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Foto: Erika Santelices

La Cancillería dominicana publicó un comunicado el 30 de junio de 2023 en el que defiende las deportaciones masivas que aplica contra la comunidad inmigrante haitiana. Ante el llamado del experto independiente de la ONU William O’Neill a respetar los tratados y pactos internacionales de derechos humanos, el comunicado planteó que “la situación interna (de Haití) nunca será impedimento para la plena aplicación de la legislación dominicana”. En realidad, esa política migratoria viola sistemáticamente la Constitución y las leyes dominicanas.

El comunicado de la Cancillería hace eco de la teoría conspirativa de la ultraderecha según la cual la ONU promueve la emigración irregular haitiana “como solución al padecimiento de ese pueblo”. El presidente Abinader reiteró el contenido del comunicado en un discurso posterior. Esta reacción recordó lo ocurrido en noviembre de 2022, cuando el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk recomendó cesar las deportaciones de personas haitianas y “prevenir la xenofobia, la discriminación y las formas conexas de intolerancia basadas en el origen nacional, racial o étnico”. El presidente Abinader respondió que esa política no solo iba a continuar sino que se iba a “incrementar”. Y así ocurrió.

O’Neill, al igual que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el propio presidente Abinader, llama a la ocupación militar extranjera de Haití, lo cual rechazamos de manera categórica. La ONU es corresponsable de la crisis política, económica y social de Haití, por su rol en la ocupación militar de la MINUSTAH entre 2004 y 2017. La intervención del Core Group encabezado por EEUU que se extiende hasta hoy, también ha sido nefasta y ha sido el principal apoyo del gobierno mafioso de Ariel Henry. Debe respetarse el derecho a la autodeterminación del pueblo haitiano.

Violaciones a la Constitución y las leyes dominicanas

Contrariamente a lo afirmado por la Cancillería, el régimen no aplica “plenamente” la legislación dominicana, la viola todos los días y a toda hora.

Los procesos de detención masiva de personas inmigrantes haitianas con frecuencia se extienden a personas dominicanas de ascendencia haitiana y a otras personas dominicanas negras debido al uso sistemático del perfilamiento racial. Este método viola el principio legal de la presunción de inocencia, así como el artículo constitucional 39 sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación. El artículo 46 prohíbe la expulsión de personas dominicanas del territorio nacional, salvo por procesos de extradición, lo cual subraya la ilegalidad de la detención migratoria de personas dominicanas de ascendencia haitiana. Los asesinatos de inmigrantes por parte de agentes policiales, militares y de la Dirección General de Migración (DGM) violan el artículo constitucional 37 sobre el derecho a la vida, mientras que las torturas, violaciones sexuales y otros tratos degradantes violan el artículo 42.

Los allanamientos de viviendas sin orden judicial, que la PN, DGM y militares realizan diariamente, violan el artículo 44 de la Constitución. La política de la DGM de desplegar en sus operativos a agentes encapuchados y sin identificación visible viola el artículo 40 de la Constitución.

El Reglamento de la Ley de Migración 285-04 establece en su artículo 134 que nunca serán detenidas en procedimientos migratorios personas menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes, envejecientes y solicitantes de asilo. Todos los días son detenidas personas con esas características. También son detenidas personas con su documentación migratoria vigente.

Otros crímenes cometidos con frecuencia por las autoridades migratorias son la extorsión contra familiares de personas detenidas para lograr su liberación, así como la destrucción de documentos y el robo de dinero, teléfonos celulares, motores y otros bienes de las personas inmigrantes haitianas.

La Procuraduría General de la República ha sido notificada sobre estos crímenes perpetrados cotidianamente por las autoridades migratorias. El 2 de diciembre de 2022 la Procuradora General, Miriam Germán, y la Procuradora Adjunta, Yeni Berenice Reynoso, recibieron a una comisión en representación de organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos, quienes expusieron la gravedad de estos crímenes sin que hasta el momento se haya anunciado alguna investigación o se conozcan medidas contra la DGM, la PN o los militares involucrados.

Violaciones al protocolo binacional de 1999

El régimen dominicano viola prácticamente en su totalidad el Protocolo migratorio suscrito por la República Dominicana y Haití en 1999. Dicho protocolo establece que no deben realizarse repatriaciones en horarios nocturnos, domingos o días feriados; no deben separarse padres e hijos; las repatriaciones solo se deben realizar a través de cuatro puntos fronterizos autorizados; no se deben retener documentos personales de los repatriados y se debe entregar una copia del formulario individual de repatriación a cada persona. Las autoridades diplomáticas haitianas deben recibir con antelación las listas de personas en proceso de repatriación para que puedan acceder a la asistencia consular. Nada de eso se cumple. El Estado haitiano y sus representantes diplomáticos han guardado un silencio cómplice ante estos incumplimientos.

El régimen encabezado por Abinader no puede proporcionar las listas de personas que ha deportado porque el desorden y la corrupción son tales que ni siquiera se sabe cuántas deportaciones ha realizado. En su discurso del 27 de febrero de 2023, Abinader afirmó que se había deportado a 171 mil personas haitianas durante 2022. Por su parte, la Dirección General de Migración (DGM) aseguró el 30 de diciembre de 2022 que había deportado a 154,333 personas durante ese año. Pero según el comunicado ya citado de la Cancillería del 30 de junio de 2023, en 2022 hubo 120,900 deportaciones de extranjeros, “casi todos de origen haitiano”. Las discrepancias son enormes, esto basta para demostrar que el régimen carece de un registro confiable y veraz.

Una política basada en el odio racial

El régimen constantemente acusa a la comunidad inmigrante haitiana de ser una “carga”. En realidad es una comunidad que en su enorme mayoría vive de su propio trabajo y sufre frecuentemente de la superexplotación laboral y la negación de sus derechos, como el derecho a la pensión de los trabajadores retirados de la industria azucarera, y el derecho de trabajadores agrícolas y de la construcción a contratos de trabajo y seguros médicos. El gobierno difunde propaganda de odio contra las mujeres embarazadas haitianas, acusándolas falsamente de consumir gran parte del presupuesto de salud pública, cuando la incidencia de su atención hospitalaria en el presupuesto de salud es de menos del 1% según cálculos basados en las cifras proporcionadas por funcionarios de la actual y pasadas gestiones.

Se mantiene bloqueada la regularización migratoria de la enorme mayoría de la comunidad inmigrante haitiana. Según el entonces director de la DGM, en marzo de 2022 solo 31 mil personas haitianas contaban con residencia legal en el país. Este año el director del Instituto Nacional de Migración calculaba la población inmigrante haitiana en unas 700 mil personas. De ser ciertas estas cifras, solo el 5% de las personas inmigrantes haitianas contarían con residencia legal. En vez de tomar medidas para facilitar su regularización, se lanza una violenta persecución. Simultáneamente, entre 2021 y 2023, se regularizó mediante un plan especial a unas 42 mil personas venezolanas, de las aproximadamente 116 mil que viven en la República Dominicana.

El mismo criterio racista se aplica al derecho de las personas inmigrantes a realizar actividades públicas. Cuando pastores evangélicos dominicanos y haitianos convocaron a una marcha por la paz y la seguridad en Haití para el domingo 9 de julio de 2023, organizaciones neofascistas amenazaron con atacarla y pidieron al gobierno prohibirla. El gobierno rápidamente prohibió la marcha alegando que amenazaba el orden público, una falsedad evidente. No se adoptó ninguna medida contra los neonazis por sus amenazas de muerte, la verdadera amenaza al orden público. Contrasta esta disposición autoritaria con la permisividad hacia personas de otras nacionalidades cuando realizan marchas, como la movilización en febrero de 2022 de personas ucranianas en Las Terrenas, en rechazo a la invasión imperialista rusa contra Ucrania, la protesta de enero de 2019 de la diáspora venezolana en Santo Domingo, y las protestas de julio de 2021 y marzo de 2023 por parte de inmigrantes cubanos, entre muchas otras.

Defendemos el derecho de todas las personas inmigrantes a movilizarse, a defender sus derechos y a la libre expresión, sin distinción de nacionalidad y sin limitaciones de tipo racista.

Exigimos poner fin a las deportaciones masivas contra la comunidad inmigrante haitiana, a las extorsiones, robos, malos tratos, detenciones en centros hacinados e insalubres, la separación de infantes de sus familias, los allanamientos sin orden judicial, el perfilamiento racial y la detención de mujeres embarazadas y lactantes. Debe aplicarse un plan de regularización como el dirigido a la comunidad venezolana, pero para todas las personas inmigrantes sin discriminación racial.

En definitiva le exigimos al gobierno dominicano que deje de violar las leyes dominicanas, la Constitución, los protocolos binacionales, los tratados y pactos internacionales, y sobre todo que no cometa el crimen de lesa humanidad de la discriminación racial sistemática, el apartheid. Las autoridades deben saber que ese crimen nunca prescribe. 

Organizaciones firmantes

Colectivo HaitianosRD
Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST)
Movimiento Reconocido
Movimiento Caamañista
Fundación Código Humano
La Ceiba
MOSCTHA