Protección para los capitalistas y precariedad para la clase trabajadora

Fiodor Morán

Foto: Demolición masiva de viviendas en Los Alcarrizos a comienzos de marzo

El gobierno habla del “mayor escudo de protección social de nuestra historia” mientras prepara zarpazos contra el pueblo trabajador. El programa “Quédate en casa” se liquidará en abril. A “Comer es primero” que en mayo se denominará “Supérate”, es una ayuda irrisoria de 1,650 pesos mensuales. Cientos de miles de personas aún no han recuperado sus empleos formales o informales. Miles de cancelaciones las ejecutó el propio gobierno para abrir cancha a los militantes del PRM. Mientras tanto se sigue subsidiando con el programa FASE hasta abril a empresas, tanto pagando los salarios de trabajadores suspendidos como de trabajadores activos de empresas que han seguido produciendo. El gobierno además completó la entrega del salario de navidad de las empresas con 3,400 millones de pesos. Se roba al pobre para dar al rico.

Aunque el gobierno habla de un Pacto social para la reforma fiscal y mejoras salariales y de seguridad social, a través del Consejo Nacional de Competitividad su estrategia declarada es “mejorar la competitividad”, lo cual en materia laboral se traduce en negar la libertad de organización sindical y mantener los salarios muy bajos.

Según cifras del Sistema Único de Información y Recaudo de la Tesorería de la Seguridad Social, al 31 de diciembre de 2020, el 15,4% de los cotizantes a la seguridad social cobraban menos de 10 mil pesos. El 39,9% ganaba entre 10 mil y 15 mil pesos; y entre 15 y 20 mil, el 16,8%. Solo el 25,7% gana más de 25 mil pesos mensuales, mientras la canasta familiar promedio supera los 36 mil pesos.

Al aumento de las tarifas eléctricas con el Pacto eléctrico se suma el aumento al transporte debido al aumento de la gasolina y los planes privatizadores de la mano de CONATRA y Antonio Marte.

En cuanto al derecho a la vivienda, Abinader dice que construirá 45 mil viviendas mediante alianzas público-privadas, 4 mil de ellas este año. Pero ese programa “Familia Feliz”, según la organización Casa Ya, excluye al mayoritario sector de trabajadores informales. El monto mínimo de ingreso fijo mensual para poder acceder al programa es 16 mil pesos, descalificando de entrada a la mayoría del pueblo. La mayoría de las viviendas están dirigidas al sector de clase media alta. Según el MEPYD el déficit de vivienda es de 924 mil viviendas, más del doble según la ONE-CELADE (cifras publicadas por PolétikaRD). Para empeorar las cosas, a comienzos de marzo desalojó a más de mil personas en el sector los Alcarrizos de Santo Domingo, con un violento operativo policial, destruyendo sus viviendas y pertenencias. ¿Esa es la política para disminuir el déficit de viviendas?

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