Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

La lucha contra el Código Penal misógino y discriminatorio del gobierno de Abinader representa el movimiento más amplio y aglutinador luego de las protestas en la Plaza de la Bandera contra el fraude electoral en 2020. Así como aquel movimiento derrotó al PLD, ahora es crucial derrotar en las calles al gobierno del PRM. 

Los sucesivos gobiernos del PLD fueron incapaces de actualizar la legislación penal respecto del código vigente desde el siglo XIX, empleando un doble juego de aprobar textos legales antidemocráticos para luego ser observados y devueltos por el presidente de turno. Esto ocurrió en 2006, 2014 y 2016. Pero el gobierno de Abinader ha decidido imponer un Código Penal antidemocrático a toda costa antes de que perima, al final de esta legislatura el 16 de agosto.

Por eso el 2 de agosto, de manera irregular, la comisión del Senado encargada de estudiar el proyecto aprobado en segunda discusión por la Cámara de Diputados se saltó la discusión artículo por artículo, ignoró las críticas de las audiencias públicas y las sugerencias de la propia Procuraduría General de la República, aprobando el texto tal y como llegó desde la Cámara de Diputados. Es remitido entonces en esa forma para su votación en el pleno del Senado.

El gobierno de Abinader ha dejado muy claro que no tiene previsto observar el Código Penal. Por eso ha planteado la propuesta de ley especial o referendum posterior con relación a la prohibición absoluta del aborto, que el texto aprobado en primera y segunda discusión contempla. El movimiento de mujeres se ha opuesto a estas promesas tramposas del gobierno, dejando en claro que los derechos humanos no se plebiscitan. Por más de dos meses se mantuvo un campamento de protesta frente al Palacio Nacional. Recibió un ataque por envenenamiento y cuando se intentó establecer un segundo campamento frente al Congreso, fue reprimido por la Policía Nacional. El 23 de mayo se realizó una importante marcha exigiendo la despenalización del aborto en, al menos, tres causales.

Pero el gobierno usó la mayoría del PRM y sus aliados en la Cámara de Diputados para aprobar el texto legal antidemocrático con solo 16 votos en contra, el 28 de abril. El 30 de junio se aprobó en segunda discusión. Esta vez el bloque reaccionario que abarca la mayoría de diputados del PRM y del PLD, la totalidad del bloque de la Fuerza del Pueblo, el PRSC, PQDC, PRD, DxC, aprobó un texto que no solo criminaliza de manera absoluta el aborto sino que incorpora la escandalosa legalización de la discriminación por razones “religiosas” o “institucionales”. Esta vez los votos negativos cayeron a solo 13, dejando en evidencia el carácter retrógrado del Congreso dominicano. En la centroizquierda, Alianza País ha votado en contra en ambas votaciones, pero el Frente Amplio, que integra el bloque Juan Pablo Duarte junto al derechista Dominicanos por el Cambio (DxC), se abstuvo en la primera discusión y se ausentó en la segunda. 

La incorporación de la legalización de la discriminación en el proyecto de Código Penal motivó protestas por parte de la comunidad LGBTQ frente al Congreso y llamados a boicotear el turismo en RD, con la etiqueta #DontComeToDR.

La aprobación apresurada, bajo presión de la Iglesia Católica, del Código Penal, que ahora pasa al plenario del Senado, no solo ha generado numerosos problemas de técnica legal, redacciones incoherentes, contradicciones con el código procesal penal y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Al carácter antidemocrático y violatorio de los derechos humanos de la prohibición absoluta del aborto se suma la legalización de la discriminación por razones raciales, de orientación sexual, de género, y otras, si se alegan razones religiosas o institucionales. Pero esto no es todo. Además se crea una jurisdicción penal militar para procesar a militares que cometan delitos, salvo algunas excepciones, un retroceso impresionante que nos retrotrae a los tiempos del balaguerismo y el trujillismo. Se elimina la responsabilidad penal de los partidos políticos, para impedir que como organizaciones sean procesadas si incurren en delitos como el lavado de dinero del narcotráfico y la corrupción.

Estos elementos demuestran cuáles son los sectores antidemocráticos aliados al gobierno que impulsan este proyecto legal reaccionario: la Iglesia Católica, con la que sigue en pie el Concortado trujillista, los partidos corruptos de la derecha y los militares.

Estos son los aspectos más peligrosos que se conocen de un texto que se ha discutido de manera atropellada, a espaldas de la sociedad. Estas dos semanas son decisivas para derrotar el Código Penal de Abinader. Salgamos a las calles. Fortalezcamos la campaña por un boicot turístico que golpee al gobierno y a los capitalistas donde les duele, en el bolsillo.

Apoyamos la convocatoria de plantones frente al Congreso Nacional martes 3 y jueves 5 de agosto a las 10am.

¡El Código no va! ¡No a la discriminación! ¡Aborto legal ya! ¡Abajo el Concordato! ¡A las calles!