Manuel Gual

La vicepresidenta Raquel Peña anunció el 24 de junio que se suministrará una tercera dosis de la vacuna, transcurrido un mes de la segunda dosis. Según la vicepresidenta, esta medida apunta a proteger a la población de mutaciones en el virus, particularmente la llamada «variante Delta» presuntamente originada en la India. ¡Pero el gobierno ni siquiera pide a los turistas que pueden traer esta variante que tengan una prueba PCR negativa o una constancia de vacunación! Los negocios de las grandes cadenas hoteleras se colocan por encima de la salud pública.

Este anuncio se da en el marco de una política de salud ante la pandemia plagada de contradicciones como la de haber impulsado una política de detenciones masivas mientras se restringe el acceso a las pruebas, lo que ha dado como resultado que al 25 de junio tengamos un acumulado de 328 mil detenciones, que superan los 321 mil contagios confirmados. De igual forma la política de vacunación ha tenido un errático recorrido, tal y como veremos.

El 22 de enero, Raquel Peña anunció que el plan de vacunación se basaría en el registro electoral, excluyendo de esa manera a todas las persona inmigrantes, con visa de residencia o no. Inmediatamente profesionales de la salud, académicos y activistas denunciaron esa política discriminadora que dificultaría lograr la inmunidad colectiva. Desde el MST planteamos la necesidad de un plan de vacunación que incluyera a todas las personas sin discriminación.

Abinader lanzó oficialmente el Plan Nacional de Vacunación el 15 de febrero, reiterando que “Las vacunas que hemos adquirido están destinadas a los dominicanos”. El 4 de marzo, el ministro de Salud, Daniel Rivera, anunció que las personas inmigrantes con visa de residencia permanente sí serían vacunados. Pero sin perder la oportunidad para agitar la xenofobia: “Hay que tener cuidado porque de Haití pueden pasar muchas personas para tomar la vacuna”.

Es obvio que la carencia de documentos no solo afecta a la comunidad inmigrante, también a una parte importante de la propia población dominicana. Además de las alrededor de 200 mil personas desnacionalizadas por la sentencia racista 168-13, según la encuesta Enhogar 2016 el 5,1% de la población dominicana carece de acta de nacimiento.

Sectores de derecha y del gobierno empezaron a exigir medidas coercitivas para que más personas se vacunaran. El empresario del transporte Antonio Marte, senador, quien fue electo por el PRM en alianza con el PRSC y luego saltó a la FP, dijo que se exigiría la tarjeta de vacunación a los pasajeros. El peledeísta Laluz propuso que el toque de queda solo se aplique a las personas no vacunadas. Senadores de la FP, PRSC y PRM propusieron que el gobierno adopte una resolución prohibiendo el ingreso de personas sin tarjeta de vacunación a lugares públicos. El alcalde de Santiago, Abel Martínez, tampoco se quedó atrás y lanzó las mismas amenazas. Algunas empresas empezaron a exigir la tarjeta de vacunación a sus trabajadores. ¡Todo ello mientras el propio gobierno no garantizaba la vacunación a toda la población!

Finalmente, el 5 de junio, el ministro de salud anunció que toda persona dominicana o extranjera, con o sin papeles se podría vacunar. Indudablemente una conquista del pueblo dominicano y la comunidad inmigrante. Sin embargo se perdieron largos meses que pudieron aprovecharse en educar e incentivar la vacunación de todas las personas.

¿Tercera dosis?

En total, el gobierno tiene acuerdos para la adquisición de 35 millones de vacunas, suministradas por Sinovac, Astrazeneca y Pfizer. En el caso de Pfizer mediante una negociación escandalosa que llevó al Estado dominicano a asumir compromisos insólitos con la transnacional y ceder en su soberanía en materia judicial. Hasta el momento se han inoculado 7.4 millones de dosis. Alrededor de una cuarta parte de la población ha recibido las dos dosis y 45% ha recibido una sola dosis. Es evidente que la prioridad debe ser aumentar la proporción de adultos con dos dosis. Además, la vicepresidenta no mencionó ningún estudio científico que avale adoptar de inmediato la administración de la tercera dosis, un error que puede ser aprovechado por los sectores religiosos y de extrema derecha antivacunas para sus campañas.

Actualmente el gobierno chileno, que ha vacunado un 78% de la población, incluyendo un 61% con dos dosis, cifras muy superiores a las de nuestro país, está manejando la hipótesis de aplicar la tercera dosis en septiembre a personas cuya segunda dosis haya sido administrada en marzo.

En junio se publicó en EEUU un estudio, todavía preliminar, sobre la aplicación de una tercera dosis a personas que han recibido transplantes de órganos y que debido a su consumo de medicamentos inmunosupresores tienen una respuesta más débil a la inoculación. El estudio indicaría que la tercera dosis puede mejorar la respuesta inmunológica en esos pacientes, sin embargo el estudio no involucró la vacuna Sinovac, solo las vacunas Pfizer, Moderna y Johnson&Johnson.

Está también en curso una prueba clínica en el Reino Unido para medir los efectos de una tercera dosis en personas que no tienen su sistema inmunológico comprometido, para establecer si hay algún efecto positivo y estudiar las distintas combinaciones entre vacunas. ¿Cómo la vicepresidenta Peña se adelanta a las conclusiones de un estudio que apenas está iniciándose? Si el gobierno dominicano adquirió de manera poco transparente millones de vacunas por encima de las requeridas para dotar de dos dosis a la población, podría vender el excedente o donarlo a países que no han podido adquirirlas, dado que la meta de inmunidad colectiva es global, no meramente nacional. En todo caso lo sensato y prudente es esperar a que exista una base científica para administrar la tercera dosis, en los lapsos y en las combinaciones que los estudios recomienden.

Mientras sea un gobierno de empresarios el que defina las políticas de salud pública, seguiremos sufriendo las consecuencias de su desprecio por las necesidades e intereses de las mayorías populares. Tal y como planteamos el año pasado, en vez de tener un gabinete de salud que actúa de espaldas a la sociedad, sin criterios científicos, necesitamos un comité nacional de emergencia con la participación de profesionales de la salud, científicos y académicos, organizaciones populares, estudiantiles, sindicatos y otros sectores sociales. De esa manera se podrían superar las costosas improvisaciones, incoherencias y decisiones políticas dictadas por los intereses de una minoría ínfima de capitalistas en perjuicio de la mayoría del pueblo trabajador.