Es necesaria una tercera fase del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros

Comunidad de Haitianos-as Organizados-as en República Dominicana #HaitianosRD

Este 18 de diciembre de 2020 se conmemora a nivel mundial el Día Internacional del Migrante para resaltar los valores de la migración y promover el respeto de los derechos humanos y las libertades de las personas migrantes.

En ocasión de ese importante día, el Colectivo #HaitianosRD hace un balance de la situación de la población inmigrante haitiana en República Dominicana. Este año ha sido marcado por la pandemia de COVID-19, que ha afectado considerablemente a toda la población y de manera particular a la comunidad inmigrante, desprovista de asistencia social.

Ante las políticas discriminatorias y excluyentes habituales del Estado, nuestro colectivo envió el 5 de abril una “Carta Pública por una política pública inclusiva para todos/as ante la crisis del coronavirus” a la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus, organismo establecido por el pasado gobierno. En dicha declaración, alertábamos que las medidas orientadas a mitigar los efectos sociales y económicos negativos asociados a la pandemia debían ser aplicados de igual manera a la población de inmigrantes sin importar su estatus migratorio. Esto siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales que orientaban que las políticas públicas para contener la propagación de la enfermedad de manera exitosa deben seguir criterios de salud pública, sin discriminaciones.

Hasta la fecha de hoy, no tenemos evidencias de que se haya tomado alguna medida de asistencia para el aproximadamente 5.6% de la población que constituye el sector inmigrante en el país.
El pasado 5 de noviembre, junto con la Fundación Friedrich Ebert, se presentó un documento de balances y perspectivas del colectivo #HaitianosRD sobre el Plan Nacional de Regularizacion de Extranjeros (PNRE), en el cual se evidenció la necesidad de implementar una tercera fase del PNRE, para dar respuestas a los casos de más de 200 mil personas a las cuales se les otorgó la categoría de “No Residente” y con documentos que vencieron o están por vencer, a las más de 28 mil personas, todas de nacionalidad haitiana, cuyas solicitudes no fueron aprobadas en el PNRE. Otras voces, como la del destacado periodista Juan Bolívar Díaz, así como de defensores de derechos humanos, se han manifestado en el mismo sentido. Llamamos a que las organizaciones y colectivos de inmigrantes y de defensa de derechos humanos nos unamos para demandar que en el año 2021 sea realidad dicha tercera fase del PNRE, y que podamos confirmar que “la tercera es la vencida”. En otras palabras, que se aplique un verdadero plan de regularización, que supere las limitaciones y fracasos de los dos anteriores.

Representa un grave déficit democrático la violación de los derechos laborales y la marginación y vulnerabilidad asociadas a los obstáculos oficiales a la regularización migratoria. Las personas inmigrantes son permanentemente víctimas de superexplotación laboral, extorsión policial, detenciones arbitrarias, robos, amenazas y ataques físicos por parte de empresarios, funcionarios militares y policiales e incluso ataques de turbas xenófobas que recurren a linchamientos para expulsar a personas inmigrantes de sus hogares y apoderarse de sus bienes. Todo ello en un marco de impunidad. Un paso en la dirección correcta sería la tercera fase del PNRE y la apertura de investigaciones sobre los linchamientos y violaciones de DDHH de las personas inmigrantes.

La población inmigrante haitiana en República Dominicana, según estudios complementarios a la Encuesta Nacional de Inmigrantes del 2017 de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), aporta entre 7 y 9% del PIB nacional, lo que supera el gasto total combinado en Salud y Educación (1.8 y 4% del PIB respectivamente para el año fiscal 2019-2020).

En el marco de la pandemia, la producción agropecuaria y otros servicios no fueron tan afectados gracias al trabajo inmigrante que fue fundamental para asegurar la provisión de productos esenciales. Ello evidencia de forma contundente que la comunidad inmigrante aporta a la sociedad dominicana y no debe ser estigmatizada como “una carga” para el Estado.

En vez de continuar alimentando el odio racista y xenófobo, las autoridades del Estado deben mantener un discurso respetuoso y veraz, que reconozca el aporte de la población inmigrante en el país.
Finalmente, seguimos pidiendo justicia por Jean Claude Harry “Tulile”, el joven haitiano ahorcado en Santiago en el año 2015. Aún aguardamos por una respuesta de la Procuraduría General de la República a la carta que entregamos públicamente a esa institución estatal el 16 de septiembre de 2019, exigiendo justicia por los linchamientos de inmigrantes haitianos. Este año entregamos una nueva comunicación el 28 de septiembre, pero no hemos obtenido respuesta alguna.

Las personas inmigrantes tenemos derechos humanos que deben ser respetados, promovidos y garantizados por el Estado dominicano.

Santo Domingo, República Dominicana
18 de diciembre de 2020

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