La Voz de los Trabajadores

El trabajador del transporte Dieumil Charles laboraba a bordo de su motocicleta la mañana del sábado, 18 de febrero, cuando dos esbirros de la Policía Nacional (PN) lo detuvieron con la finalidad de extorsionarlo. Testigos y familiares afirman que, pese a tener todos sus documentos en regla, Dieumil fue coaccionado a pagar a los policías para que le permitieran transitar. Al negarse, fue trasladado junto a la persona que transportaba a una calle cercana al Destacamento de la PN denominado El Furgón, de la avenida Churchill, donde le propinaron un golpe y al caer al suelo procedieron a ejecutarlo con un disparo. Luego de dispararle, los policías procedieron a despojarlo de sus documentos, doce mil pesos y su teléfono celular. Cuando una ambulancia retiró el cuerpo sin vida de Dieumil, los policías también se llevaron su motocicleta.

Pronto se concentraron en el lugar varios compañeros de trabajo, para repudiar este nuevo crimen policial, que forma parte de una oleada represiva racista y antiobrera desatada por el gobierno de Luis Abinader, como parte de su campaña de deportaciones y detenciones masivas de trabajadores haitianos. “(Dieumil Charles) era miembro de nuestra federación. Esos policías a todos los morenos los están macuteando, hay que ponerle un alto a eso”, expresó a varios medios un representante de Federación Dominicana de Motoconchistas (Fedomoto), subrayando que la PN persigue los trabajadores negros, sean haitianos o dominicanos. “Todos los haitianos son negocio para ellos”, expresó otro trabajador. Los montos obtenidos por los agentes policiales mediante la extorsión pueden oscilar entre unos pocos cientos de pesos hasta varios miles. El día después del asesinato de Dieumil Charles, circuló en varios medios el video de dos policías golpeando a un joven negro por negarse a pagarles doscientos pesos. Es una práctica generalizada que está generando resistencia y en ese marco aumenta la violencia de la PN, percibida por la mayoría del pueblo dominicano como una institución corrupta y asesina.

Dieumil Charles era muy apreciado en su sindicato y en su comunidad, donde hacía parte de una congregación religiosa. Desde hace 12 años vivía en la República Dominicana y tenía tres años trabajando como motoconchista. El atroz crimen deja viuda a la esposa de Dieumil y huérfanos a sus dos pequeños hijos.

Ninguna autoridad ha informado de la detención de los efectivos policiales que asesinaron a Dieumil. Pocos días antes, el 10 de febrero, agentes migratorios y policiales en Cap Cana atacaron a tiros a trabajadores de la construcción, asesinando al trabajador haitiano Jean Modes Fontas e hiriendo a varios más. Tampoco se ha informado de la detención de los represores que participaron en esa acción criminal. 

Desde el año 2019, organizaciones sociales y de derechos humanos vienen exigiendo anualmente a la Procuraduría General de la República que persiga los crímenes de odio racista, los linchamientos y las violaciones de derechos humanos por parte de efectivos policiales y de la DGM. En diciembre de 2022, la procuradora general Miriam Germán y la procuradora adjunta, Yeni Berenice recibieron a una comisión de activistas que expresaron su preocupación por la situación de impunidad reinante.

La política gubernamental alienta la generalización de la extorsión contra trabajadores inmigrantes haitianos, al bloquear la regularización migratoria mientras se masifican acciones ilegales de la DGM y la PN como los allanamientos sin orden judicial y las detenciones arbitrarias.

Esta política también está cobrando víctimas dominicanas, personas negras detenidas en base al perfilamiento racial que aplican los agentes migratorios y policiales. Cuando personas dominicanas se solidarizan con las víctimas de la extorsión, también sufren la violencia criminal de policías y militares, como en el caso del joven Eleazar de Jesús Regalado, de 23 años, ejecutado por un militar del CESFRONT en Loma de Cabrera, porque filmó con su teléfono celular la extorsión que le aplicaban a una comerciante haitiana.

La represión y la extorsión contra trabajadores haitianos es instigada además por el discurso oficial, que presenta falsamente a la comunidad inmigrante como una carga económica y una amenaza a la soberanía, apelando a teorías conspirativas. Celso Marranzini, coordinador de la principal empresa estatal de energía, la planta de Punta Catalina, afirmó en un artículo publicado el 16 de febrero en el periódico El Caribe: “Parecería que debemos agradecer habernos ocupado por veintidós largos años, haber saqueado nuestras arcas y violado a nuestras mujeres. Pronto nos pedirán quitar a Duarte como padre de la patria por Louverture (sic)”. Organizaciones sociales y de izquierda han llamado a movilizarse contra los asesinatos racistas y las deportaciones masivas que se llevan a cabo actualmente.