durante varias horas. El caso tuvo mucha repercusión en países como Colombia, México, Costa Rica, El Salvador y Estados Unidos, donde la juventud trabajadora viralizó la información que este portal publicó. TP desactivó las respuestas en muchas de sus cuentas de redes sociales para silenciar los reclamos.

En nuestro país, debido a la censura ejercida por la mayoría de los medios de comunicación privados, muchos de los cuales reciben pagos por publicidad de esta poderosa transnacional, impidió una mayor difusión. Tampoco las autoridades del Ministerio del Trabajo o la Procuraduría General de la República actuaron ante el caso, quedando en entredicho la supuesta “justicia independiente” de la que tanto habla el gobierno. Cuando hacer valer las leyes afecta los intereses de la burguesía nacional o transnacional, la justicia nunca ha sido independiente, ni durante las dictaduras trujillista y balaguerista ni durante la etapa de democracia burguesa.

Para miles de jóvenes trabajadores de TP y de otras empresas de esta industria, la noticia de los abusos cometidos por la empresa en Santo Domingo fue terrible pero no sorprendente. Trabajadores y ex trabajadores de TP nos hicieron llegar decenas de denuncias de abusos laborales cometidos en varios países de Latinoamérica. Entre las denuncias más recurrentes están los bajísimos salarios, las condiciones de trabajo humillantes con descuentos salariales por ir al baño o beber agua y los problemas de salud derivados de esas condiciones abusivas. El desprecio patronal a las condiciones de seguridad e higiene es total. Trabajadores de TP en Costa Rica denunciaron que fueron obligados a trabajar en instalaciones con problemas de plomería que generaban una fetidez insoportable. También fueron recurrentes las denuncias de hacinamiento en salas con pobre ventilación en plena pandemia del Covid19. Una ex trabajadora de TP en Chihuahua, México, indicó que fue obligada a trabajar estando embarazada y al sufrir accesos de náuseas se le negó el permiso a ir al baño. En cambio, sus supervisores le ofrecieron que vomitara en una papelera y continuara trabajando.

Sencillamente para estos explotadores no existe ningún límite ético, y casi ninguno legal, que no estén dispuestos a cruzar, como quedó demostrado en los sucesos del 12 de julio en Santo Domingo. No se trata de casos aislados o errores, tampoco son prácticas que se limitan a República Dominicana por ser un país con casi nula libertad sindical y autoridades predispuestas a violar los derechos laborales con saña. Se trata de una estrategia capitalista de maximización de la explotación y que está presente en todos los países donde opera TP.

Recibimos denuncias de problemas para el cobro de indemnizaciones por despido o renuncia. También hubo denuncias de que la empresa soslayó la seguridad de los trabajadores, por ejemplo al mantener la actividad en su sede en Jalisco, México, durante el huracán Patricia en el año 2015, el más intenso registrado en la historia en el hemisferio occidental. Otra denuncia señala que en el año 2016, en una sede en Guadalajara, los gerentes obligaron a laborar sin interrupciones en medio de un terremoto, impidiendo el desalojo del edificio. Trabajadores de TP en Colombia también denunciaron haber sido víctimas de esta práctica de impedir los desalojos durante sismos.

También recibimos numerosas denuncias de abuso y acoso sexual en el trabajo, en sucursales de la transnacional tanto en Colombia como en México, sin que la empresa tomara ninguna medida para proteger a las trabajadoras. Trabajadores de TP en Colombia confirmaron que la misma práctica de horarios reducidos para la guardia médica o incluso la ausencia total de atención médica, uno de los problemas evidenciados en la sede de Larimar en Santo Domingo, también se presenta en ese país.

TP es un monstruo de la industria de la atención al cliente, la segunda empresa más grande del mundo en su rubro, y obtiene el 25% de sus ingresos en Latinoamérica. Empresas como Facebook, Apple, Amazon y Google tercerizan su atención al cliente a través de TP. Para maximizar ganancias se exprime hasta el último segundo de atención de las personas que trabajan, extenuándolas psíquicamente hasta los límites. A estos fines, la transnacional emplea un sistema de puntajes o “métricas” que afectan los salarios. Además de ello, saturan de supervisores los espacios de trabajo, generando un ambiente tóxico de hipervigilancia y abuso permanente, al que complementan con la exigencia de «actitud positiva» permanente y con la falsa propaganda de que TP es un «gran lugar para trabajar». Es prácticamente el modelo a escala de una dictadura capitalista.

TP: Superexplotación y abuso laboral en todo el mundo

En abril de 2020, TP fue denunciada ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por violación de los derechos laborales y condiciones insalubres de trabajo por una coalición de sindicatos de Francia, Filipinas, Colombia, Reino Unido, Portugal, Grecia, Albania y otros países. Según el Financial Times, al entrar en vigor medidas de restricción de movimientos en Filipinas el año pasado, por la pandemia del Covid19, TP encerró a los trabajadores y les obligó a dormir en el suelo de los centros de llamadas por períodos de 30 días, bajo la amenaza de que si no aceptaban esas condiciones se quedarían sin salario. Una investigación del diario francés Le Monde estima que un 30% de los 48 mil trabajadores filipinos de TP fueron sometidos a este régimen de explotación, además de ser obligados a compartir auriculares, violando las recomendaciones de prevención de contagio del Covid19. A todo ello se sumaron prácticas antisindicales y represalias contra trabajadores que solicitaron protección.

En Colombia hubo una huelga espontánea contra la falta de equipos de protección y condiciones inseguras de trabajo, el 26 de marzo de 2020. El 30 de marzo, cuatro trabajadores fueron despedidos como retaliación, denuncian los sindicatos. En julio de 2019, el sindicato UNI publicó un informe titulado Externalización e injusticia en el que se denuncia que en Colombia se deduce en promedio unas seis horas semanales del tiempo de trabajo por descansos para beber agua o ir al baño, así como interrupciones por averías en el sistema o cortes de electricidad. Se implementan períodos de formación obligatorios pero no remunerados, los permisos por enfermedad tampoco son remunerados. Para aquel momento la empresa contaba con 18 mil empleados en el país suramericano. También se mencionaba en dicho informe la discriminación contra las mujeres, al obligarlas a realizarse exámenes de embarazo ilegales. Se documentaron ataques a la libertad sindical y el hecho de que la mayoría de los trabajadores no llegaban al salario mínimo.

También en Europa ha habido resistencia a los abusos laborales de TP. En el Estado español se realizaron en 2020 varias huelgas contra los descuentos arbitrarios debido a fallas en los equipos informáticos o en los programas de contabilización de las horas de trabajo.

Le Monde reportó que en Grecia, luego de una huelga exigiendo la implementación del teletrabajo, la empresa accedió pero despidió a tres trabajadores e incorporó una condición humillante: la instalación de cámaras web en las casas de los trabajadores para espiarlos. En Reino Unido también se planteó esta condición, pese a la oposición del sindicato Unite.

En Francia un funcionario explicó que las condiciones inseguras de trabajo en el marco de la pandemia constituían “un riesgo serio, grave e inminente para su integridad física y constituye un inclumplimiento de la obligación de la empresa de proporcionar un entorno salubre y seguro a sus trabajadores”. En Portugal se presentaron cinco casos de Covid19 en TP, pero la empresa se negó a suspender el trabajo hasta que las autoridades cerraron el local.

En Argentina, trabajadoras acusaron a la empresa de negarles las horas de lactancia. También se denunció la realización de un fraude contractual recurrente con la elaboración de contratos mensuales renovados por 9 o 10 meses, más allá de lo que permite la legislación laboral de ese país. También fueron realizados despidos en violación de la prohibición establecida por el gobierno durante la pandemia.

En ese marco de condiciones laborales infernales, Francisco Lara Padilla, jefe de la empresa para Costa Rica, Honduras y República Dominicana decía en una entrevista publicada el 14 de junio de este año: “Lo estratégico siempre es cuidar a la gente”. Como parte de esa estrategia de lavado de imagen, TP paga por la certificación titulada “Great Place to Work” (Un gran lugar para trabajar). Pero cada vez más la organización sindical de quienes trabajan y el uso masivo de las redes sociales van evidenciando los abusos de los explotadores de TP y fortaleciendo la consciencia de clase en este sector emergente de la clase trabajadora, integrada en gran medida por jóvenes. La salida es organizarse sindical y políticamente de manera independiente para defender mediante la denuncia, las movilizaciones y las huelgas, los derechos de la masa trabajadora. Y en los lugares en los que ya hay organizaciones sindicales, lo cual representa un gran avance, defender su funcionamiento democrático, autónomo y combativo.