Juicios por corrupción: Solo el pueblo derrotará a la impunidad

Fiodor Morán

La detención de diez ex funcionarios del PLD la madrugada del 29 de noviembre, por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), como parte de la “Operación Antipulpo”, fue recibida con alegría por gran parte de la población, como cabría esperar. Los hermanos del ex presidente Danilo Medina, Alexis y Magalys Medina, encabezaron la lista de detenidos. Alexis, un capitalista con negocios fraudulentos con el Estado, Magalys la ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (FONPER). También fueron detenidos el ex presidente del FONPER, Fernando Rosa; Francisco Pagán, ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE); Freddy Hidalgo, ministro de Salud Pública del primer gobierno de Danilo, quien hizo compras por 200 millones de pesos a Alexis Medina. Rafael Germosén, Contralor General entre 2012 y 2016. Julián Suriel Suazo y José Dolores Santana, señalados como testaferros de Alexis Medina, y Domingo Santiago, completaron la lista de detenidos.

Dada la larga tradición de impunidad para los capitalistas y corruptos en este país, es comprensible que las detenciones generaran expectativas. En los últimos años, los reclamos contra la impunidad han sido un elemento importante en las movilizaciones populares, tanto en las protestas contra el intento de fraude en febrero de este año en torno a la Plaza de la Bandera, como en años anteriores cuando surgió la Marcha Verde ante las revelaciones de los ejecutivos de Odebrecht sobre sus operaciones en nuestro país. En cierta medida estos antecedentes han posibilitado que hoy se esté enjuiciando a algunos corruptos. Sin embargo, no podemos confiar en lo más mínimo en el gobierno ni en la supuesta independencia del Ministerio Público y el aparato judicial.

Alexis Medina es acusado de encabezar una trama para realizar ventas sin licitación al Estado por un monto de alrededor de cinco mil millones de pesos. Su hermana Magalys le hizo varias compras. Los testaferros de Alexis recibieron contratos de compras también. Aquiles Cristopher Sánchez fiscalizaba las obras. El hermano del ex presidente financió las campañas de Danilo y Gonzalo en 2016 y 2020. Sammy Sosa y su hermano también se asociaron con Alexis Medina para vender cemento asfáltico al gobierno. A comienzos de diciembre fueron dictadas medidas de coerción de tres meses de prisión preventiva a Alexis Medina, Fernando Rosa, Francisco Pagán, Aquiles Christopher, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana y Wacal Méndez Pineda, el tesorero de Alexis Medina. Contra Magalys, Rafael Germosén y Freddy Hidalgo, se dictó detención domiciliaria.

En las audiencias televisadas han salido a relucir algunos de los métodos empleados por los corruptos del PLD. Se ha señalado que Aquiles Cristopher Sánchez, quien aprobaba pagos a Alexis Medina por entregar equipos para remodelar hospitales, licitaciones fantasma, maniobras para retener pagos a empresas pequeñas y luego reasignar las obras a empresas allegadas. Julián Esteban Suriel, con un sueldo de 15 mil pesos en 2015, terminó millonario haciendo negocios con la policía. Al ser detenido tenía armas de guerra en su residencia. Domingo Santiago tomaba préstamos y los pagaba Alexis Medina, a quien le cedió un apartamento. Alega que se enriqueció reciclando.

Tratando de cubrir sus huellas, Alexis Medina cerró sus empresas luego de la derrota del PLD este año. Toda la podredumbre que ha salido a relucir en estas audiencias públicas es verdaderamente impresionante. Pero la trama de los hermanos de Danilo Medina no es el único nodo de corrupción bajo investigación. El 17 de noviembre se presentaron acusaciones a seis involucrados en el caso de los sobornos de Odebrecht, luego de tres años de abierto el caso. Se ha hecho público que como parte de este esquema de corrupción en la adjudicación de obras, Angel Rondón recibió más de mil millones de pesos y dos millones de dólares; Víctor Díaz Rúa recibió más de 400 millones de pesos; Conrado Pittaluga manejó más de 100 millones de pesos, un millón de dólares y 50 mil euros; Juan Roberto Rodríguez, a cargo del INAPA durante el gobierno de Hipólito Mejía, habría recibido sobornos para adjudicar el acueducto de la línea noroeste; Tommy Galán, ex senador y ex diputado, es acusado por lavar dinero entre 2004 y 2016. Andrés Bautista, ex presidente del Senado, hizo depósitos por más de 1,800 millones de pesos desde 2002. Rondón alega que recibió el dinero por servicios de subcontratista, lobista y suplidor de equipos y denuncia que al ex gerente de Odebrecht, Marcos Vasconcelos, lo sacaron del país para que no hablara en los juicios y que ya había delatado a 28 funcionarios dominicanos pero ninguno está en el expediente.

Otras personas señaladas en relación con estas tramas de corrupción han sido Yokasta Guzmán, por compras ilegales desde el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), y Víctor Librán Báez, ex cónsul en Cuba y accionista de empresas de Alexis Medina. Temístocles Montás fue interrogado por el archivo de expedientes por parte del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Amilanado por los golpes sufridos por el danilismo, se suicidó César Prieto, del comité central del PLD y cercano al ex presidente. Otra hermana del ex presidente, Lucía Medina, también es señalada por haber recibido 78 millones de pesos del FONPER para una fundación de mujeres.

También la prensa ha reseñado que se está investigando una trama corrupta en las empresas estatales de la electricidad. Luis Ernesto de León, esposo de Magaly Medina, fue administrador de EDEESTE durante dos gobiernos de Danilo. Durante esos años, había siete empresas que participaban en todas las licitaciones. Maxy y Alexander Montilla, cuñados de Danilo tenían otras seis empresas. Otra cuñada estaba en la CDEEE, una sobrina en Hacienda, una hermana en Banreservas. Un nepotismo descarado. Los contratos cuestionados ascienden a 13,500 millones de pesos entre 2012 y 2020, en ventas de equipos eléctricos. Se denuncia que algunos equipos se declaraban como chatarra, se vendían a Maxy Montilla y luego eran comprados de nuevo por el Estado.

¿Habrá justicia?

Desde que Abinader ganó las elecciones, hemos venido advirtiendo que su intención es dejar en la impunidad la corrupción del PLD y del gobierno de Hipólito Mejía, quien gobernó como dirigente del PRD y luego fue reciclado por el PRM. Esta sigue siendo la intención del gobierno. Por eso se dejó correr el tiempo suficiente para que Danilo Medina y Margarita Cedeño asumieran cargos en el Parlamento Centroamericano y de esa manera estuvieran blindados por la inmunidad parlamentaria. Eso no es todo. En la audiencia del 8 de diciembre, el juez José Alejandro Vargas habló de las supuestas buenas intenciones y la honestidad de Danilo Medina, recriminándole a Alexis haber traicionado la confianza de su hermano. Algo verdaderamente escandaloso que nos recuerda el carácter de las cortes burguesas y que la única garantía de justicia está en la movilización autónoma del pueblo.

Para no alimentar falsas ilusiones, es importante refrescar la memoria. La Procuradora Adjunta, Yeni Berenice, fue la responsable de haber archivado en 2013 la causa contra Leonel Fernández por haber aprovechado su posición como jefe de Estado para cometer actos de corrupción y lavado de dinero a través de su Fundación Global. Precisamente el gobierno avanza en sus pactos con el leonelismo en la conformación de la Junta Central Electoral y la maniobra de reconocer a la Fuerza del Pueblo como segunda mayoría del Senado para integrar el Consejo Nacional de la Magistratura. Otro indicio de que no está previsto ir a fondo contra la impunidad son los reconocimientos a Hipólito Mejía, cuyo gobierno fue notoriamente corrupto.

Para entender la decisión de permitir algunos juicios por corrupción, limitados al sector danilista y protegiendo al propio jefe de ese sector, Danilo Medina, debemos tomar en cuenta la situación de debilidad del gobierno que, pese a no tener todavía una significativa resistencia en términos de protestas sociales, se ve acorralado por una serie de fracasos.

La crisis económica y social se profundiza cada mes que pasa. Aumenta el costo de la canasta básica por la caída de la producción de alimentos. Crece el endeudamiento externo, que ya roza los 30 mil millones de dólares, a los que hay que sumar 22 mil millones de dólares de deuda interna. El intento fallido de imponer impuestos a los salarios y a consumos con tarjetas de crédito solo ha significado posponer para el próximo año un ajuste que ya el ministro Paliza está anunciando. Se prevé eliminar las ayudas sociales, incluso sin que se haya superado la crisis y las restricciones de la pandemia. El espectáculo bochornoso de la Marca País, si bien se trató de un contrato del pasado gobierno, dejó mal parado a Abinader, que intentó presentar con bombos y platillos un logo plagiado, en vez de denunciar el sobreprecio del contrato.

Fracasó el inicio del año escolar, luego de la inversión de más de 15 mil millones de pesos en equipos electrónicos que supuestamente llegarán el próximo año. El gobierno, como parte de su clientelismo y su vocación ajustadora, viene realizando miles de despidos en el Estado, para otorgar cargos a los militantes del PRM y para reducir gastos. Se habría despedido al menos veinte mil trabajadores del sector educativo y una cifra similar en el resto del Estado. En medio de la crisis sanitaria, el gobierno ha despedido a numerosos trabajadores del sector de la salud. El gobierno ni siquiera paga las prestaciones a los trabajadores cancelados. Prometió 1610 pensiones a los cañeros y solo tramitó el pago de 295, al parecer por motivaciones racistas excluyó a los cañeros haitianos. Tampoco el gobierno ha pagado los bonos adeudados a los ex trabajadores de Punta Catalina. Se va desenmascarando como un gobierno totalmente antiobrero.

Incluso en el tema de la corrupción va quedando muy mal parado, como se demostró con el caso de la ministra de la juventud Kinsberly Taveras, que tuvo que renunciar el 7 de diciembre luego de dos meses de licencia con el ministerio paralizado porque no pudo justificar los bienes de su declaración jurada. O el escándalo de Moreno Arias, senador del PRM por Montecristi, presionando para sacar a un amigo delincuente de la cárcel. O el caso de Peña Guaba utilizando el Gabinete de Política Social de la Presidencia para contratar conciertos por 103 millones de pesos con empresarios del espectáculo, entre ellos el senador Héctor Acosta y Bonny Cepeda, también funcionario del gobierno. Cuando los contratos fueron cuestionados por su ilegalidad, la solución del gobierno fue regalar el dinero.

El gobierno, aunque finalmente cedió a la presión popular e incorporó la prohibición del matrimonio infantil a su proyecto de código penal, en cambio excluyó la despenalización del aborto en tres causales, manteniendo a República Dominicana entre los más atrasados del mundo en la materia. En cuanto al manejo de la crisis sanitaria, el gobierno ha hecho anuncios engañosos de que la crisis está controlada pero luego ha tenido que admitir que siguen en aumento acelerado los contagios de covid19. Ha continuado la política represiva del PLD, y ya se acumulan más de 215 mil detenciones en el marco del toque de queda, una cifra verdaderamente aberrante que demuestra que al gobierno no le interesa minimizar los contagios, sino mantener el control social.

Este contexto en el que el gobierno no hace ninguna concesión económica o democrática significativa al pueblo dominicano, sino por el contrario aplica medidas de ajuste y da continuidad a las políticas reaccionarias del PLD, y los repetidos fracasos y escándalos, han dejado al gobierno con poco margen de maniobra y teniendo que recurrir a algunos vistosos juicios por corrupción, para tratar de lavar su imagen.

Debemos movilizarnos para exigir llevar al banquillo de los acusados a Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. No podemos olvidar en la gestión de Mejía la venta irregular de terrenos a precios simbólicos en la avenida Charles De Gaulle, el robo de más de 200 millones del subsidio al gas licuado de petróleo por funcionarios de la entonces Secretaria de Industria y Comercio encabezados por el balaguerista Ángel Lockward, los caso de nepotismo en la OMSA, donde Diógenes Castillo nombró a una gran cantidad de familiares y allegados, contratando servicios con empresas de su propiedad; el subsidio de casi dos mil millones de fondos públicos en el Plan RENOVE para beneficiar a los empresarios del transporte que habían apoyado en campaña a Hipólito Mejía. En Autoridad Portuaria Aníbal García Duvergé empleó a unos 31 familiares cercanos y en poco más de un año triplicó el personal de la institución y tenía nueve nóminas; Silvio Carrasco, Director del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (HINDRI), realizaba toda clase de gastos injustificables, incluyendo la compra de vehículos de lujo. Al mismo Hipólito Mejía se le atribuyó la construcción de dos grandes villas utilizando recursos y personal pagado por el Estado en sus propiedades, y ante las denuncias mandó a detener arbitrariamente al periodista Marino Zapete.

Como parte de su agresiva política de privatizaciones, Leonel Fernández prácticamente regaló tierras del Consejo Estatal del Azúcar, hoteles estatales, se regalaron los terrenos de Sans Soucí, que pertenecían a la Marina de Guerra, a la poderosa familia Vicini bajo la ley de incentivo turístico. Un saqueo criminal por el cual tendría que haber numerosos funcionarios presos y la confiscación de los bienes que fueron regalados a la burguesía en perjuicio del interés público.
La construcción del Metro de Santo Domingo fue otro mega desfalco, hubo irregularidades en el proceso de licitación que favoreció a Diandino Peña, quien también guardó prisión en el gobierno de Hipólito Mejía. En la compra de los ocho aviones Super Tucano a la compañía brasileña Embraer, a un costo de 93 millones 697 mil dólares, se pagaron tres millones y medio de dólares en sobornos. El caso Sund Land enloda a Félix Bautista, un personaje cercano a Leonel Fernández, por la contratación irregular para la construcción de obras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El caso fue a la justicia y Félix Bautista salió impune. Jorge Subero Isa, al ser removido de la Suprema Corte de Justicia declaró a la prensa que se había efectuado una sentencia política, acatando líneas del gobierno. Félix Bautista creó una compañía constructora con tentáculos internacionales, financiando incluso campañas políticas. Se ha reseñado en los medios que el ex presidente de Haití, Michel Martelly, recibió dos millones y medio de dólares para favorecer a Bautista en la asignación de obras de construcción, aprovechando los esquemas de corrupción de Petrocaribe generados con el financiamiento del gobierno venezolano.

Víctor Díaz Rúa, quien ocupó la Dirección del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados y el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones y era Secretario de Finanzas del PLD en el gobierno de Leonel Fernández, fue investigado por corrupción y lavado de activos, pero la Jueza Margarita Cristo Cristo archivó el caso. Otro hecho bochornoso fue el de las Aduanas de Santiago, donde se produjo un desfalco de más de 100 millones de pesos. Entre los apresados estaban Adalberto Rosa Rosario, sobrino de Fernando Rosa y Miguel Ángel Lazala, hijo de la dirigente Petra Cabrera. Aduanas no presentó querella y el desfalco quedó impune.

Odebrecht, para obtener la concesión en el proceso de licitación de la planta de Punta Catalina, repartió 92 millones de dólares. Quedó de lado a la compañía china Hezouba, que entregaba la obra terminada a un costo de 900 millones de dólares, mientras con la compañía brasileña el costo fue cuatro veces superior.

Estos son apenas algunos de los numerosísimos casos de corrupción que no están siendo llevados a juicio. Hacerlo desbarataría las alianzas del PRM a lo interno y hacia afuera con sectores como la Fuerza del Pueblo. Ya tenemos mucha experiencia con juicios que comienzan con escandalosas revelaciones y acusaciones y terminan con sentencias absolutorias o con sentencias ridículas. Por otra parte, no es del todo descartable que ante la presión de los juicios los corruptos empiecen a delatarse unos a otros en un efecto dominó parecido al del proceso de Lava Jato en Brasil, que fue el que posibilitó que se descubrieran los manejos corruptos de Odebrecht en nuestro país. Pero el propio caso de Lava Jato, manipulado por jueces y fiscales que luego terminaron integrando el gobierno ultra reaccionario y corrupto de Bolsonaro, como en el caso del juez Sergio Moro, nos debe servir como advertencia de que no podemos confiar en la justicia burguesa. También nos recuerda que la corrupción es parte del funcionamiento del capitalismo. Debemos reorganizar la lucha contra la impunidad, luego de que la Marcha Verde fue cooptada y liquidada. Solo manteniendo la presión popular mediante la organización y la protesta, retomando las calles, podremos imponer las anheladas sentencias de cárcel para los corruptos y que el Estado confisque las cuentas y propiedades de los ladrones para recuperar al menos una parte de lo robado, como parte de la lucha contra este sistema capitalista de robo y explotación.

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