La Voz de los Trabajadores

Foto: Operativo migratorio en Ciudad Juan Bosch, mayo 2022

El 28 de noviembre la prensa publicó la denuncia del obispo de la Diócesis de San Pedro de Macorís y Hato Mayor, Santiago Rodríguez, quien denunció las prácticas de la Dirección General de Migración (DGM), que incluyen maltratos físicos a las personas detenidas en los procesos de interdicción migratoria, extorsión, confinamiento en camiones hacinados e insalubres, «en peores condiciones que los animales», y los abusos sexuales. El obispo relató que recientemente fue detenida arbitrariamente una monja católica de nacionalidad nigeriana a la que los agentes de la DGM habían exigido sostener relaciones sexuales para liberarla. La víctima habría relatado que otras mujeres detenidas también sufrían el mismo tipo de «propuestas», que son, en rigor, amenazas de violación.

El gobierno no ha respondido a las denuncias del obispo Rodríguez. El perfilamiento racial y la presunción de culpabilidad aplicada a las personas negras, aunque son prácticas inconstitucionales están plenamente institucionalizadas y son métodos de cotidiana aplicación en la República Dominicana. Por eso es frecuente que personas sean detenidas únicamente por «parecer haitianas», lo que llevó incluso al gobierno de EEUU, al cual el gobierno dominicano está abiertamente subordinado en su política exterior, a emitir una alerta en 2022, advirtiendo a las personas estadounidenses negras sobre el riesgo de detenciones migratorias en República Dominicana. En ocasiones anteriores, las autoridades han intentado minimizar las violaciones a los derechos humanos ejercidas por sus agentes, presentándolas como hechos aislados. Así lo han hecho ante casos escandalosos de abusos por parte de los represores e incluso ante instancias internacionales como la CIDH.

Es frecuente que los agentes represivos que participan en los operativos migratorios, tanto agentes de la DGM como policías y militares sin ningún tipo de entrenamiento previo en materia migratoria, perpetren toda clase de crímenes contra la población negra del país, sobre todo personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, pero también personas dominicanas negras y de otras nacionalidades, e incluso hasta miembros de los propios cuerpos represivos. Estos crímenes incluyen robos, torturas, extorsión, detenciones arbitrarias de niños y niñas, asesinatos y violaciones sexuales. Las detenciones arbitrarias y los allanamientos de viviendas y comercios sin orden judicial son tan frecuentes que organizaciones de defensa de derechos humanos consideran que existe un Estado de excepción no declarado formalmente en República Dominicana.

En cuanto a la violencia sexual en los operativos migratorios, existen importantes obstáculos para que sea denunciada, dado el clima de terror y persecución racista imperante en el país. Sin embargo, en septiembre de 2023 la mujer haitiana Stephy Graph denunció que fue violada por agentes de la DGM en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. La mujer dominicana Cristina Martínez Lorenzo, detenida arbitrariamente por ser negra el 20 de septiembre del 2023, fue expulsada del país y estuvo durante varias semanas en situación de desaparición forzada, período durante el cual fue abusada sexualmente. El 5 de abril de 2024, en un allanamiento ilegal entre los miles que se realizan semanalmente como parte de la política de deportaciones masivas, un militar violó a una niña haitiana de 14 años de edad.

En la persistencia de estos crímenes atroces perpetrados por las autoridades convergen el racismo oficial, la corrupción y brutalidad policiales, la misoginia oficial y la impunidad otorgada por la PGR a estos crímenes. El primero presenta a la comunidad inmigrante haitiana como un peligro para la soberanía y la seguridad nacional, incitando permanentemente a la violencia; la corrupción y la brutalidad policial son enmascaradas bajo una supuesta «reforma policial» y la misoginia oficial hace de las mujeres un objetivo específico dentro de la represión del gobierno.