La Voz de los Trabajadores

Foto: Félix de la Cruz

Organizaciones populares, ambientalistas, de campesinos y pescadores protestaron el 7 de diciembre frente al Ministerio de Medio Ambiente. Repudiaron la licencia ambiental 0482-22 entregada por el gobierno de Abinader y el ministro de Medio Ambiente Ceara Hatton a la empresa turca Karadeniz Powership para instalar dos barcazas de regeneración termoeléctrica en las playas de Los Negros de Azua.

Las organizaciones expresaron a través de una nota de prensa su indignación ante el otorgamiento de la licencia, “a pesar de la razonada oposición de una diversidad de los comunitarios, técnicos medioambientales, organizaciones e instituciones locales, provinciales, nacionales y personalidades del país. La indignación es aún mayor porque la decisión se ha adoptado precedida de un alto nivel de violencia, opresión y chantaje en contra  de los comunitarios de Los Negros, Puerto Viejo de Azua”. Denunciaron que la represión “ha dejado varias personas heridas y golpeadas, incluyendo una que perdió un ojo, prisiones arbitrarias, casas violentadas con roturas en su estructura, vehículos con daños, quema del local donde los pescadores limpian y venden el pescado” y que se trata de “actos cometidos por  militares y policías que mantienen vigilada permanentemente la comunidad, atemorizando a las familias y generando daños psicológicos en padres, madres y especialmente a niños y niñas”.

Aclararon que la licencia otorgada por el ministro Ceara Hatton viola la Constitución de la República, en su artículo 16, el artículo 69 la ley sobre áreas protegidas 202-04, la ley 64-00 de medio ambiente y sus reglamentos, y los decretos 309-95 y 233-96. El proyecto, que el gobierno de Abinader intenta imponer por medio de la represión afectaría tres áreas protegidas: la Reserva de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo y los Parques Nacionales Francisco Alberto Caamaño y Sierra Martín García. “Se afectaría el área de amortiguamiento de los manglares y donde  Manatíes, flamencos, peces, crustáceos, aves nativas y migratorias se reproducen; por tanto los contaminantes sólidos, líquidos y el ruido se expandirán en toda la zona, afectando la vida silvestre, humana y la producción agropecuaria”.

Además de que la generación de electricidad por medio de la quema de combustibles aporta importantes emisiones de gases que producen el efecto invernadero y aceleran el calentamiento global, la instalación de las barcazas destruiría las playas Los Negros, Caobita, Uvero y Uverito, “entre otras, que son fuente de vida y empleo productivo para centenares de pescadores y hombres y mujeres de Barreras, Pueblo Viejo, Proyecto 4, El Rosario, Los Negros, 2C, Ganadero, Las Barias y otras hasta la Bahía de Ocoa y como conjunto constituye un gran potencial para el desarrollo ecoturístico de la empobrecida provincia de Azua”.

Las organizaciones exigieron al Presidente de la República derogar la licencia y adoptar “un plan de desarrollo integral en beneficio de la población y sostenibilidad ambiental y la economía local”, de lo contrario continuarán la movilización. También llamaron a las “organizaciones sociales, coaliciones, legisladores, partidos políticos y la población en general, a sumarse a esta lucha por la vida, la protección de los recursos naturales y el respeto a los Derechos Humanos”.

Entre las organizaciones firmantes están la Asociación de Campesinos Sin Tierra La Sufrida, la Junta de Vecinos La Nueva Esperanza, la Junta de Vecinos Brisas del Mar, la Coordinación de Organizaciones de Los Negros, Juntas de Vecinos Transparencia, Articulación Nacional Campesina, Comisión Nacional De Los Derechos Humanos, Junta de Vecinos en busca del Progreso, Coalición Enriquillo, Sindicato de Averías de Puerto Viejo de Los Negros, Red Socio Ambiental Nacional, Coordinadora Popular Nacional, la Federación de Campesinos Independientes Mamá Tingó (FECAINMAT), Junta de Vecinos Villa Progreso, entre otras organizaciones de base.